Se reinicia en Viedma el juicio político contra la jueza Daniela Zágari

Este miércoles, desde las 9, se reiniciará en Viedma el juicio político contra la jueza Daniela Zágari que busca desentrañar su actuación como fiscal en la primera etapa de la investigación del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido el 15 de junio de 2008.

Está previsto que se realice durante dos audiencias, por las que pasarán una decena de testigos, y se realizará de manera mixta ya que seis integrantes del Consejo de la Magistratura estarán presentes y los dos restantes lo harán de forma remota. También asistirán a la sala de audiencias la acusada, su defensor Fernando Chironi y el procurador general, Jorge Crespo.

El debate tendrá continuidad tras ser suspendido en virtud de una sentencia judicial que luego fuera revocada por el Superior Tribunal de Justicia.

La Magistratura estará integrada por Sergio Barotto, en carácter de presidente; Daniel Tobares – en representación del fuero penal-, los consejeros Ana Malis, Manuel Casariego y Leonardo Nicolas Fantón -por el Colegio Abogados-, y los legisladores Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía y Julia Fernández.

Al momento de disponer la continuidad del proceso, en octubre pasado, se estableció que el juicio «en su faz presencial, se desarrollará en cumplimiento estricto de las pautas sanitarias establecidas en el Protocolo de Salubridad del Poder Judicial, aprobado por Resolución Nº 3205/20 del Ministerio de Salud provincial y por la Acordada Nº 20/20 del Superior Tribunal de Justicia, que este Consejo adopta como propio en este acto y al solo efecto del trámite de la presente causa”.

Los antecedentes

El Consejo de la Magistratura impulsó el juicio político contra la jueza Zágari por su labor cuando fue agente fiscal en la investigación del crimen de Atahualpa Martínez Vinaya, de 18 años, ocurrido en 2008. Su cuerpo fue hallado con un balazo calibre 22 en la espalda.

A Zágari se la cuestiona por no resguardar la escena del crimen, no haber inspeccionado el pub Miloka y su demora en pedir la pericia de la campera de uno de los imputados, Morales Toledo, manchada con sangre de Atahualpa .

En su momento el procurador general elaboró un duro dictamen donde ratificó los cuestionamientos realizados por el legislador Adrián Casadei, instructor del sumario.

Allí cuestionó tres puntos fundamentales: “la carencia de control y resguardo de la escena del crimen”, “la falta de inspección o allanamiento del local Miloka” y “la demora en la solicitud de pericia en elemento secuestrado”, en referencia a una campera con manchas de sangre.