Sin pistas a tres semanas del incendio

JUDICIALES

A tres semanas del incendio en el edificio de la Justicia no hay indicios de esclarecimiento. Pocas son las esperanzas trascurridos 20 días del hecho, tampoco es mucho lo que se ha puesto para lograrlo. Por ejemplo, la fiscal de la investigación Itziar Soly no fue designada en exclusividad, razón por la cual debe atender éste expediente y todo lo que ingresa a su despacho. Sólo tiene el apoyo de una empleada del área y un grupo de policías, la mayoría tampoco asignados en exclusividad. De esta manera es poco lo que se puede hacer con el tiempo que corre a favor del o los autores además de las posibles huellas borradas por el fuego.

A ello se suman otros inconvenientes como el apartamiento de la causa de un uniformado de la Brigada de Investigaciones por estar involucrado en una causa que se tramita en el juzgado de Mussi.

Por lo que se pudo observar peritos y policías concentraron el trabajo en el sector interno y externo del edificio judicial por donde se supone ingresaron el o los autores, se trabajó en el listado de causas que tramitan en el juzgado a cargo de Carlos Mussi, las personas que pasaron por allí y las repercusiones que puedan o no tener los expedientes como para tener un indicio hacia donde caminar en la investigación. Todo ello habría servido para descartar algunas hipótesis pero dejar un par en la mira.

El hermetismo sigue siendo total por una decisión institucional. Sólo se manifestaron las máximas autoridades. En un primer momento la presidenta subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini que habló de una “sensación de ultraje” lo ocurrido en la mañana del domingo 26 de julio en el juzgado penal que conduce Mussi, en el segundo nivel del edificio.

“Cualquiera que haya sido el móvil, han invadido, no sólo nuestro lugar de trabajo, donde muchos transcurrimos más de la mitad de nuestras vidas. Han invadido lo que esta estructura simboliza. Esa es nuestra primera sensación”, dijo al al proponer un abrazo simbólico al edificio judicial de 25 de Mayo y Laprida a través de un aplauso.

Varios días después la Procuradora General de la provincia, Silvia Baquero Lazcano, calificó el hecho como “un atentado al Poder Judicial” en un comunicado de prensa en el que agregó que la fiscal Soly “se encuentra abocada a agotar las instancias de recopilación de información y pruebas. En ese sentido, se han efectuado gran cantidad y variedad de medidas probatorias, tendientes al esclarecimiento del hecho, abarcando absolutamente todas las posibles hipótesis de trabajo”.

Esta semana sostuvo “estar muy ocupada” al rechazar un pedido de entrevista de este diario para consultarle sobre el avance de la investigación, agregando que en los próximos días continuará en las mismas condiciones.

En aquel comunicado de la Procuración se indicó que “en el avance de la investigación y de los resultados que se vayan obteniendo se mantendrá una información periódica, con la reserva que el caso impone, para no alterar su desarrollo ni menoscabar las posibilidades de arribar a un resultado satisfactorio”. Si se tiene en cuenta ese compromiso se puede concluir que poco es en lo que se ha avanzado en este atentado a la Justicia nunca visto en Río Negro.

DeViedma