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Pedirá al Senado autorización para intervenir a la región, mecanismo que nunca hasta ahora se había puesto en marcha en España, disolver el Parlamento regional y convocar a una votación general en seis meses, durante los cuales se haría cargo de la administración. El gobierno de Puigdemont amenaza con la secesión y casi medio millón de personas salieron a las calles a protestar.
