Se viene un año negro para la Justicia neuquina

NEUQUEN (AN).- Si no mejora sus ingresos vía la coparticipación federal de impuestos, en los próximos seis meses el Poder Judicial neuquino se quedará sin los ahorros que logró reunir durante la década del «90. De aquellos 24 millones de dólares que fueron acumulándose en un plazo fijo, hoy sólo quedan 12.530.000 pesos, unas monedas comparados con los gastos que tiene toda la estructura que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Esos recursos que quedaron en pie tras la devaluación servirán para atenuar parte del déficit de 2003, informaron a este diario fuentes judiciales.

El año pasado las cuentas de la Justicia neuquina acumularon un déficit del orden de los 14 millones de pesos, unos tres millones más que lo previsto en el proyecto de presupuesto que fue enviado a la Legislatura. Ese presupuesto, al igual que el de 2001, no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados.

El Poder Judicial había programado para 2002 ingresos por 40,3 millones de pesos y gastos por 51,5 millones. Al finalizar el año, los números corregidos fueron diferentes: 32,6 millones de ingresos y 47 millones de egresos.

Esa diferencia se cubrió con los ahorros que estaban destinados originalmente a la construcción de una ciudad judicial.

«El 2003 será un año negro», graficó la fuente del Poder Judicial consultada por este diario.

La Justicia neuquina se financia con una porción de los recursos de coparticipación federal de impuestos (le corresponde el 18% por la ley de autarquía).

Si se confirma el pronóstico de ingresos por este concepto que realizó recientemente el ministro de Hacienda, Alfredo Pujante, al anunciar el proyecto de presupuesto provincial de este año, el Poder Judicial recibirá en 2003 recursos por 37,6 millones de pesos.

Por coparticipación federal, en el tesoro del TSJ ingresaron el año pasado casi 30 millones de pesos.

Para no echar mano nuevamente a los ahorros, en el proyecto de presupuesto de 2002, el TSJ reclamó a los diputados una porción mayor de la coparticipación federal de impuestos, su principal fuente de financiamiento.

El cálculo contemplaba un déficit de 11 millones, algo inferior al realmente ejecutado.

Si los diputados no aceptaban esa variante, se pidió un aporte extraordinario de ocho millones de pesos para cubrir buena parte de la diferencia entre ingresos y egresos. Hasta ahora no llegó ni una salida ni la otra.

En el Poder Judicial el gasto en sueldos representa más de 40 millones de pesos. En el pago de haberes se van más de ocho pesos de cada diez que ingresan.

La partida de personal tiene un crecimiento vegetativo de 850.000 pesos por año y los ahorros se evaporan a razón de 1,2 millones cada 30 días, y en algunos meses en cifras aún superiores.

En el Poder Judicial sostienen que desde que se sancionó la ley de autarquía se crearon 65 nuevos organismos y que la mayor necesidad de financiamiento proviene del aumento de su nueva estructura burocrática. Por tal motivo vienen reclamando una porción mayor de la coparticipación federal.

Solicitan un 22% en vez del 18% asignado actualmente, pero este tema lo debe resolver la Legislatura.

En el Poder Judicial de esta provincia trabajan unos 1.200 empleados que reciben, en promedio, las mejores remuneraciones del Estado.

Los sueldos más altos

NEUQUEN (AN).- Los empleados del Poder Judicial tienen los mejores sueldos de la administración pública. El costo salarial promedio se ubica en los 3.000 pesos y los que empujan el gasto hacia arriba son los jueces que, en algunos casos, reciben remuneraciones que se ubican en el orden de los diez mil pesos mensuales.

La partida presupuestaria del TSJ es inelástica, como ocurre en la mayoría de los organismos estatales. Del presupuesto anual, más de ocho pesos de cada diez se van en el pago de los haberes de sus agentes y el crecimiento vegetativo del costo salarial aumenta a razón de 850.000 pesos por año.

Dentro del Estado, los judiciales junto con los empleados legislativos y algunos municipales, tal el caso de la ciudad de Neuquén, siguen cobrando el 40% de zona desfavorable. En la administración central y organismos descentralizados, ese ítem se redujo al 20% a principios de 1996 por una decisión que tomó el ex gobernador Felipe Sapag.

El Poder Judicial ha podido sostener el nivel de ingresos de sus empleados durante todos los últimos años merced al ahorro logrado al inicio de la aplicación de la ley de autarquía. La debacle comenzó en setiembre de 2001 cuando se utilizaron los primeros seis millones de dólares.