Genera incertidumbre la aplicación de la Reforma Procesal

Genera incertidumbre la aplicación de la Reforma Procesal

La formal iniciativa de los nuevos plazos en la aplicación de la Reforma Procesal ya pertenecen al gobernador Alberto Weretilneck. Ayer, en Regina, habló que enviaría a la Legislatura un proyecto de ley aunque fuentes gubernamentales no descartaron un decreto/ley. Responsabilizó a la Justicia por el traspié, destacando que existió “tiempo suficiente para estar en condiciones. Sí no se está, no es por falta de tiempo sino porque algunos no tomaron previsiones, fundamentalmente en el ámbito del Ministerio Público”.

La ley prevé su inicio para el 1° de marzo pero, el miércoles, Interpoderes acordó un aplazamiento hasta junio. En el oficialismo se pone en dudas hasta ese plazo y especulan con un período mayor para su preparación definitiva. Hoy, la formalidad dependerá del gobernador, quien puede proponer esa modificación a la Legislatura en sesión extraordinaria o, directamente, disponerlo con un decreto/ley.

En Regina, Weretilneck renovó su expectativa que “el nuevo código procesal pueda mejorar la eficiencia del poder judicial y tener una tasa de condena superior a la que venimos teniendo”. Contó que la postergación fue planteada por la Procuradora, Silvia Baquero Lazcano, acompañado por los Colegios de Magistrados y Abogados. Aclaró que el STJ “tiene prácticamente todo listo en lo que es equipamiento, tecnología, alquileres y nuevos edificios” pero el “Ministerio Público no ha tenido esa celeridad. Esperemos que con la prórroga pueda adecuarse en lo que les está faltando”.

La comisión Interpoderes -que conduce la legisladora Tania Lastra- remitió una nota al gobernador, conjuntamente con el acta N°8 del encuentro, solicitando el corrimiento de las fechas. Obviamente, el acta narra la posición de cada partícipe pero no profundiza en los furibundos cruces de la titular del STJ, Liliana Piccinini con Baquero Lazcano. La magistrada -con su vehemencia- enrrostró a la jefa del Ministerio Público de su poca predisposición y preparación para afrontar la modificación. Alertó de la desidia y pereza de los fiscales en la depuración de causas, dejando a salvo a Cipolletti. Baquero se defendía con falta de personal y elementos a la que la expuso el STJ, mientras Piccinini la acusaba que no participaba de las reuniones de la comisión de implementación.

En realidad, la purga de expedientes está demorada. Los fiscales debían filtrar causas (archivadas de hecho, irresueltas, prescriptas) y quedarse con aquellas efectivamente activas, preparados para la Reforma. En noviembre del 2015, la Procuradora estimó que existirían unos 30.000 expedientes. “Es necesario llegar a la implementación del nuevo sistema con la menor cantidad de causas pendientes de resolución”, declaraba a “Río Negro”. Un año después, el resultado del trabajo se desconoce o, por lo menos, no se lo informa, a pesar de las solicitudes realizadas, posiblemente evitando exponer el magro fruto.