Una tendencia en toda Latinoamérica

SEGURIDAD PRIVADA

MÉXICO.- En la pantalla de la computadora de Alberto Herrera de repente apareció una alerta. Individuos que decían pertenecer al Cártel del Golfo habían detenido unos vehículos que transportaban sustancias químicas por una región del noreste de México donde impera la anarquía. Capturaron a dos conductores de un camión escolta y exigieron que les entregaran el valioso cargamento a cambio de su libertad.

Gigantescos monitores de pantalla plana mostraban la ubicación de decenas de vehículos con cargamentos codiciados por los delincuentes: jeans de diseñador, obras de arte y ejecutivos por los que se podría pedir rescate.

Las conversaciones telefónicas y el sonido de comunicaciones radiales eran típicos de una oficina policial, pero ésta era un centro de emergencias de International Private Security, una compañía con sede en México que ayuda a clientes de todo el mundo como PepsiCo, Audi y BP a hacer negocios en regiones azotadas por el crimen organizado.

En el escritorio de Herrera había una línea directa con la Policía Federal de México, pero tenía orden de este cliente de no usarla. El equipo negociador del cliente fue el que se encargó de gestionar la liberación de los conductores y la carga. “No querían que llamásemos a la policía”, comentó Herrera, de 32 años. “La gente no siempre confía en ellos”.

La desconfianza en las fuerzas encargadas de mantener el orden ha hecho que las firmas de seguridad privadas sean un gran negocio en América Latina, donde la mayor parte de las fuerzas policiales es considerada incompetente y/o corrupta. En la región más peligrosa del mundo, un ejército de casi cuatro millones de agentes privados genera una industria que crece a un ritmo del 9% anual y que para el 2016 podría mover 30.000 millones de dólares, según proyecciones. Más que las economías de Panamá o Uruguay.

IPS ha duplicado la cantidad de empleados en los últimos cinco años y cuenta hoy con 4.000 personas. En toda la región, la relación entre guardias privados y policías es muy superior al promedio mundial de dos por uno. En Brasil hay cuatro agentes privados por cada policía, en Guatemala cinco. “El sector privado debería complementar’’ a la policía, sostuvo Boris Saavedra, profesor de seguridad nacional del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos con sede en Washington. “Pero en algunos países no son algo complementario, son el actor principal”.

Si bien las organizaciones de seguridad privadas florecen en todo el mundo, en América Latina ese boom está relacionado con un aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones. Azotada por los cárteles de las drogas y por violentas pandillas, desplazó a África como la región con la tasa de asesinatos más alta del mundo.

Los guardias privados son parte de la vida diaria en las ciudades de América Latina. Con sus rifles y sus chalecos a prueba de balas, custodian panaderías y hasta la distribución de colchones, Coca Cola y embutidos. Emplean audífonos y esconden sus pistolas debajo de sus trajes oscuros mientras acompañan a los hijos de los ejecutivos a la escuela.

Pero no son la solución para la delincuencia desenfrenada. Ofrecen protección a los ricos y a sectores de la clase media, dejando librada a su suerte a la mayoría pobre de la población en una región con la peor disparidad de ingresos del mundo, de acuerdo con el experto en ciencias políticas Rafael Fernández de Castro, coordinador del informe del año pasado de las Naciones Unidas sobre la seguridad en América Latina.

Los pobres se las arreglan como pueden: forman organizaciones comunales de vigilancia o les pagan a los maleantes para que no los molesten. “Hay mucha desconfianza en la gente’’, declaró Fernández de Castro. “Eso genera un terreno fértil para el crimen organizado”. La inseguridad es tan prevaleciente que el 13% de los latinoamericanos, casi 75 millones de personas, siente la necesidad de mudarse para escaparle a la delincuencia, según la ONU.

La falta de fe en la justicia oficial a veces hace que las víctimas tomen la justicia en sus propias manos. En tiempos recientes se han registrado linchamientos en sitios donde jamás se había escuchado de ese tipo de episodios, incluida la Argentina. En Guatemala, una turba mató a golpes a Alfonso Cu tras acusarlo de haber abusado de un niño de tres años en un baño público. “Eso crea un vacío en la identidad del ciudadano, un sentimiento de estar desvalido ante tanta violencia y ahí se dispara el instinto y no la razón”, expresó el psicólogo guatemalteco Marco Antonio Garavito.

La inoperancia de la policía obedece en parte a la historia de la región. Los agentes generalmente protegen a gobiernos, no a las personas. A medida que avanza la democracia, muchos departamentos de policía no cambian de proceder, salvo excepciones como las de Chile, Uruguay y Nicaragua.

Una reforma verdadera de las fuerzas públicas requeriría un cambio de filosofía y de capacitación a largo plazo, y los efectos no varían por generaciones. Es así que los políticos optan por soluciones rápidas, que pueden tener impacto en el electorado: más gastos en equipo y patrulleros, comentó Gerardo de Lago, director de seguridad de Laureate International Universities.

Esas actitudes no hacen nada por librar a los departamentos policiales de manzanas podridas. “Permanecen los mismos bandidos, con uniformes nuevos’’, afirmó De Lago.

La proliferación de guardias de seguridad privados, por otro lado, puede tener resultados imprevisibles. Se trata de una industria que surgió tan de repente que todavía no está debidamente regulada. Y quienes contratan sus servicios no saben exactamente qué están contratando.

La calidad de estas fuerzas varía. Algunos agentes han sido entrenados por excomandos israelíes y cobran sueldos típicos de la clase media por proteger ejecutivos de grandes empresas. Otros se las arreglan con menos. Un policía hondureño jubilado de 56 años dijo que le dieron un machete para que vigilara una clínica y ganaba 190 dólares al mes.

En general, sin embargo, los guardias de seguridad privados de América Latina son los que tienen más armas en el mundo, diez veces más que los de Europa occidental, según un estudio del 2011 del Instituto de Graduados de Ginebra.

“Guardias privados mal entrenados y que portan pistolas hacen que los tiroteos resulten más peligrosos para los transeúntes inocentes”, afirmó el Departamento de Estado estadounidense el año pasado en un informe.

La mayoría de estas agencias de seguridad privadas de la región no tiene licencia, por lo que no hay estadísticas confiables sobre la cantidad de muertes y demás delitos en los que se ven envueltas. En Buenos Aires apenas 150 de 15.000 guardias de locales nocturnos completaron cursos básicos para esa actividad, de acuerdo con el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En Costa Rica, el 20% de las empresas de seguridad privadas fue investigado en el 2012 por distintas infracciones, incluida la de obstruir el trabajo de la policía y por abusos en general.

En Venezuela, Julio Delgado, quien ayudó a formar una asociación de guardias de seguridad privados, calcula que el 25% de sus colegas ha cometido delitos violentos en sus horas libres. En Brasil, un guardia privado de 26 años confesó haber matado a 39 personas, muchas de ellas al disparar indiscriminadamente desde su motocicleta por diversión.

En México, el director de Elite Systems, firma de Guadalajara que ofrece protección y servicios de alarma, Arnoldo Villa Sánchez, fue acusado por el gobierno estadounidense de ser el jefe de seguridad del cártel encabezado por Héctor Beltrán Leyva antes del arresto del capo en octubre.

Daniel Linsker, encargado de las operaciones en América Latina de la firma de seguridad Control Risks, lo admite. “Incluso cuando tienes guardias en los edificios y tomas precauciones, pueden pasarte cosas”, afirmó.

IPS es una de las firmas que investigan los antecedentes de sus empleados, incluido el uso de detectores de mentira de acuerdo con su director general Armando Zúñiga. Su personal está registrado en un banco de datos de la policía nacional. Cuando busca personal IPS aclara que no quiere expolicías ni militares desertores.

Quienes no tienen recursos para contratar sus propias fuerzas de seguridad hacen lo que pueden para evitar correr riesgos e incluso les pagan a los grupos que los amenazan.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, pandillas nacidas en las prisiones de EE. UU. en los 70 y 80 gobiernan numerosos barrios. Las bandas asesinan, violan, roban y extorsionan a comerciantes a cambio de protección. “Ellos son la ley”, afirmó Josefa Martínez, cuyo barrio de San Salvador es controlado por la Mara Salvatrucha. “Si puedes, dales un poquito a los pandilleros y no te van a molestar. Aquí casi todos les dan dinero, ésa es la verdad”.

KATHERINE CORCORAN

AP

KATHERINE CORCORAN