Qué hace falta discutir: las deudas ambientales en un mundo desigual

Por Flavio Abarzua y Carolina Di Nicolo (*), especial para «Río Negro»

El Día Mundial del Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. La fecha coincide con el inicio de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo (Suecia), en 1972. Esta primera conferencia dio origen a una declaración en la que se puso de manifiesto una relación más estrecha entre los impactos del desarrollo económico y el “medio humano”. Así, en el documento final de Estocolmo del ´72, quedó formalmente expresado que el mundo se enfrentaba a una crisis ambiental y, que desde ese momento, debían iniciarse acciones para superarla.
Desde entonces, los países comenzaron a darse cita cada diez años para debatir el estado de las políticas respecto de los temas ambientales más preocupantes. Sin embargo, a casi cincuenta años de iniciado ese proceso, las cumbres y conferencias internacionales sobre el ambiente no han avanzado en una discusión que ataque las causas profundas de la crisis ambiental. Tampoco han podido atenuar las desigualdades en el acceso y control de los bienes naturales del planeta.

Desarrollo sustentable

El conocido Informe Bruntland de 1987 popularizó el concepto de “desarrollo sustentable”, que se convirtió en el caballito de batalla de los discursos y agendas gubernamentales. Su formulación, ampliamente difundida como la solución a la crisis ambiental, no ha hecho más que postergar la búsqueda de una verdadera salida. La intensificación de procesos vinculados a la contaminación, la degradación, la deforestación, el calentamiento global y el avance del cambio climático son claras evidencias de que las soluciones ofrecidas no son más que mitos.
A esta altura no hay dudas de que la crisis ambiental está relacionada con el agotamiento progresivo de algunos ‘recursos naturales’ y con la menor capacidad de regeneración de las bases ecológicas, producto y efecto de un modelo económico y tecnológico, que no reconoce la finitud de los recursos de la Tierra.
Por eso, cuando se habla de crisis ambiental, si bien pareciera que se alude a un problema ecológico, lo cierto es que, por sobre todo, es un problema sociopolítico; es una crisis que tiene raíces sociales. Por lo tanto, su solución también debe ser socialmente provocada, lo que transforma su discusión en un problema político e ideológico por definición.

El enemigo no es el virus

Los problemas ambientales que aquejan a las sociedades contemporáneas son la expresión de los procesos sociales que guían las decisiones sobre el manejo de los ‘recursos naturales’ y los servicios ambientales. Esto no resulta menor en un contexto marcado por una pandemia, cuyas características demuestran que el enemigo no es el virus sino aquello que lo ha causado.
Si bien son variadas las interpretaciones científicas respecto al origen del coronavirus, lo cierto es que la propagación de enfermedades zoonóticas (como el Ébola, el Sars, el Zika, la gripe porcina), que se trasladan de los animales a los humanos, está estrechamente vinculada a una economía mundial que se sostiene sobre “el mito del crecimiento y el apetito ilimitado por los recursos”.
De hecho, la ONU, en un informe publicado en agosto del 2020, confirmó que el 75% de los virus tienen relación con aspectos ambientales (deforestación, incendios intencionales, tráfico de animales silvestres, proliferación de granjas alimentarias a gran escala, entre otros).

Solo cambios temporarios

La pandemia provocada por el coronavirus sorprendió al mundo entero, modificó los temas de agenda de los Estados y produjo cambios en la vida cotidiana. Numerosos países adoptaron medidas de aislamiento social y de restricción a la circulación, cuyos efectos en el ambiente no tardaron en hacerse evidentes: mejoras en los cuerpos de agua, en la calidad del aire y presencia de animales en las ciudades, producto de la disminución del ritmo de algunas actividades económicas y de la circulación humana. Pero tal como lo anticipamos en otro artículo, el retorno a cierta normalidad puso en evidencia que esos cambios fueron temporarios. El repunte, en la mayoría de los países, de las emisiones de dióxido de nitrógeno y de carbono por la reactivación de industrias y de la circulación vehicular es una evidencia de ello.

La geografía de la extracción

La otra cara ambiental de la pandemia revela que la geografía de la extracción en el Sur global no ha sido alterada. Si bien el virus de Covid-19 podría ser interpretado como un “llamado de atención planetaria” sobre lo que implica la sobreexplotación de los ‘recursos naturales’, parece ser que la lógica productivista del capitalismo no se detiene.
El estado de emergencia sanitaria no frenó las topadoras y según un informe difundido por Greenpeace, en el 2020 se arrasaron en Argentina dos mil hectáreas de bosque nativo más que en 2019, para la expansión de la frontera agropecuaria.
A eso se suma que durante el periodo del ASPO las actividades extractivas, que son las que mayores impactos ambientales generan, sostuvieron, en general, su ritmo de tareas habituales.
El “quedate en casa”, que invadió los medios de comunicación y redes sociales, no movió la aguja ni modificó las reglas de juego de la agricultura industrial para la exportación de commoditties, la actividad forestal a gran escala, la megaminería y la actividad hidrocarburífera asociada al fracking.

Por lo dicho, no se puede seguir pensando que el ambiente es sinónimo de un área protegida, de un río, de una especie en extinción o que su preservación se reduce solo al reciclaje y al compostaje. El ambiente es mucho más que eso.
A casi un año y medio de iniciada la pandemia se ha puesto en evidencia una vez más que el ambiente es un sistema único, que naturaleza-sociedad son indisociables. Son las acciones sociales las que definen las condiciones ambientales. En paralelo, la pandemia devela nuevamente que es imposible no anclar la cuestión ambiental con el modelo de producción económica dominante.
El mundo poscoronavirus se enfrentará al desafío de seguir discutiendo la necesidad de transitar hacia modelos de producción y consumo centrados en los principios de la sustentabilidad.
Lo que hace falta es avanzar hacia una valoración auténtica del patrimonio de recursos naturales y culturales, lo cual implica, entre otras cosas, la transformación de formaciones ideológicas e instituciones políticas. Sin dudas, es un contexto que nos sitúa ante una encrucijada histórica y por lo tanto, una disyuntiva: seguir por el mismo camino o cambiar de rumbo.

(*) Flavio Abarzua y Carolina Di Nicolo son geógrafos, docentes de la Tecnicatura en Planificación Ambiental (Dpto. de Geografía, Facultad de Humanidades) de la Universidad Nacional del Comahue.