Regreso sin gloria

El breve encuentro que el miércoles celebró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el juez federal Claudio Bonadio en el lúgubre edificio judicial de Comodoro Py fue apenas un aperitivo, por tratarse de una causa, la del dólar a futuro, de la cual debería serle relativamente sencillo sustraerse. Siempre y cuando no resulte que una de sus muchas empresas se haya visto beneficiada por una medida financiera que, según los especialistas, le costó al Banco Central 76.000 millones de pesos, sólo sería cuestión de una decisión política equivocada sin connotaciones legales. Asimismo, si bien Cristina se las ingenió para aprovechar la oportunidad que le dio Bonadio para arengar a la militancia que la escoltaba, atribuyendo todos los problemas económicos y sociales del país al presidente Mauricio Macri y, desde luego, aludiendo a los Papeles de Panamá para insinuar que su sucesor ha sido culpable de trasladar cantidades enormes de dinero a los paraísos fiscales offshore, los próximos encuentros con la Justicia le serán menos agradables. Parece entenderlo; afirmó: “Me pueden citar veinte veces. Me pueden meter presa pero no van a hacer que deje de decir lo que pienso”, como si creyera que los jueces y fiscales, presuntamente al servicio del gobierno macrista, están más interesados en silenciarla que en investigar sus negocios hoteleros, su transformación en multimillonaria, su eventual relación con personas acusadas de tener vínculos con narcotraficantes, el lavado de dinero, el pacto con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para Cristina y sus fieles, las denuncias de corrupción sólo sirven para que los enemigos del pueblo puedan, por un lado, “barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades” y, por el otro, imponer programas de “ajuste” y endeudamiento.” Ergo, quienes se preocupan por tales temas son forzosamente reaccionarios derechistas como aquellos que derrocaron los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Se trata de un sofisma, claro está, pero no cabe duda de que a los partidarios más fervorosos de Cristina les parece muy convincente, ya que están dispuestos a perdonarle absolutamente todo. A esta altura, hasta los militantes más embelesados entenderán que el matrimonio Kirchner y sus socios se enriquecieron por medios ilícitos, apropiándose de dinero aportado en última instancia por los contribuyentes que debió haberse utilizado para construir hospitales, escuelas, caminos y otras obras, pero suponen que, por ser líderes de un “movimiento político de carácter nacional y popular”, nadie tiene derecho a criticarlos y mucho menos a obligarlos a rendir cuentas ante un juez.

Aunque por razones económicas el país enfrenta algunos meses, tal vez años, muy difíciles, es poco probable que la mayoría opte por cohonestar la tesis de Cristina según la cual la corrupción carece de importancia, o que los resueltos a combatirla se sientan tan intimidados por las movilizaciones callejeras en apoyo de los acusados de delinquir que decidan archivar nuevamente las causas principales. Lo más probable es que los espectáculos brindados por los kirchneristas y sus aliados coyunturales de agrupaciones como Quebracho resulten contraproducentes, ya que es legítimo tomarlos por una forma de reconocer que la expresidenta sí ha violado la ley en ocasiones repetidas y por lo tanto no puede intentar una defensa legal de su conducta, de ahí la adopción de una estrategia exclusivamente política. Por su parte, a pesar de las exhortaciones de simpatizantes como la diputada Elisa Carrió, el gobierno macrista está esforzándose por mantener una posición neutral, dejando todo en manos del Poder Judicial. A los kirchneristas les gustaría forzarlo a tratar de frenar las investigaciones que están en marcha, pero todo hace pensar que ya es demasiado tarde para que, por las consabidas “razones de Estado”, Macri eligiera indultar a su antecesora y los personajes que la acompañaron en el transcurso de la “década ganada”, puesto que, desde el punto de vista del oficialismo, los costos políticos de ayudar así a Cristina serían muy superiores a aquellos que les supondrían tener que soportar algunas manifestaciones callejeras, por multitudinarias y violentas que resultaran ser.