Piden el desafuero de Jorge Sapag por el «caso Punte»

NEUQUEN (AN) – El juez federal Jorge Ballesteros resolvió pedir a la Legislatura neuquina el desafuero del vicegobernador Jorge Sapag para poder indagarlo en una causa penal que inició el abogado Roberto Punte contra los funcionarios que, en 1992, firmaron un acuerdo de compensación de deudas entre la provincia y la Nación. Los acusa de haber montado una maniobra para impedirle cobrar más de 61 millones de pesos de honorarios.

La decisión del juez Ballesteros está tomada y figura en la causa, pero la notificación todavía no llegó a la Cámara de Diputados de la provincia. El pedido de desafuero abrirá un frente de debate en la Legislatura que se sumará al preponderante por estos días: el de la emergencia económica.

El vicegobernador le anticipó a «Río Negro» que se presentará espontáneamente ante el juez Ballesteros para declarar sin perder las inmunidades de su cargo.

En la misma causa, está acusado el gobernador Jorge Sobisch y el diputado nacional Domingo Cavallo -que en aquel entonces era ministro de Economía de la Nación-, pero no será necesario que declaren en esta instancia porque ya lo hicieron con anterioridad.

Punte inició una causa penal contra Sobisch, Jorge Sapag, Cavallo, el senador Felipe «Pipe» Sapag, el ministro de Hacienda neuquino Alfredo Pujante, el ex fiscal de Estado Horacio Angiorama, el ex funcionario del ministerio del Interior Juan Carlos Pessoa y el actual presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez. Todos ellos participaron de las negociaciones que terminaron con el reconocimiento de una deuda a favor de Neuquén de 614 millones de pesos.

La historia del «caso Punte» tiene ocho años, pero sus antecedentes se remontan a 1987. Ese año, el abogado fue contratado por el gobierno de Felipe Sapag para representar al Estado neuquino en un reclamo por la incorrecta liquidación de las regalías de petróleo y gas.

Punte y el fiscal de Estado de aquel entonces, Federico Rúa, acordaron que si la provincia lograba cobrar su deuda en dinero, el abogado contratado se llevaría el 10 por ciento de ese monto. En cambio, si la provincia recibía «bienes no dinerarios», el trabajo sería retribuido con el 2 por ciento de la acreencia reconocida.

Luego de cuatro años sin avances, el gobierno del presidente Carlos Menem decidió ponerle punto fin a la «deuda interna» de la Nación.

Una a una todas las provincias acreedoras del Estado nacional fueron firmando sus acuerdos de compensación de deudas. Eran las épocas en que Cavallo conducía el ministerio de Economía y José Luis Manzano el de Interior.

En junio de 1992 le tocó firmar al Neuquén del primer gobierno de Sobisch. Se le reconoció a la provincia una deuda de 614 millones de pesos, pagaderas con bonos hidrocarburíferos, canjeables más tarde por acciones de la petrolera YPF, que estaba a punto de iniciar su proceso de privatización. Meses después, esos papeles fueron convertidos por la provincia en dinero en efectivo.

El abogado Punte reclamó entonces que se le liquidaran 61,4 millones de pesos (el 10 por ciento del acuerdo), tal como figuraba en el contrato suscripto con Rúa el 27 de noviembre de 1987.

Sobisch no estaba dispuesto a pagar, en nombre de la provincia, un monto de tal magnitud e inclusive tampoco cedía en la posibilidad de reconocerle a Punte una deuda equivalente al 2 por ciento (1.228.000 pesos).

Antes de la firma del acuerdo, Punte se reunió en un par de ocasiones con Jorge Sapag, que en ese momento se desempeñaba como representante de Sobisch en Buenos Aires. El actual vicegobernador, según el relato del abogado, le expuso cuáles eran las condiciones del convenio que suscribiría la provincia con Nación y le adelantó que no le reconocerían una deuda de 61 millones de pesos.

Punte adujo que durante estas conversiones, que -según la denuncia- se realizaron en la Casa de Neuquén en Buenos Aires y el el bloque de senadores nacionales del MPN, Jorge Sapag le recomendó iniciar acciones civiles contra la provincia y le advirtió que ni siquiera sus nietos cobrarían ese dinero.

Jorge Sapag niega que tal amenaza haya existido aunque admite que mantuvo conversaciones con Punte para intentar convencerlo de que desista en su reclamo.

Todos los imputados son acusados por Punte del delito de estafa, pero a Jorge Sapag le sumó el de amenazas.

Paralelamente a esta demanda penal, el abogado porteño mantiene abierta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una causa civil por el cobro de los honorarios que no reconoció aquel el gobierno de Sobisch ni el de Felipe Sapag que culminó hace cuatro meses.

La interna de por medio

La pelea entre sobischistas y felipistas en el seno del MPN tuvo en el «caso Punte» uno de sus puntos más ríspidos.

Los sobischistas denunciaron en varias ocasiones que con parte del dinero que el abogado reclama se financiarían las campañas internas de sus eternos rivales.

Mientras tanto, Punte se mantiene alejado de cualquier polémica y hasta ahora se ha negado a conceder entrevistas a la prensa.

Además de Neuquén, este abogado patrocinó a otras provincias, como Tierra del Fuego.

Anticipó que se presentará espontáneamente

NEUQUEN (AN) – Jorge Sapag no esperará a que la Legislatura analice su situación. Según lo que le anticipó a «Río Negro», se presentará cuanto antes ante el juez federal Jorge Ballesteros para ponerse a su disposición y poder declarar sin perder los fueros.

«Estoy tranquilo porque actué con conciencia y de acuerdo con la ley y el derecho», dijo el vicegobernador.

Opinó además que la denuncia del abogado Roberto Punte «carece de fundamentos».

A la acusación de «estafa» dirigida a todos los funcionarios que en 1992 participaron de las negociaciones por la compensación de deudas entre Neuquén y la Nación, Punte le sumó, en el caso de Jorge Sapag, una denuncia por «amenazas».

«Con o sin fueros, me voy a presentar a declarar ante el juez», fue la escueta declaración del vicegobernador ante la noticia del pedido de su desafuero.

El acuerdo

El abogado Punte sostuvo en la demanda que las autoridades nacionales y provinciales de ese entonces pactaron el pago de la deuda en bonos hidrocarburíferos canjeables por acciones de YPF para perjudicarlo.

El contrato que había firmado con el Estado neuquino dice que si la deuda se cobraba en efectivo, a él le correspondía el 10 por ciento de honorarios. De lo contrario, la comisión profesional sería sólo del 2 por ciento, es decir poco más de 1.200.000 pesos.

Los bonos fueron finalmente canjeados por acciones de la petrolera, que a los pocos meses se transformaron en dinero en efectivo.

De todos modos, ni el gobierno de Jorge Sobisch ni el posterior de Felipe Sapag le reconocieron a Punte derechos sobre un porcentaje del convenio.

Este proceso es, para Punte, parte de una maniobra urdida para evitar el pago de sus millonarios honorarios profesionales.

El Código Penal castiga el delito de «estafa» con prisión de hasta seis años. Además, reprime con hasta cuatro años de cárcel el delito de «amenazas».