No se investiga la desaparición de Carlos Surraco

Los militares lo secuestraron de un taller en Jacobacci. Hay tres juzgados que se disputan la competencia.

José Mellado

CIPOLLETTI (AC).- Tres juzgados federales de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires rechazaron la competencia para investigar la forzada desaparición de Carlos Surraco, el único hombre que fue captado por los militares en Jacobacci durante la última dictadura. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Roca remitió las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, aunque sugirió que el organismo competente para definir el asunto debía ser la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa está caratulada como “NN sobre privación ilegal de la libertad personal” y el 29 de diciembre de 2015 los camaristas de Roca Mariano Lozano y Richar Gallego analizaron el conflicto de competencia para investigar la desaparición de Carlos Surraco, que ocurrió el 4 de abril de 1978 en un taller mecánico de la localidad de Ingeniero Jacobacci.

La denuncia fue radicada por Pablo Barruto en su calidad de coordinador del área jurídica nacional de la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quién además solicitó ser querellante.

En el relato de los hechos denunció la desaparición de varios estudiantes de la Universidad del Salvador. Durante la primera parte de la instrucción estuvieron imputados Carlos Bernadou y Juan Bernasconi, ambos con participación como personal civil de inteligencia del Batallón 601 de Buenos Aires por “la desaparición de egresados, estudiantes y docentes de la citada Universidad, concretamente de Basilio Pablo Surraco, su hermano Carlos Surraco, Ricardo Riobó, Beatriz Perosio y Adolfo Fontanella”.

En un primer momento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 se declaró incompetente en orden al territorio para investigar la desaparición de Carlos Surraco y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal con jurisdicción en Jacobacci.

Entonces la causa fue enviada al Juzgado Federal de Bariloche pero el magistrado a cargo consideró que debía girarse el legajo al Juzgado Federal 2 de Neuquén. Sostuvo que por la estructura orgánica que se conformó durante la última dictadura a partir de la orden del Ejército Argentino “la dirección de las operaciones de privación ilegal de personas en territorio rionegrino se efectivizó por orden de los mandos militares con asiento en Neuquén”.

En el Juzgado Federal de Neuquén se certificó mediante comunicación con el Juzgado Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el 8 de mayo de 2014 se había dispuesto el procesamiento de Gerardo Arráez, un ex inspector de la Policía Federal que incluso estuvo prófugo.

Tiempo después, en el Juzgado Federal 3 de Buenos Aires consideraron que se debía respetar la competencia territorial porque Surraco había desaparecido en Río Negro. En ese contexto la causa llegó nuevamente al Juzgado Federal de Neuquén y, ante la negativa, intervino la Cámara de Apelaciones de Roca.

Los camaristas rionegrinos consideraron que debía entender en el conflicto de competencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo enviaron las actuaciones al Juzgado Federal 11.

La mina Ángela funcionó en el departamento de Gastre, Chubut, muy cerca de Jacobacci

CIPOLLETTI


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