Una «multinacional del terror»

Una de las imágenes emitidas ayer por medios internacionales lo resumió bien: uno de los familiares de los desaparecidos hizo un 'corte de manga' hacia el tribunal, tras conocer la noticia del nuevo desafuero a Pinochet.

Otra vez, en medio del escepticismo generalizado, comienza un nuevo intento porque el responsable máximo de la dictadura militar chilena responda por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su mandato.

La Operación Cóndor fue la obra maestra del terror de las dictaduras latinoamericanas. Básicamente consistió en un acuerdo entre las fuerzas de inteligencia de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay , Bolivia y Brasil para «intercambiar archivos», de modo que ningún opositor tuviera un lugar seguro en el Cono Sur y que el castigo hacia quienes los militares consideraran «subversivos» no estuviera atado por formalidades tales como órdenes de detención, tribunales, pedidos de extradición, etc.

Simplemente se los secuestraba y enviaba ilegalmente al país de origen, o, si la dificultad era mucha, se los interrogaba con torturas y/o se los hacía «desaparecer» allí donde se los encontrara.

Documentos desenterrados del «Archivo del Horror» en Paraguay por el ex preso político e incansable investigador Martín Almada y otros de la desclasificación de archivos secretos de EE.UU. le dan la autoría de la iniciativa al entonces jefe de la DINA, Manuel «Mamo» Conteras, quien dependía directamente de Pinochet.

El fue quien expuso la idea durante la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, según la documentación acumulada en estas investigaciones. Pero el plan también contó con el apoyo de agentes de Estados Unidos, agregan.

«La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión», señalaba un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, el 22 de agosto de 1978. «La cooperación entre los países incluiría planes para asesinar a los subversivos, políticos y figuras prominentes dentro de los límites del país», señalaba otro documento anterior de la CIA, fechado el 16 de agosto de 1976.

Para Chile, comienza otra vez la dolorosa revisión de su pasado. Pese a los intentos del gobierno y de la oposición, las heridas abiertas en la sociedad en este período siguen sin cerrar.

El presidente Ricardo Lagos deberá otra vez hacer malabares para conciliar su postura de «presidente de todos los chilenos» por encima de las rivalidades con su propia historia de denuncia de los crímenes de la dictadura: muchos chilenos aún lo recuerdan increpando a Pinochet a través de las cámaras de televisión, en los '80.

Por otra parte, comenzará a sentir la presión de los militares, que si bien se mantendrán en su perfil estrictamente «profesional» adoptado los últimos años, no están felices de ver a un ex comandante tras las rejas. Y se lo harán saber.

La derecha también está incómoda: su intento por despegarse de la figura del ex dictador se vuelve difícil cuando se ventilan en la justicia crímenes que ocurrieron cuando varios de ellos eran funcionarios o entusiastas adeptos al régimen militar. Y es un año electoral.

Pese a su alegría, los organismos de derechos humanos son bastante escépticos sobre el resultado de las acciones. Ahora el expediente pasará a la Corte Suprema, cuyos jueces ya una vez en 2002 exculparon a Pinochet argumentando una dudosa «demencia senil» de la que el octogenario militar se recuperó milagrosamente meses más tarde.

Pinochet, a sus 88 años, desprestigiado y casi nula influencia en la vida pública chilena, enfrenta la amenaza de correr la misma suerte que su ex colega y socio argentino en la «Operación Cóndor» Jorge Rafael Videla, que el 10 de julio de 2001 se convirtió en el primer ex dictador procesado y arrestado por esta causa.

(Redacción Central)

  Nota asociada: Se inicia un nuevo intento por juzgar a Pinochet  

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