Un dilema universal

Aunque todos los gobiernos democráticos tratan de hacer pensar que no les será necesario elegir entre la eficiencia económica por un lado y la justicia social por el otro, andando el tiempo la mayoría se siente constreñida a privilegiar aquella por entender que los costos de negarse a hacerlo serían muy pero muy altos. Es lo que ha sucedido en Francia, donde el gobierno del presidente François Hollande, un socialista que antes de asumir sus responsabilidades actuales criticaba con dureza la presunta falta de solidaridad de antecesores “neoliberales” como Nicolas Sarkozy, está procurando concretar reformas estructurales a pesar de las ruidosas protestas callejeras que ya son rutinarias en los centros urbanos de su país, y es de prever que lo mismo ocurra aquí. Si bien el presidente Mauricio Macri aún parece creer que le será dado encontrar la forma de combinar una política social que podría calificarse de progresista con el realismo económico, es poco probable que continúe intentándolo por mucho tiempo más. Por desgracia, tanto las medidas que acaba de anunciar Macri como otras parecidas que tomó a inicios de su gestión no serán gratuitas. Puesto que en nuestro país escasean los recursos financieros, aumentar el gasto público significa más inflación, pero a menos que el gobierno consiga frenarla, el segundo semestre del año no se caracterizará por la estabilidad relativa pronosticada por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay sino por el riesgo creciente de que se produzca otro estallido hiperinflacionario.

Macri dista de ser el único mandatario democrático que, para que su gestión resultare exitosa, tendría que satisfacer demandas sociales largamente postergadas mientras lleve a cabo reformas destinadas a mejorar el desempeño de la economía en su conjunto. Aunque los problemas que enfrentan sus homólogos norteamericanos, europeos y asiáticos sean menos graves que los “heredados” por el líder de Pro luego de doce años de voluntarismo populista, ellos también se ven acusados de anteponer los intereses de las empresas más grandes, los bancos y otros “poderes concentrados” a los de la mayoría. No los ayuda señalar que, en verdad, no tienen más alternativa, ya que atacar a tales “oligarcas” tendría consecuencias desagradables para todos, comenzando con los más vulnerables, ya que, por motivos comprensibles, en virtualmente todos los países se ha difundido la idea de que la clase política local ha dejado de preocuparse por el bienestar común, razón por la que en tantos están surgiendo líderes populares, algunos considerados izquierdistas y otros derechistas, que acusan a la “patria financiera” nacional o internacional de causar todas las penurias sufridas por la gente.

Macri espera que una combinación de préstamos a tasas aceptables e inversiones le permita reconciliar las prioridades sociales con las económicas, pero para que ello ocurriere el evidente entusiasmo que su presencia en la Casa Rosada ha despertado entre las elites políticas y financieras de Estados Unidos y Europa tendría que verse respaldado pronto por muchísimo dinero. Si tarda en llegar, no le quedará más opción que tomar medidas de ajuste mucho más dolorosas que las oficialmente previstas, lo que, desde luego, brindaría a los kirchneristas, los peronistas y algunos aliados progresistas que hasta ahora lo han apoyado un pretexto para oponérsele con virulencia creciente. Si bien es de suponer que hasta los ideólogos más vehementes entenderán que luchar contra la triste realidad económica sólo sirve para beneficiar políticamente a los activistas mismos, ya que, como a esta altura sabrán decenas de millones de norteamericanos y europeos que desde hace años están protestando contra la situación imperante en sus países respectivos, una cosa es sentirse con derecho a percibir mucho más y otra muy distinta es conseguir lo que muchos creen sería justo, parecería que en casi todo el mundo democrático se ha hecho normal suponer que los gobiernos se han dejado engañar por formas de pensar radicalmente equivocadas. Puede que quienes piensan así estén en lo cierto, pero puesto que hasta ahora nadie ha sido capaz de formular una alternativa claramente viable, los eventuales cambios impulsados por la frustración que, por motivos comprensibles, tantos sienten serían con toda probabilidad contraproducentes.