Pagarán para reactivar obras del acueducto ganadero

VIEDMA (AV).- El Estado provincial se propuso el objetivo de que de una vez por todas pueda utilizarse oficialmente el acueducto ganadero tendido sobre el departamento Adolfo Alsina.

Se trata de un emprendimiento productivo que se está construyendo desde principios del 2000, con un costo de casi 24 millones de pesos, y del que sólo reciben agua con fines de nutrición animal, informalmente un puñado de hacendados (ver aparte).

Se estima que está preparado para distribuir 50 litros por segundo a unas 200 conexiones potenciales, alimentando con agua de mejor calidad que la actual salobre de perforaciones, a unos 34.000 vacunos y 190.000 ovejas.

Este intento para continuar con pequeños trabajos inconclusos y orientados a superar la etapa de prueba están a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Según el superintendente del DPA, Juan Gardes, el nuevo proyecto ejecutivo destinado a resolver los problemas implica alcanzar un acuerdo con la contratista Ramasco-Hidroconst de Córdoba, y la participación de la cartera productiva y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefe), que gestionó para encarar el entubamiento un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre 2011 y la actualidad, esta Unión Transitoria de Empresas (UTE) había abandonado los últimos trabajos de emplazamiento de ramales por campos de secano, reclamando una deuda de 4 millones de pesos más IVA.

El funcionario provincial reveló a “Río Negro” que por determinación del ministro Alfredo Palmieri se tomó contacto con la UTE, elaborándose una propuesta de abonar obligaciones por 1,2 millones de pesos.

Anunció que habrá un acuerdo global en forma inminente, y pasados 30 días de firmada un acta, deberá entregarse el complejo con las reparaciones en caños tapados o válvulas que se traban. Agregó que de esa manera “se dará un cierre al capítulo del tema contractual con la empresa” y “hacer más prolijo” el proceso para que comience a funcionar.

A partir de entonces el DPA, como autoridad competente en la administración de los recursos hídricos, “podrá tomar injerencia y formalizar la administración, porque el consorcio de productores está instituido, es decir se trata de una asociación en marcha pero que nunca fue constituido, y para lo cual estamos en contacto con sus representantes”.