Recuperar grados de libertad frente al Gobierno Central

En la historia fiscal argentina no resulta sorprendente que un impuesto que nació con un período de vigencia se perpetúe en el tiempo a través de sucesivas prórrogas. El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, comúnmente denominado “impuesto al cheque” es un ejemplo de esta práctica política. Surgió en la crisis económica del 2001 y desde entonces se ha convertido en una importante fuente de ingresos (alrededor del 7% del total recaudado a nivel país). Poco importa si se trata de un gravamen fuertemente distorsivo o si ya el país ha dejado atrás la “emergencia económica”. Ningún político estaría dispuesto a resignar una fuente de ingresos que en el 2012 aportó 44.000 millones de pesos y este año lo haría con más de 55.000 millones. Pero lo que sí se discute es la porción de la torta que se cede a las jurisdicciones subnacionales. Actualmente la “coparticipación efectiva” de este impuesto a las provincias está en el orden del 15%, bastante menor al 30% acordado entre éstas y la Nación en el 2002. Desde la oposición se propone que la distribución respete la letra original de la ley de coparticipación, se pase del 30 al 100% el porcentaje incluido en la masa coparticipable y las provincias reciban el 50% de los fondos, aumentando en 35 puntos porcentuales su participación. ¿Cuántos fondos dejaron de percibir las provincias por este tributo? De acuerdo con un trabajo reciente de la consultora Economía & Regiones, entre el 2001 y el 2013 ingresaron 90.000 millones de pesos menos a las arcas provinciales, de los cuales 19.700 millones corresponden al ejercicio en curso. Asimismo, se señala que de haber contado con estos fondos las provincias hubiesen tenido resuelto el 80% de su financiamiento anual. De los números del presupuesto nacional 2014 se desprende que el próximo año se acelerará el crecimiento del PBInominal. Cabría esperar lo mismo con la recaudación por el impuesto al cheque, dado que tiene una fuerte correlación con el crecimiento de la economía en términos nominales. Si se modificase el esquema de distribución actual –la coparticipación pasaría del 30 al 100%–, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían 26.300 millones de pesos adicionales durante el 2014. Para los analistas de Economía & Regiones estos recursos adicionales permitirían mejorar sustancialmente el resultado fiscal del conjunto de provincias. De un déficit financiero estimado de 15.000 millones de pesos para el año próximo, se pasaría a un resultado superavitario de poco más de 8.000 millones. Desagregando por provincia, Neuquén y Río Negro ganarían 441 y 640 millones de pesos respectivamente.