Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: cómo funciona el «desalojo exprés» que aprobó Diputados y qué cambia para los inquilinos

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que busca terminar con los juicios eternos para recuperar un inmueble y que ahora deberá superar la revisión final en el Senado.

Lejos de ser un simple trámite burocrático, el texto impacta de lleno en el día a día de inquilinos y propietarios. Acelera los tiempos judiciales mediante un esquema de «desalojo exprés», pero al mismo tiempo establece límites estrictos para evitar abusos por parte de los locadores y fija un freno legal a la venta de tierras a extranjeros.

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El «desalojo exprés»: plazos y notificaciones tras su aprobación en Diputados

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El corazón del proyecto es la implementación del «juicio sumarísimo», el procedimiento legal más corto y rápido del sistema judicial. Para iniciar este proceso por falta de pago o vencimiento de contrato, el propietario deberá cumplir nuevos pasos:

• Intimación previa: es obligatorio intimar al inquilino otorgándole un plazo mínimo de 10 días corridos para saldar la deuda antes de demandarlo.
• Notificación digital: el aviso será 100% válido si se envía al domicilio electrónico (mail o WhatsApp) fijado en el contrato, incluso si el inquilino se niega a recibirlo.
• Desocupación inmediata: el dueño podrá pedir la restitución del inmueble bajo una «caución juratoria» (una garantía legal).

Para evitar que los dueños utilicen esta vía rápida de mala fe, la ley introduce consecuencias claras. Si se comprueba que el propietario mintió u ocultó pagos para acelerar el desalojo, la Justicia le impondrá una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler a favor del inquilino.

El conflicto de las llaves

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Un problema histórico al finalizar un contrato es la negativa de algunos propietarios a recibir las llaves, con el objetivo de seguir cobrando meses de alquiler o forzar el pago de arreglos. La nueva ley es tajante: el dueño no puede negarse a recibir las llaves ni condicionar su entrega.

Si el locador guarda silencio o rechaza la recepción, el inquilino está habilitado a realizar una consignación judicial (depositar las llaves en el juzgado). Si realiza este trámite dentro de los 10 días hábiles posteriores al rechazo, quedará liberado de pagar el alquiler y las expensas desde el momento en que notificó al dueño por primera vez, y los gastos del trámite correrán por cuenta del propietario.

Qué pasa con las personas en situación de vulnerabilidad: los cambios en la ley

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El proyecto también endurece la postura frente a usurpadores o «tenedores precarios». El juez podrá ordenar la entrega inmediata de la propiedad en cualquier etapa del juicio una vez que se conteste la demanda.

Sin embargo, el texto establece un freno de emergencia. Si en el inmueble habitan menores de edad, personas con discapacidad o jubilados en situación de desamparo, el juez está obligado a:

• Dar intervención inmediata a los organismos de protección locales (como el Ministerio Público Tutelar).
• Otorgar un plazo máximo de 10 días para que el Estado garantice una alternativa habitacional transitoria antes de ejecutar el desalojo por la fuerza pública.

Para conseguir los votos de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza tuvo que ceder en uno de los puntos centrales del mega DNU de Javier Milei. El proyecto aprobado restituye la plena vigencia de la Ley de Tierras (2011).

Esta medida vuelve a prohibir que personas o empresas extranjeras sean titulares de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. Además, endurece la ley de expropiaciones: a partir de ahora, el Estado deberá pagar una indemnización a valor de mercado e incluir el «lucro cesante» antes de tomar posesión de un bien.