Pobres, pero desubicados

LA SEMANA ECONÓMICA

Hay muchas contradicciones detrás de esa controvertida afirmación presidencial, potenciada luego por la obsecuencia de Aníbal Fernández cuando, sin titubear, sostuvo que en Alemania -la cuarta economía del mundo- hay más pobres que en nuestro país. Por lo pronto, la presidenta no cuenta con datos oficiales para respaldar su resonante afirmación. Desde fines del 2013 el Indec dejó de publicar -se supone que con aval presidencial- las estadísticas sobre pobreza, que por entonces mostraban una inverosímil tasa del 4,3%. Y meses más tarde, a comienzos del 2014, suspendió la difusión del costo de las canastas básicas, alimentaria y total (incluyendo servicios), que determinaban las líneas de indigencia y de pobreza, respectivamente, con relación a los ingresos de la población. La excusa utilizada entonces fue casi infantil: que el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (Ipcnu) implicaba un cambio de metodología con el cual resultaba imposible medir los valores de la CBA y la CBT. Sin embargo, nada impedía que el Indec destinara un cuerpo de encuestadores para determinar cuánto costaba la veintena de productos y servicios incluidos en ambas canastas. No hace falta demasiada imaginación para deducir por qué el Indec pasó a ocultar esta información clave. En los meses previos al lanzamiento del nuevo Ipcnu, el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, respaldaba los datos del organismo según los cuales una familia tipo podía comer con un irrisorio presupuesto de seis pesos diarios sin ser considerada indigente. Si se actualizaban los precios de ambas canastas, las mediciones de pobreza iban a subir exponencialmente. De hecho, para el mes de mayo pasado, la consultora FIEL calcula el costo de la CBA en $3.322 mensuales para una familia tipo (con lo cual aquellos $ 6 diarios se elevan a $ 110) y el de la CBT en $ 6.154 (equivalentes a $210 diarios), en este caso para no quedar debajo de la línea de pobreza. Para el gobierno de CFK, que ha hecho un culto del fuerte incremento del gasto público supuestamente para beneficiar a los más pobres, hubiera sido intolerable ese sinceramiento de precios que dejaba al descubierto los verdaderos niveles de pobreza en la Argentina. Sobre todo, cuando casi la mitad de los trabajadores -según datos oficiales- percibía a fines del 2014 un ingreso promedio de $5.500 mensuales (sin considerar otros ingresos familiares). Más llamativo aún es que la presidenta haya hablado de la reducción de la pobreza en la FAO después de su entrevista a solas con el papa Francisco. Precisamente, monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente de la Comisión Episcopal Argentina, aseguró días atrás que la pobreza existe y “es siempre de dos dígitos”, como una implícita desautorización de las cifras presidenciales. También como un aval a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que ubica a la pobreza en torno del 25% de la población. O sea, uno cada cuatro argentinos. Esa brecha de 20 puntos entre el 5% de CFK y el 20% de la UCA equivale a nada menos que ocho millones de personas. Cabe recordar que el rector de la UCA es uno de los sacerdotes más allegados al papa. Y que otros datos de pobreza estructural que releva su Observatorio, como la escasez de viviendas dignas, hacinamiento de hogares, acceso a agua corriente y desagües cloacales, gas natural, calidad de la atención de salud y educación, inseguridad, etc., hacen que cualquier comparación con Alemania resulte un disparate. Para más detalles, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires acaba de informar que la pobreza alcanza al 12% del total de la población porteña, tras calcular en $12.500 pesos el costo mensual de la canasta de consumos para una familia tipo (incluyendo $2.500 de pagos de alquiler). Históricamente la tasa de pobreza en la Capital Federal, el distrito de mayor poder adquisitivo promedio del país, fue equivalente a la mitad de la media nacional. De manera que resulta inverosímil suponer que ahora la duplique con creces. Paradójicamente, el único funcionario que trató de poner en contexto los desubicados anuncios oficiales fue Axel Kicillof, quien semanas atrás había afirmado desconocer los datos sobre pobreza en la Argentina y se negó a estimar el número de pobres “para no estigmatizarlos”. El ministro de Economía no siempre se caracteriza por su mesura. Sin ir más lejos, el viernes último ofreció una conferencia de prensa para anunciar un operativo de control en la City porteña por infracciones cambiarias y presunto lavado de dinero por un monto de un millón de pesos que, en dólares, equivaldría a menos de lo que cuesta un departamento de dos ambientes. No obstante, en el caso de la FAO, Kicillof trató de aclarar que la presidenta se refirió a la lucha contra el hambre más que a la pobreza. De hecho, de eso se trataba el premio que recibió CFK en ese organismo de las Naciones Unidas que se dedica a la seguridad alimentaria. En este caso, Cristina Kirchner bien podría haber enfatizado en el avance que significó la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que los hijos de desocupados y trabajadores en negro pudieran recibir desde el 2009 una ayuda estatal para mejorar su alimentación, con la contrapartida de exigencias de vacunación y escolaridad. Ello, a pesar de que su actual monto (de $ 644 mensuales) no se ajusta desde hace 13 meses y que el gobierno espera que se acerquen las PASO nacionales para anunciar un aumento importante (de 35/40%) y evitar que se siga deteriorando con la inflación. Con todo, la propia existencia de la AUH y que se mantenga en 3,5 millones el número de niños y jóvenes beneficiarios no dejan de ser el reconocimiento de que en la Argentina la alta inflación viene significando un freno en la lucha contra la pobreza, ya que afecta a los hogares de menores ingresos. Claro que, fiel a su costumbre, la presidenta prefirió lanzar una cifra polémica antes que remitirse a la realidad. Esta negación no fue la única. El gobierno de CFK tampoco reconocerá -y menos en la FAO- el fracaso de la política de “defender la mesa de los argentinos”. Con ese argumento, el kirchnerismo hizo uso y abuso de medidas intervencionistas sobre la producción, precios y exportación de alimentos, que dieron como resultado un estancamiento o retracción de la oferta de múltiples producciones agroindustriales, con excepción del complejo sojero. Según un estudio del exministro Juan José Llach para la Fundación Producir Conservando, desde el 2003 hasta ahora la Argentina perdió la oportunidad de aumentar la producción de alimentos por el equivalente de 25.000 millones de dólares anuales y de generar mayores exportaciones por unos 15.000 millones anuales. Esas restricciones tampoco abarataron los precios. Otro estudio, en este caso de M&S Consultores, revela que mientras desde el 2002 hasta ahora la inflación acumuló un alza promedio de 1.000%, el rubro alimentos y bebidas creció nada menos que 1.800%.

Néstor O. Scibona