Diputados aprobó el proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal de Santa Fe en medio de la ola narco
La iniciativa tiene como propósito implementar el Código Procesal Penal en ese distrito y de esa forma agilizar la resolución de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos. El Frente de Izquierda se abstuvo.
Cámara de Diputados de la Nación.
Casi por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley que apunta a fortalecer la Justicia penal federal de la provincia de Santa Fe, y que tiene como propósito implementar el Código Procesal Penal en ese distrito y de esa manera agilizar la resolución de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos.
La iniciativa que crea 50 cargos entre jueces, fiscales y defensores federales, y contó con el apoyo de casi todos los bloques, cosechó 214 votos positivos y cuatro abstenciones (del Frente de Izquierda), en lo que significa todo un mensaje político en medio de la ola de violencia narco que sacude a Rosario y sus alrededores.
Al tomar la palabra como miembro informante del oficialismo, el autor principal del proyecto, Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe), destacó que el gobernador de su provincia, Omar Perotti (quien se encontraba presente en la Cámara baja mientras se trataba el expediente), fue quien motorizó la iniciativa al convocar en diciembre de 2021 a todos los diputados santafesinos para «acordar un texto» en común.
El legislador oficialista destacó que la propuesta de fortalecer el sistema de Justicia Penal Federal de Santa Fe tiene el objeto de «implementar el nuevo Código procesal penal votado en este Congreso en diciembre del 2014 y cuya única aplicación se da al día de hoy en Salta y Jujuy con resultados extraordinarios».
«Queremos implementar este nuevo Código Procesal Penal Federal en Santa Fe y este proyecto de ley va en esa dirección y en esa perspectiva», enfatizó Mirabella, que detalló que con este proyecto se crearían 27 cargos de fiscales federales, cargos de defensores, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución penal.
Para el santafesino, «esto es un salto cualitativo gigante para la provincia de Santa Fe en lo que hace a la organización del sistema federal en cuanto a la persecución criminal». Además, recordó que la «estructura federal en Santa Fe hace muchísimo años es igual» y puso como ejemplo las ciudades de Rosario y Santa Fe que permanecen sin cambios «hace 30 años».
Por su parte, el diputado nacional del PRO Federico Angelini acusó al Gobierno nacional de no ocuparse fehacientemente del problema del narcotráfico, y al respecto señaló que «no lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de todos los argentinos y rosarinos».
«El 10 de diciembre de 2023 a todos los responsables que nos llevaron a esta situación se les acaba la joda y la impunidad», provocó el santafesino.
Para Graciela Camaño apenas se está haciendo «el esqueleto»
A su turno, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) coincidió en la importancia de poner en marcha la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal para poder avanzar hacia el sistema acusatorio, y destacó que lo que se está haciendo con este proyecto es apenas «el esqueleto».
«El trámite en el que estamos, es en ponernos de acuerdo los políticos del Congreso para poner en marcha la Comisión Bicameral», manifestó la diputada del interbloque Federal, que agregó que «lo que tiene que haber es vocación política para terminar con el sistema vetusto que es el sistema inquisitivo».
Myriam Bregman (Frente de Izquierda) cuestionó el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio al sostener que «si les importara de verdad lo que pasa en Rosario, no estaríamos discutiendo cargos en un juzgado, estaríamos discutiendo terminar con el negocio del narcotráfico y el movimiento financiero de los capitales que lo originan».
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En sintonía con algunos diputados que lo precedieron en el uso de la palabra, el socialista santafesino Enrique Estévez advirtió que «hay una Comisión Bicameral que es la encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal que no está funcionado».
Fuente: Noticias Argentinas
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