Financiamiento universitario: la Justicia multó a Diego Santilli por incumplimiento de la cautelar

El juez federal Martín Cormick aplicó astreintes de $100 mil diarios al Jefe de Gabinete por desobedecer la medida judicial que ordena el envío de fondos a las universidades nacionales. El anuncio se da en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria convocada para este jueves 15 de octubre, en la Patagonia y el Congreso Nacional. 

Por Gabriel Jara

Foto: Gentileza.

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El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales sumó un nuevo revés judicial para el Gobierno a solo horas de que se reanuden las protestas en las calles. El juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dispuso la aplicación de astreintes (sanciones económicas) por un valor de $100.000 diarios al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. La penalidad se dictó al verificarse el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar las partidas presupuestarias para la educación superior.

De acuerdo a la resolución judicial que difundió Derecho En Palabras, la sanción se fundamenta en las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798. El magistrado advirtió, además, que el monto fijado corresponde a «una primera etapa» y que tanto la suma monetaria como los funcionarios alcanzados podrían modificarse en el futuro si el Gobierno persiste en su postura de desobediencia.

Si bien el juez Cormick concedió «en ambos efectos» la apelación interpuesta por el Gobierno Nacional ante un tribunal superior, dejó expresamente aclarado que esta instancia no suspende el giro de los fondos. Por el contrario, el fallo ordena dar «continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente».


Un decreto inconstitucional y el veto fallido


Las multas a la Jefatura de Gabinete se desprenden de una disputa estructural que tuvo un hito clave el pasado 6 de octubre, cuando el propio Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025. Mediante esa norma, el Gobierno había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), pero condicionó en la práctica su ejecución hasta que el Congreso definiera las fuentes de los fondos, apoyándose en un artículo de la Ley 24.629.

El fallo hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un grupo de universidades, docentes, y a una causa acumulada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La Ley 27.795, que prevé recomponer el presupuesto según la inflación, actualizar salarios y mejorar becas, había sido aprobada en agosto de 2025, vetada en su totalidad por el Presidente, y luego insistida por el Congreso con los dos tercios requeridos por la Constitución.

Durante el proceso, el Ejecutivo argumentó que la ley «manda a gastar» sin previsión de recaudación, estimando un costo superior al billón de pesos. Sin embargo, el juez rechazó esta tesis al señalar que el artículo 9° de la propia ley faculta al Ejecutivo a reasignar partidas y utilizar ingresos excedentes, cumpliendo así con los requisitos financieros exigidos.

Para el magistrado, la suspensión impuesta por el decreto de Milei funcionó en los hechos como un «mecanismo extraconstitucional» o un segundo veto en las sombras. El fallo concluyó que esta maniobra vulneró los artículos 75 y 83 de la Carta Magna, ya que el Presidente se arrogó facultades sobre el gasto público que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo tras una insistencia parlamentaria.

A pesar de los acuerdos salariales firmados en junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios, Cormick dictaminó que el decreto oficial «no supera un test mínimo de razonabilidad».


La quinta Marcha Federal Universitaria toma las calles


La escalada judicial llega en el momento de mayor ebullición del sector educativo. Este jueves 15 de octubre, docentes, estudiantes, no docentes y sindicatos llevarán a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir la aplicación efectiva de la ley ratificada por el Congreso. La movilización coincidirá, además, con las protestas contra el DNU 70/2023, que será debatido en una sesión especial en el Congreso.

En la ciudad de Buenos Aires, la jornada central comenzará a las 10:30 frente al parlamento y agrupará a organizaciones estudiantiles, la CGT, la CTA, movimientos sociales, jubilados y partidos políticos.

Por su parte, en la región del Comahue (Neuquén y Río Negro) se espera una adhesión masiva. El gremio docente ADUNC confirmó su participación «en unidad intersindical junto con autoridades de la UNCo», mientras que el sindicato Cediunco ratificó el siguiente cronograma de movilizaciones para mañana:

  • Neuquén: concentración a las 17:00 en el playón de la UNCo y movilización por el centro a las 18:00.
  • General Roca: concentración a las 17:00 en la Plaza San Martín y marcha a partir de las 18:00.
  • Bariloche: confección de carteles desde las 15:00 en el CRUB y concentración a las 17:30 en la intersección de las calles Onelli y Moreno.


El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales sumó un nuevo revés judicial para el Gobierno a solo horas de que se reanuden las protestas en las calles. El juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dispuso la aplicación de astreintes (sanciones económicas) por un valor de $100.000 diarios al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. La penalidad se dictó al verificarse el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar las partidas presupuestarias para la educación superior.

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