Tras el #NiUnaMenos: logros y deudas
Hace poco menos de un año, por iniciativa de un grupo de periodistas, miles de personas se movilizaron en todo el país en contra de la violencia de género. Bajo el lema #NiUnaMenos, le pidieron al Estado acciones para frenar las muertes y agresiones que sufren diariamente las mujeres en la Argentina. Si bien este movimiento contribuyó a la visibilización de una problemática de larga data, aún no se tradujo en políticas concretas. El principal problema sigue siendo la aplicación de las leyes existentes y la asignación de presupuesto a los organismos competentes.
Un claro ejemplo es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009. Esta legislación supone abandonar la concepción de la violencia de género como un problema “doméstico” que se reduce al ámbito de lo privado. Por el contrario, se propone un abordaje integral desde las diversas áreas de la administración pública, ya que se trata de un problemática que demanda políticas de Estado.
Sin embargo, aun falta reglamentar gran parte de esta ley. También queda pendiente asignar partidas presupuestaria acordes a la normativa, ya que desde la creación del Consejo Nacional de la Mujer, el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la erradicación de la violencia contra la mujer no superó el dígito. En 2015, el 88% de los fondos destinados al CNM fue para los salarios del personal.
Otro reclamo importante de las organizaciones que trabajan contra la violencia de género es la necesidad de datos oficiales centralizados. Durante muchos años, el organismo que sistematizó esta información fue una ONG llamada Casa del Encuentro. En 2015, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia y el Indec lanzaron informes nacionales.
La Corte creó el Registro Nacional de femicidios, con la cantidad de homicidios por provincia en el 2014. El Indec publicó el Registro único de casos de violencia contra la mujer en el marco de la ley de 2009, pero sus datos son globales. Avanzar en la confección de registros completos, actualizados y desagregados es esencial para el desarrollo y evaluación de políticas públicas.
El rol de la Justicia
Un importante eje de debate respecto de la relación que el Estados establece con las víctimas de violencia de género es el rol que cumple la Justicia. Según la periodista Mariana Carbajal, la tipificación del femicidio fue un avance ya que es “una forma de denunciar que a las mujeres las están matando por una causa específica”. Aunque su efectividad a la hora de reducir los asesinatos de mujeres es relativa, la periodista y autora del libro Maltratadas, afirma: “Sabemos que el aumento de las penas no disuade a cometerse un delito. Lo que sí demuestra es que la sociedad está dando un mensaje claro, que frente a los hechos de violencia la respuesta tiene que ser de máxima severidad”.
Para garantizar un acceso democrático a la justicia, a fines del año pasado el Congreso aprobó la ley de Patrocinio jurídico legal y gratuito. Esta ley debe ser implementada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero aún no se encuentra reglamentada ni tiene presupuesto. Su puesta en práctica ayudaría a cambiar la realidad de miles de víctimas que, por no contar con los recursos económicos necesarios, no pueden ser protegidas correctamente por la justicia frente a sus agresores.
Para Carbajal, también es necesario modificar el comportamiento de la justicia en muchos casos de violencia de género.
“Por acción u omisión, los funcionarios judiciales actúan muchas veces como cómplices de la violencia machista. En muchos casos no dan la importancia que merecen a las denuncias, no dictan las medidas de protección que las mujeres necesitan, e incluso perdonan con justificaciones machistas y estereotipadas a los agresores”, afirma Carbajal. Por esto, sostiene que es necesario que desde la Corte Suprema “se promueva a una capacitación de los operadores de la justicia en todos sus niveles para entender de qué se trata la violencia contra las mujeres en las relaciones interpersonales”.
Además de la reglamentación y asignación de presupuesto de las leyes ya existentes, organizaciones y especialistas coinciden en que es necesario avanzar con otras medidas que ayuden a las víctimas a salir de los círculos de violencia en los que se encuentran.
Para esto, es necesario contar con refugios para que las mujeres golpeadas tengan la posibilidad de no volver a su casa, en la que probablemente permanece su agresor, y subsidios para que la situación económica no sea un problema para la mujer a la hora de reconstruir su vida.
