Río Negro: avanza la prisión preventiva en causas de violencia de género
El proyecto fue aprobado este jueves en primera vuelta. También tuvo respaldo mayoritario la iniciativa de los convenios colectivos de trabajo en la Administración Pública.
La legislatura tuvo se segunda sesión del año. Foto: Marcelo Ochoa.
La legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, por unanimidad, las modificaciones al Código Procesal para que la Justicia pueda aplicar la prisión preventiva a quienes ejercen violencia de género; mientras que recibió apoyo mayoritario el proyecto para regular las negociaciones colectivas entre la administración pública provincial y sus empleados.
Estos fueron los dos temas centrales de la segunda sesión parlamentaria ayer con la presencia del presidente del cuerpo, Alejandro Palmieri, y los titulares de los bloques en el recinto y el resto de los legisladores conectados en forma virtual.
La primera iniciativa fue defendida por Lucas Pica (JSRN) quien explicó que el proyecto establece un tratamiento especial y diferenciado en casos de violencia de género, que permita a la Justicia dictar prisión preventiva a quien viole medidas cautelares. El proyecto brinda respuesta a “una realidad que nos explota en la cara”, la cual muestra que se comete un femicidio cada 22 horas, señaló.
Alejandra Más (FdT) expresó el acompañamiento de su bancada, pero advirtió que “también debemos trabajar sobre cambios culturales, único camino para modificar conductas machistas sobre mujeres y disidencias” y además solicitó la “jerarquización de los organismos que llevan adelante las políticas integrales en la provincia”. Para Luis Albrieu (Frente Renovador) “esta ley nos va a permitir llegar a tiempo en muchos casos y ganar tiempo en otros” a la Justicia, a los organismos que abordan el tema, “y fundamentalmente a la víctima”, mientras que Juan Martín (JxC) sostuvo que “es necesario proteger a la víctima y separar a los violentos”.
El otro tema destacado, el proyecto que regula las negociaciones colectivas en el Estado provincial, tuvo el respaldo del oficialismo, con la oposición del Frente Renovador en general, y del Frente de Todos en algunos artículos en particular.
Para Pica, exsecretario de Trabajo, “este proyecto viene a dar por finalizada una etapa de privilegios, es un verdadero acto de justicia que consolida un proceso de democratización en las relaciones colectivas en el sector público provincial”.
Pablo Barreno (FdT) cuestionó “falta de diálogo y consenso, la doble vara y la mirada patronal” sobre el proyecto. Planteó que hay demasiados interrogantes en la iniciativa. Solicitó cambios en el articulado, que no fueron admitidos. Entre otros puntos, criticó que en el proyecto se excluye de la negociación la cuestión salarial y pidió su inclusión. Advirtió que tiene que estar garantizado el derecho de huelga y reclamó que la convocatoria a la negociación debe ser a simple solicitud de las partes y no supeditada a la voluntad del gobierno. El macrista Juan Martín (JxC) votó a favor , aunque pidió que “se traduzca en la superación de las hegemonías que estamos acostumbrados a padecer”.
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