Victoria a lo Pirro

De la Rúa ha vuelto a dar una señal que forma parte de los peores hábitos políticos del país, la de convivir con prácticas políticas corruptas.



Si el presidente de la República, Fernando de la Rúa, hubiese deseado desafiar a la opinión ampliamente mayoritaria del país, aumentar la sospecha de complicidad de su gobierno con los sobornos en el Senado, destruir la alianza de los partidos que lo llevó al poder, y comprometer el futuro de su propio gobierno, a 10 meses solamente de iniciada su gestión, no podría haber adoptado decisiones más propicias que las que anunció anteayer cuando introdujo los cambios de su gabinete.

No es que todos los anuncios hayan sido desacertados. Al suprimir el cargo de Gallo y sus veleidades desarrollistas, el gobierno ha dado una señal muy fuerte de que persistirá en sus esfuerzos por controlar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal y que era incompatible mantener funcionarios que demandaban pisar el freno y el acelerador simultáneamente.

Pero la impresión que existía en el país es que De la Rúa debía aprovechar un cambio en los ministros que integraban en su gobierno, para desprenderse de algunas figuras notoriamente sospechadas en el escándalo de los sobornos en el Senado.

Es comprensible que un presidente vacile antes de tomar una decisión de esta naturaleza, porque no existiendo una decisión judicial definitiva, tal actitud podría parecer una condena anticipada. Pero por otro lado era necesario aventar toda suspicacia respecto de la responsabilidad del gobierno dejando liberadas a las figuras comprometidas de la responsabilidad de seguir integrando el gobierno nacional. Tal era el caso del ministro de Trabajo, Flamarique, del cual por lo menos está probada la imprudencia de sus manifestaciones a los sindicalistas, y un amigo personal del presidente, el jefe de la SIDE, Santibañes.

Pero para sorpresa de muchos, no solamente se mantuvieron las personas involucradas en las sospechas públicas sobre procedimientos ilegales, sino que a una de ellas se la cambió de funciones, otorgándole una secretaría que implicaba de hecho una mayor cuota de poder. Finalmente, Flamarique ayer optó por irse frente al impacto social y político de la renuncia de Alvarez.

Es posible que Fernando de la Rúa, a quien se lo acusa de debilidad y de falta de vigor en su gestión, haya querido demostrar a su partido, a su aliado -el Frepaso- y a la sociedad argentina, que ejerce efectivamente

el poder.

Las razones que justifican esta conjetura no son gratuitas. En los últimos tiempos el vicepresidente de la República, Carlos Alvarez, ha tenido un rol protagónico en la denuncia sobre corrupción en el Senado, cuestión ésta de la ética que, como es notorio, constituyó una de las banderas fundamentales de la Alianza en su campaña electoral y probablemente el factor más decisivo para su notable victoria.

Sin embargo, era evidente para cualquier observador atento, que desde el inicio de la denuncia el presidente no acompañó con particular entusiasmo la cruzada emprendida por Alvarez y esta sensación se ha visto confirmada ahora, al desestimar la posibilidad de desprenderse de los funcionarios cuestionados.

En realidad, De la Rúa ha vuelto a dar una señal que forma parte de los peores hábitos políticos del país, la de convivir con prácticas políticas corruptas, o al menos de no considerar a la lucha de la corrupción como una prioridad absoluta.

Como vicepresidente, Alvarez tenía funciones limitadas y fuera de la presidencia del Senado sólo actuaba en el Ejecutivo cuando reemplazaba al presidente.

Pero sería una gran ingenuidad reducir el problema a una cuestión de roles institucionales. Al actuar como lo hizo, De la Rúa ha olvidado un dato esencial de la realidad política. Alvarez no era solamente el vicepresidente de la República, sino que también es el jefe de la fuerza política más importante que integra la alianza que lo llevó al poder y no un socio menor como parece considerarlo el gobierno.

Los radicales han sido siempre renuentes a la formación de alianzas y al parecer no están dispuestos a admitir que gobierna una coalición y no un solo partido. Gobernar con una coalición requiere que las decisiones contemplen adecuadamente los intereses de las partes que integran la sociedad política, sobre todo cuando de trata de cuestiones tan relevantes, y actuar discrecionalmente es destruir la estructura política que lo llevó al poder.

De manera que la decisión de De la Rúa por demostrar su poder ha sido tan conflictiva como impolítica. Y para acentuar las dudas de la nueva configuración del gobierno, se ha rodeado más acentuadamente de un entorno íntimo, incluido el vicio del nepotismo al promover a su propio hermano a un ministerio. Tal vez ha acumulado mayor poder personal, pero ha creado la semilla de una diáspora que puede erosionar gravemente su poder real y que ha de significar sin duda dificultades adicionales en la ya azarosa tarea que enfrenta el gobierno.


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