Ordenan el aislamiento de residuos y el cierre del basural de San Martín
Fue por medio de una medida cautelar solicitada por la fiscalía de Delitos Ambientales. El municipio deberá presentar informes periódicos sobre los avances durante seis meses.
Basural de San Martín de los Andes. (Archivo)
Por pedido del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, se hizo lugar a una medida cautelar para que personal de la municipalidad de San Martín de los Andes pueda ingresar al predio donde funcionaba el basural de la ciudad para realizar las tareas aislación de los residuos allí depositados y de cierre.
La solicitud de la medida cautelar se hizo en el contexto de una investigación iniciada por la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, por el posible delito de contra la salud pública y el ambiente y otros delitos conexos. Estos se habrían cometido mediante el uso del basural que funcionaba en la chacra 32 y la disposición en el predio de barros o lodos cloacales provenientes de las plantas de tratamiento de estos desechos. La denuncia fue interpuesta por vecinos de los barrios “Cordones del Chapelco”, ubicado en las inmediaciones de dicho basural.
En este sentido, explicaron que con el desarrollo urbano de San Martín de los Andes, la zona del basural comenzó a poblarse y en la actualidad alrededor de 6.500 vecinos y vecinas habitan la zona de “Cordones de Chapelco”, próxima al basural. A escasos metros funciona una escuela primaria, un centro comunitario, un centro de salud y una delegación municipal. Y existe un informe médico que sostiene que el basural representa “una situación de riesgo y de daño actual a la población de la localidad”.
Sobre este escenario, en julio pasado, se habilitó un nuevo basural en Alicurá, al cual el municipio comenzó a enviar los residuos. Y desde la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales se intimó a la municipalidad de San Martín de los Andes a presentar un plan de cierre, clausura y postclausura del basural, así como al cese de vertidos de barros cloacales.
Este plan iba a comenzar a ejecutarse cuando surgieron diferencias entre la empresa Hormigomax S. A y el municipio de la ciudad.
El municipio deberá informar avances
El planteo lo hizo el viernes pasado durante una audiencia en la Ciudad Judicial, acompañado por la asistente letrada Julieta González. Hoy por la mañana, el juez de garantías Juan pablo Balderrama hizo lugar al pedido. El plazo de la medida es por seis meses y en forma mensual la municipalidad deberá presentar un informe de avance de los trabajos.
Breide Obeid y González habían solicitado como medida cautelar que “se permita el acceso del municipio al predio de propiedad de la empresa Hormigomax S. A, a fin de que proceda a realizar por sí o por intermedio de las personas que se designen especialmente al efecto, las tareas necesarias para el aislamiento total de la basura del ambiente, a efectos de que cese el riesgo ambiental y a la salud que la continuidad de la situación actual significan”.
Puntualizaron que “la realización de las tareas de cierre no admite dilación o demora por encontrarse en juego la salud humana y la conservación y no agravamiento del medioambiente”.
En la audiencia el fiscal jefe y la asistente letrada indicaron que más allá de la investigación en marcha, el Ministerio Público Fiscal puede adoptar “todas las medidas conducentes para proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos del presunto delito investigado; y en cumplimiento de los principios preventivos y precautorios establecidos en la normativa ambiental, se adopten todas las medidas conducentes a fin de garantizar el derecho fundamental al ambiente sano y a la salud”.
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