Será justicia

Ultimos días del verano. Rumores de amarillos y bermellones por venir en la fronda sanmartinense. En el primer piso del Centro Cultural Amankay, una decena de personas reflexionaba sobre la justicia.

Sesionaba la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina, y había miembros de la Asociación de Magistrados como invitados.

Un funcionario neuquino se lamentaba por la «distorsionada» percepción popular sobre la institución judicial. Relataba improperios de justiciables, encausados o familiares, a viva voz disconformes con las decisiones de los tribunales.

Nada habría de extraño en eso, pues la queja -justificada o no- sigue siendo de libre disponibilidad en la Argentina, si no fuera porque esas mismas personas amenazaban con llevar reclamos al diputado fulano o al ministro mengano. Eso demuestra, cavilaba, que la gente desconoce cómo funciona la justicia.

Pero a la luz de la historia de los poderes judiciales en el país, convendría ser más cauteloso con las opiniones del soberano.

El episodio que involucra al juez Rolando Lima en una supuesta maniobra para ayudar a evadir a un peligroso preso traído de la provincia de Córdoba, bate a la neuquina señora de los ojos vendados, por estos días. El foco está puesto en una falsa comunicación de libertad condicional remitida al juzgado de Junín, en apariencia, desde la Cámara del Crimen de Villa María y por fax.

Más bien parece un asunto criminal que político, pero tratándose de la justicia eso es difícil de creer.

Al menos eso creen algunos cercanos al juez. Dicen que le han hecho una «cama» y esa misma tesis suscribiría Lima. Argumentan que el juez era número puesto para ser camarista y ven un ardid para defenestrarlo. Semejante idea, de ser verdad, suena en efecto a componenda política y feroz interna judicial.

Pero los fiscales se muestran impenetrables a los rumores. Investigan si hubo una banda configurada para liberar al preso. En tanto y por cuerda separada, el Tribunal Superior de Justicia ordenó un sumario administrativo contra Lima.

El fax, falso por cierto, comunicaba la libertad condicional del detenido y ponía en manos del juez su ejecución, una vez cumplida la diligencia por la cual había sido enviado desde Córdoba a su juzgado. La gravedad del hecho impone un rápido esclarecimiento, pero no es el asunto sobre el que pretende abrevar esta columna.

El foco de estas líneas está en aquella reunión de abogados en San Martín, y en sus amargas cuitas de incomprensión. Alberto Zvizer es un peligroso pirata del asfalto condenado a nueve años de cárcel. Estuvo a un tris de salir en libertad si no hubiera sido por la mirada atenta de una empleada, que desconfió del fax. De hecho, se dice, el juez dejó la orden verbal de que Zvizer fuera liberado, antes de abandonar su despacho en plan de descanso.

Si un poder del Estado que dispone sobre libertades y bienes ha sido capaz de tambalear con un fax trucho y mal escrito, cabe preguntarse qué otras lindezas podrían estar guardadas en otros escritorios de cualesquiera de los edificios de tribunales, por negligencias o por oscuros motivos.

Hay en este razonamiento -qué paradoja- una sobrada dosis de injusticia con la mayoría de magistrados y empleados que hacen su labor a conciencia.

Pero ya sea por pocos o por muchos, las miserias de la justicia son la vara de su medida en la opinión pública. Da lo mismo si es por política, negligencia o corrupción.

Ojalá que la fórmula con la que suelen concluir los escritos legales adquiera sentido con más frecuencia: «Será justicia…»

Fernando Bravo

rionegro@smandes.com.ar