Tres presos neuquinos denunciaron una brutal paliza

NEUQUEN (AN) – Tres procesados denunciaron haber sido víctimas de apremios ilegales cuando estaban alojados en la comisaría Quinta de Centenario y la Unidad 11 de Parque Industrial. Sus agresores usaron capuchas para no ser identificados, sin embargo dieron los nombres de un oficial y un suboficial entre quienes los sometieron a un inhumano castigo y los amenazaron para que no los denunciaran.

En la Unidad 11, de acuerdo al relato, tras golpearlo los amenazaron con «meterles el «churro» en el ano» y los trasladaron a los «buzones», las celdas de castigo. Individualizaron a algunos de sus agresores y dijeron que podrían reconocer a otros.

Las víctimas de las palizas fueron Rodolfo Carmelo Quirulef (21 años) y los hermanos Cristian Alejandro (26) y Pablo Ismael González, quienes se hallan alojados actualmente, según sus familiares, en Zapala y Junín de los Andes. Allí los trasladaron después del hecho.

Con el asesoramiento de la organización de Derechos Humanos Zainuco, los parientes de los internos presentaron un escrito para que sean alojados en penitenciarías de la ciudad y les garanticen su integridad física.

«No voy a permitir de ninguna manera que castiguen a mi hijo. No hay ningún derecho, reconozco que si tiene que responder por un delito lo tendrá que hacer, pero eso no habilita para que lo maltraten», dijo con inocultable indignación Celestino Carmelo Quirulef, padre de uno de los denunciantes de la golpiza.

«Este es un nuevo hecho de la violencia sistemática que se aplica en las cárceles de la provincia. Los apremios ilegales son habituales y en la medida que los internos los denuncian la reacción es inmediata: los someten a todo tipo de presiones para que no protesten», dijo Gladys Rodríguez, presidenta de Zainuco (ver aparte).

Ante el fiscal

Los internos -detenidos por un robo calificado-, denunciaron ante el fiscal Humberto Mazzittelli que la tarde del 18 de abril fueron sometidos a un brutal castigo en la comisaría Quinta de Centenario. Posteriormente los trasladaron a la Unidad 11.

Quirulef dijo que entre quienes lo golpearon en Centenario reconoció al oficial Miranda. Los González mencionaron también al agente Pablo Ramos.

En la Unidad 11 quienes los castigaron estaban encapuchados. «Antes de llevarnos al «buzón» nos pegaron con «churros» y con un elástico de auto, desnudos», declaró al fiscal Quirulef.

Pablo González, además de reiterar que fueron sometidos a un durísimo castigo en las alcaidías, señaló que en la Unidad 11 los amenazaron «si realizaban la denuncia» de lo que les hacían.

Los internos le presentaron al fiscal un recurso de amparo ante los «tratos inhumanos que venimos padeciendo» y le solicitaron ser trasladados a otra unidad de detención para «no seguir siendo maltratados».

Adriana González, esposa de Quirulef y hermana de los González, junto a su madre Juana Esther Acevedo, denunciaron a la Cámara Criminal Segunda los apremios ilegales que sufren sus familiares y plantearon la necesidad de que los trasladen a cárceles más cercanas.

Pero según dijeron, no tuvieron respuestas que esperaban y en la semana presentarían ante los jueces un recurso de «Habeas corpus».

«La vida de los internos depende de la policía»

NEUQUEN (AN) – «Como están las cosas hoy, la vida de los internos de las cárceles neuquinas depende de la policía y los hechos denunciados nos están demostrando la gravedad de la situación que atraviesan los presos», dijo Gladys Rodríguez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos Zainuco.

Los dirigentes de la entidad, creada para asistir a los internos de las cárceles, tienen vedado el ingreso a los pabellones de las unidades de detención y se encuentran virtualmente enfrentadas con las autoridades carcelarias.

Cuando plantearon el tema al ministro de Gobierno Jorge Gorosito y a la subsecretaria de Seguridad y Justicia, Alicia Comelli, fracasaron.

Por un lado les garantizaron que «resolverían la situación» con buena voluntad y les allanaron el camino para obtener la personería jurídica, pero respecto de la pretensión de que les liberen el ingreso a los penales «nos dijeron que eso lo decide el director de las cárceles. Así que hoy por hoy, la vida y la suerte de los presos está en manos de la policía», dijo Rodríguez.

Añadió que los funcionarios entran en una clara contradicción cuando aducen que quienes deciden «quiénes, cómo y cuándo» pueden ingresar a las cárceles son sus autoridades de las unidades, «porque vemos que dejan entrar a todos menos a los dirigentes de Zainuco».

La entidad emitió un comunicado en el que denuncia la grave situación carcelaria provincial y objetó la construcción y el traslado de algunas unidades.

En relación a la posibilidad de que la Unidad 9 -la cárcel federal ubicada en pleno centro de esta capital- sea trasladada a Senillosa, advierte que tal vez se trate de un «pingüe» negocio inmobiliario y no responde a las verdaderas necesidades de dar solución al problema.