Salud republicana en riesgo

Con la mayoría del país pendiente del colapso sanitario generado por la acelerada suba de contagios y muertes, que obligó a drásticas medidas, una parte del oficialismo continuó imperturbable el avance sobre la independencia de la Justicia, buscando control político con la designación del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales.

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El kirchnerismo logró el dictamen favorable en las comisiones de Diputados para su proyecto de ley de reforma del Ministerio Público que socava la independencia del Procurador de dos maneras: bajando las mayorías necesarias para nombrarlo, de los dos tercios del Senado a simple mayoría (con lo cual podría nombrar a alguien de su confianza) y facilitando el mecanismo de su remoción, dando mayor injerencia en el sistema de enjuiciamiento a la Comisión Bicameral, también bajo control oficialista. Para facilitar apoyos, el ministro de Justicia Martín Soria introdujo dos cambios al proyecto aprobado por el Senado, estableciendo paridad de género y modificando las mayorías en el proceso de enjuiciamiento.

En este “tire y afloje”, el gobierno congeló la iniciativa, ya que no puede garantizar el número suficiente para su tratamiento, porque las bancadas opositoras (JxC, bloque federal, la izquierda) y aliados como Juntos Somos Río Negro, anunciaron que no darían aval ni quórum. Pero, ya con el dictamen, el oficialismo puede reactivar la iniciativa en cuanto crea tener un ambiente político más favorable.

La discusión revela cierto cinismo de la dirigencia política. Porque la iniciativa que ahora impulsa el kichnerismo tiene muchos elementos de otra que el macrismo promovió en 2017, cuando buscaba remover a la procuradora Gils Carbó. Entonces las inquietudes por el ataque a la República provenían del peronismo, y los límites al mandato, el recorte de la autonomía y facilidades para remover a la jefa de los fiscales eran defendidos en el bloque de Cambiemos.

Las contradicciones se reflejaron en las audiencias de noviembre, cuando ya se había planteado la reforma, y dos especialistas convocados por el propio oficialismo como Mónica Cuñarro, integrante de Justicia Legítima, y Nicolás Becerra, exprocurador general, declararon contra la mayor injerencia del Ejecutivo. “Un procurador sin dos tercios jamás hubiera podido dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final”, dijeron.

La reforma constitucional de 1994, que creó el Ministerio Público, lo definió como un órgano “extra poder” con autonomía funcional y autarquía financiera del Poder Ejecutivo, Legislativo e incluso Judicial. La intención se vio reforzada cuando, tiempo después, la reforma del sistema procesal penal estableció el sistema acusatorio, donde los fiscales conducen la investigación de los delitos. Las altas mayorías requeridas para designar o remover al Procurador apuntan a un elevado nivel de consenso.

Y aunque el foco de interés del kirchnerismo con esta reforma estaría en las causas de corrupción, bajo al argumento del “lawfare”, la pérdida de independencia del Ministerio Público podría afectar seriamente investigaciones al crimen organizado, narcotráfico, delitos económicos o violaciones a los derechos humanos o cívicos. De allí que organizaciones como Transparencia Internacional o Human Rights Watch (HRW) alertaran que la propuesta oficialista “socavaría el equilibrio de poderes” y “el diseño de la política de persecución penal”. “Argentina necesita consensos para fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los fiscales y las investigaciones por corrupción y abuso de poder”, señaló HRW.

Claramente la reforma del gobierno va en sentido opuesto. Resulta lamentable que con maniobras legislativas poco claras y presiones se apure la sanción de una norma de fuerte impacto institucional a largo plazo, cuando el país está inmerso en problemas inmediatos y acuciantes como la pandemia y la crisis económica que impiden el análisis sereno y exhaustivo que la iniciativa merece.