Patricio Giusto: “Los factores que alientan la conflictividad seguirán”

Según la consultora Diagnóstico Político, la conflictividad social en la Argentina aumentó en los últimos meses y las perspectiva son de que aumentará, de la mano de paritarias inconclusas y algunos efectos negativos del ajuste económico del actual gobierno.

Su director, Patricio Giusto, dialogó con “Debates” sobre esta situación, en el marco del debate sobre el nuevo protocolo de acción de las fuerzas de seguridad. Giusto señaló que en problema de fondo sigue siendo el mal funcionamiento del Estado en sus prestaciones esenciales y , mientras se mejora esto, “cómo gestionar el conflicto”

–En marzo lanzaron un informe en el que sostienen que la conflictividad social está en aumento, ¿esta perspectiva sigue? ¿Seguimos frente a un aumento de la conflictividad?

–Yo creo que sí porque los factores que están haciendo que esta conflictividad sea alta, todo indica que van a seguir presentes en los próximos meses. En lo que respecta a marzo, hay un salto de conflictividad. De enero a marzo ha ido en aumento, ese es el primer dato. Los factores que provocan esto son: despidos en el sector público y reclamos salariales. Algunos gremios cerraron paritarias y quedaron conformes pero hay muchos que no y no solo piden aumento sino que algunos ya piden abrir paritarias en junio. Esto significa que de acá a junio esa discusión salarial va a seguir presente.

–¿También en la Patagonia?

–Existe una parte importante en la economía, en sectores como el petrolero y construcción que tienen problemas. En Neuquén y Río Negro esto se sienten muy fuerte, y de hecho ha generado conflictos. El metalúrgico también, esto impactado además por la crisis de Brasil. En fin, todo parece indicar que estos factores se van a mantener y el gobierno está haciendo lo que puede en ese sentido y para colmo dando algunas malas noticias como el aumento de tarifas, que contribuye a recalentar el clima social. No veo que en el corto plazo las variables mejoren y veo que van a seguir en aumento. El intento del gobierno de implementar un protocolo que regule la protesta social no ha tenido éxito, solo en la capital federal se han impedido algunos bloqueos totales, pero en el resto del país estamos en la misma situación que antes del protocolo.

–¿Por qué existe esa dificultad para aplicar el protocolo?

–En su momento, yo publiqué un artículo hablando de las dificultades prácticas del protocolo. En primer lugar está la cuestión de la decisión política. El protocolo no resuelve el problema central, que es que los gobiernos de turno decidan intervenir en el conflicto. Podemos tener el mejor procedimiento posible, pero si sigue sin estar la decisión política de los gobernadores sobre todo, esto no puede ser efectivo. Después tenemos el problema de la intervención de la Justicia, que este protocolo lo que hace es relegarla, porque establece que el jefe del operativo puede intervenir sin necesidad de que un juez lo avale. Pero justamente, lo que necesita alguien para tomar una decisión tan drástica es el aval de un juez. Entonces esto provoca que los gobernadores queden más solos todavía para tomar estas decisiones de disuadir las protestas.

–Entonces es un tema de decisión política más que el contenido específico del protocolo.

–Absolutamente. Igual me parece algo sumamente positivo esto de institucionalizar una instancia de negociación. Se fomenta que se arme una especie de negociación antes, aunque eso ya existía antes, el tema es cuáles son las consecuencias de esa negociación. En ese sentido seguimos sin establecer cuál es la consecuencia, es decir, qué es lo que le va a pasar a la persona que sigue infringiendo las normas. De hecho en el código penal ya está escrito esto. Repito, lo que falta es la decisión política.

–¿Y cómo se resuelve este problema?

–A corto plazo no se va a resolver. Es positivo que se haya asumido el problema. Pero hasta que no se rehabiliten las funciones esenciales del Estado, que el Estado hoy no está prestando, esto no se va a solucionar. Una de esas funciones es negociar cuando entre dos sectores hay conflicto. Antes no se negociaba, se dejaba que la gente haga lo que quiera en la calle. Ahora pareciera con esto que hay una especie de cambio de perspectiva favorable. Pero fijate que si vas a las causas de los piquetes, más o menos el 80% tienen que ver con dos o tres cuestiones: en primer lugar alta inflación, lo que genera un montón de cuestiones de ajustes salariales, problemas sindicales, etc. Después están los grupos de vecinos, que son el segundo grupo que hace piquetes. Los problemas son básicamente inseguridad y servicios públicos. Si se resuelve la inflación, la seguridad y se mejora la prestación de los servicios públicos bajás el 70% de los piquetes. ¿Qué es lo que va a quedar? Las internas sindicales y los grupos de izquierda, es decir, los sectores que siempre se van a manifestar por razones políticas. En definitiva, el tema es que el Estado empiece a funcionar mejor. En el ínterin hay que gestionar el conflicto, por eso es positivo el hecho de que el gobierno decida hacer un protocolo y abordar el problema.

–¿El protagonismo del “vecino” en el piquete hace que sea más compleja la implementación el protocolo?

–Totalmente. Los grupos de vecinos autoconvocados se diferencian de cualquier otro, porque el resto de los grupos están organizados, tienen líderes, están organizados, uno sabe con quién tiene que hablar. En los conflictos vecinales cada uno se representa a sí mismo, se manifiestan de manera espontánea en la calle, lo que provoca que difícilmente pueda prever a dónde va haber un piquete vecinal, y a la hora de negociar es muy difícil establecer una canal de diálogo. El vecino hasta que no le vuelve la luz no se va. No hay nada que negociar, es más difícil que con un sindicato. Lo peor de la cultura del piquete es el acostumbramiento del ciudadano común a usar el piquete. Eso es lo más nocivo de lo que yo llamo la “cultura del piquete”.

–¿Cómo se generó esta cultura?

–Son varias causas. Por un lado un Estado que funciona mal, que es cada vez más grande pero cada vez más ineficiente. La gente ya sabe que si llama a un teléfono del Estado no lo va a atender nadie, no le van a resolver el problema y por eso sale a la calle. Todos estos actores también se acostumbraron porque hubo un estado que los dejó hacer. Esto es una nota distintiva del último gobierno kirchnerista. Antes no pasaba eso. El kirchnerismo decidió no intervenir más en el espacio público, excepto con grupos que era especialmente hostiles para el gobierno.

Hay un Estado que no funciona. La gente ya sabe que si llama a un teléfono del Estado no lo va a atender nadie, no le van a resolver el problema y por eso sale a la calle