Privatizar lo privado

Redacción

Por Redacción

Durante semanas, el candidato oficialista Daniel Scioli y voceros del gobierno nacional acusaban a Mauricio Macri de ser un neoliberal tan fanatizado que sería plenamente capaz de privatizar YPF, lo que a su juicio resultaría calamitoso, pero luego de ordenar la Corte Suprema que se hagan públicas las cláusulas secretas del acuerdo con la norteamericana Chevron, una descendiente de Standard Oil, optaron por recordarnos que la petrolera nacional emblemática es en verdad una sociedad anónima, es decir una empresa privada, que cotiza en la bolsa neoyorquina y por lo tanto tiene derecho a “la confidencialidad”. Según Scioli, de aplicarse el mismo criterio que la Corte Suprema, “mañana es de interés público que Coca-Cola revele su fórmula”. El jefe de Gabinete y excandidato a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández, coincide con Scioli en que YPF tiene más en común, en términos jurídicos al menos, con Coca-Cola que con una empresa pública. ¿Por qué dicen los kirchneristas que Macri quisiera privatizar lo ya privado? Porque dan por descontado que el grueso del electorado supone que, al apropiarse de la mayoría de las acciones en YPF que pertenecían a los españoles de Repsol, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la estatizó y que a muchos no les gustaría para nada que una eventual administración macrista modificara dicha situación. Sin embargo, al insistir la Corte Suprema en que YPF actuara como una empresa pública auténtica, decidieron que les convendría más subrayar que, no obstante las apariencias, la petrolera sigue formando parte del sector privado. Para justificar una postura que parece llamativamente contradictora, Scioli y quienes lo rodean afirman que YPF “hace a la soberanía energética”, pasando por alto el hecho de que, gracias a la política en tal ámbito del gobierno kirchnerista, la Argentina dejó hace tiempo de ser autosuficiente, con el resultado de que tiene que gastar miles de millones de dólares anuales para importar gas y otros combustibles a precios internacionales. Aunque el desplome del precio del crudo en los mercados mundiales ha brindado cierto alivio en el corto plazo, lo ha hecho a costa de las inversiones en Vaca Muerta que, para ser viable, necesitaría que aumentaran mucho del nivel actual. Sea como fuere, no hay una gran diferencia entre la postura más reciente de Scioli y la del presunto “referente energético” de Cambiemos, Juan José Aranguren, que para indignación del candidato dice que poco importa que YPF sea privado, público o, como parece ser el caso conforme a los kirchneristas, las dos cosas a la vez, ya que lo único que debería interesarnos es que la petrolera funcione lo bastante bien como para hacer un aporte positivo a la economía nacional. El fallo de la Corte Suprema ha molestado mucho al oficialismo que, además de tener lo que con toda seguridad son buenos motivos para querer mantener en secreto los detalles del pacto con Chevron, hubiera preferido no verse constreñido a defenderse aludiendo al ambiguo estado jurídico de YPF. Es legítimo atribuir la resistencia del gobierno de Cristina a divulgar información acerca de los acuerdos a la conciencia de que tendría un impacto popular muy negativo. Para que por lo menos una empresa petrolera significante aceptara invertir en el muy promisorio yacimiento de Vaca Muerta, habrá sido preciso garantizarle concesiones que son totalmente incompatibles con el triunfalista relato nacional y popular kirchnerista. Caso contrario, el gobierno no hubiera vacilado un solo momento en decirnos en qué consistían, pero a juzgar por su reacción airada frente a la decisión de la Corte, sabe que le sería sumamente difícil reivindicarlas. En cuanto a la voluntad oficial de mantener YPF en una suerte de limbo jurídico, se basa en el temor a que los holdouts lograran embargar los fondos que tiene en el exterior, como podrían hacer si, según las leyes estadounidenses, fuera una empresa estatal. Con todo, parece evidente que la razón principal por la que los kirchneristas se aferran al secretismo no consiste en la necesidad de mantener a raya a los “buitres” sino en que no quieren afirmarse dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo para contar con la colaboración de una corporación multinacional a la que, de ser otras las circunstancias, tratarían como un siniestro pulpo imperialista.


Durante semanas, el candidato oficialista Daniel Scioli y voceros del gobierno nacional acusaban a Mauricio Macri de ser un neoliberal tan fanatizado que sería plenamente capaz de privatizar YPF, lo que a su juicio resultaría calamitoso, pero luego de ordenar la Corte Suprema que se hagan públicas las cláusulas secretas del acuerdo con la norteamericana Chevron, una descendiente de Standard Oil, optaron por recordarnos que la petrolera nacional emblemática es en verdad una sociedad anónima, es decir una empresa privada, que cotiza en la bolsa neoyorquina y por lo tanto tiene derecho a “la confidencialidad”. Según Scioli, de aplicarse el mismo criterio que la Corte Suprema, “mañana es de interés público que Coca-Cola revele su fórmula”. El jefe de Gabinete y excandidato a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández, coincide con Scioli en que YPF tiene más en común, en términos jurídicos al menos, con Coca-Cola que con una empresa pública. ¿Por qué dicen los kirchneristas que Macri quisiera privatizar lo ya privado? Porque dan por descontado que el grueso del electorado supone que, al apropiarse de la mayoría de las acciones en YPF que pertenecían a los españoles de Repsol, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la estatizó y que a muchos no les gustaría para nada que una eventual administración macrista modificara dicha situación. Sin embargo, al insistir la Corte Suprema en que YPF actuara como una empresa pública auténtica, decidieron que les convendría más subrayar que, no obstante las apariencias, la petrolera sigue formando parte del sector privado. Para justificar una postura que parece llamativamente contradictora, Scioli y quienes lo rodean afirman que YPF “hace a la soberanía energética”, pasando por alto el hecho de que, gracias a la política en tal ámbito del gobierno kirchnerista, la Argentina dejó hace tiempo de ser autosuficiente, con el resultado de que tiene que gastar miles de millones de dólares anuales para importar gas y otros combustibles a precios internacionales. Aunque el desplome del precio del crudo en los mercados mundiales ha brindado cierto alivio en el corto plazo, lo ha hecho a costa de las inversiones en Vaca Muerta que, para ser viable, necesitaría que aumentaran mucho del nivel actual. Sea como fuere, no hay una gran diferencia entre la postura más reciente de Scioli y la del presunto “referente energético” de Cambiemos, Juan José Aranguren, que para indignación del candidato dice que poco importa que YPF sea privado, público o, como parece ser el caso conforme a los kirchneristas, las dos cosas a la vez, ya que lo único que debería interesarnos es que la petrolera funcione lo bastante bien como para hacer un aporte positivo a la economía nacional. El fallo de la Corte Suprema ha molestado mucho al oficialismo que, además de tener lo que con toda seguridad son buenos motivos para querer mantener en secreto los detalles del pacto con Chevron, hubiera preferido no verse constreñido a defenderse aludiendo al ambiguo estado jurídico de YPF. Es legítimo atribuir la resistencia del gobierno de Cristina a divulgar información acerca de los acuerdos a la conciencia de que tendría un impacto popular muy negativo. Para que por lo menos una empresa petrolera significante aceptara invertir en el muy promisorio yacimiento de Vaca Muerta, habrá sido preciso garantizarle concesiones que son totalmente incompatibles con el triunfalista relato nacional y popular kirchnerista. Caso contrario, el gobierno no hubiera vacilado un solo momento en decirnos en qué consistían, pero a juzgar por su reacción airada frente a la decisión de la Corte, sabe que le sería sumamente difícil reivindicarlas. En cuanto a la voluntad oficial de mantener YPF en una suerte de limbo jurídico, se basa en el temor a que los holdouts lograran embargar los fondos que tiene en el exterior, como podrían hacer si, según las leyes estadounidenses, fuera una empresa estatal. Con todo, parece evidente que la razón principal por la que los kirchneristas se aferran al secretismo no consiste en la necesidad de mantener a raya a los “buitres” sino en que no quieren afirmarse dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo para contar con la colaboración de una corporación multinacional a la que, de ser otras las circunstancias, tratarían como un siniestro pulpo imperialista.

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