El Tribunal de Contralor, en medio de una crisis de identidad

El Tribunal de Contralor municipal está conformado por tres vocales titulares que son elegidos cada cuatro años por el voto popular, igual que el intendente y los concejales. Pero esos cargos son la cenicienta de la boleta electoral y no suelen generar mayor interés ni debate por parte de los ciudadanos.

Incluso existen iniciativas para cambiar ese formato y designarlos por concurso.

La función del Contralor, de acuerdo con la Carta Orgánica, es la de fiscalizar las cuentas generales del municipio, ejercer el control de gestión presupuestario y promover juicios de cuentas o de responsabilidad a funcionarios incumplidores.

Durante algunos años el Tribunal tuvo alto perfil y realizó varias investigaciones resonantes, que terminaron en sanciones económicas y hasta denuncias penales contra ex intendentes y otros funcionarios.

Pero en la última gestión perdió terreno y su desempeño se desdibujó, enredado por diferencias internas y por una evidente comunión de intereses con el gobierno de turno, algo que en años anteriores no había ocurrido en forma tan marcada, a pesar de que el oficialismo siempre tuvo mayoría.

El Tribunal de Contralor emitió entre 2008 y 2017 un promedio de 92 resoluciones por año. En 2018 bajó a 76 resoluciones y este año la cifra parcial mostraría una caída mayor, aunque la información no está disponible en la página web. Una de las vocales admitió que ahora ya no avanzan como antes los temas espinosos y las reuniones cada vez son más espaciadas.

De hecho la cantidad de investigaciones y juicios administrativos cayó en picada. El último informe de gestión disponible indica que en 2016 el Tribunal tenía tres juicios de responsabilidad en curso y cinco investigaciones preliminares.

El actual presidente, Damián Fuentes (elegido por Juntos Somos Bariloche) reconoció que hoy no tienen en trámite ningún juicio contra funcionarios y apenas hay una investigación abierta, sobre la compra de contenedores de basura con supuestas irregularidades.

Fuentes dijo que una de las dificultades que encontraron es la falta de un “sumariante” con experiencia y aptitud para ese rol. Durante años esa tarea la hizo un empleado de planta municipal, contador de profesión, que se jubiló.

“Ahora tendríamos que elegirlos por concurso con el Colegio de Abogados, pero es un costo extra”, admitió Fuentes.

Dijo que la tarea del Tribunal es continua en el seguimiento de las licitaciones y también auditan los balances del municipio (el último que dictaminaron es el de 2014) y los que presentan los entes autárquicos como el Emprotur, el Simbov, el ente Llao Llao, el que administra el Jardín Botánico, y el Instituto de Tierras y Viviendas.

La vocal por la oposición Julieta Wallace (Frente para la Victoria) dijo que el organismo de contralor está paralizado porque el oficialismo “se niega a llevar adelante” las investigaciones que involucran a la gestión Gennuso.

El punto de choque más notorio fueron las compras contrataciones directas, sin la correspondiente licitación. Wallace dice que son muchísimas y que la mayor parte están injustificadas, pero tanto Fuentes como la tercera vocal, Maia Thieck, aceptan las razones de “urgencia” y las convalidan sin observaciones.

Wallace, ante la falta de otro recurso, empezó a denunciar esos casos en la Justicia Penal.

“Hay que diferenciar las etapas –dijo la vocal opositora–. A partir de diciembre de 2015, los dos primeros años, se trabajó bien, pero luego todo resultó más complicado. En mi presidencia (el año pasado) hacíamos dos reuniones de vocales por mes. Este año no fueron más de cuatro o cinco, y solo para tratar cuestiones administrativas”.

Dijo que entre otras investigaciones que molestan al gobierno “está frenada la que involucra al jefe de Gabinete Marcos Barberis, por la contratación directa de una empresa durante la fiesta de la Nieve 2017”.

Cuando Wallace habla del funcionamiento aceptable del tribunal hasta 2016 lo dice por la fecha en la que renunció Denise Cassatti, quien también había ingresado por el oficialismo, pero mantuvo un perfil más independiente. Si en algo coincidieron Wallace y Fuentes es en la necesidad de cambiar el sistema de elección actual de los miembros del Contralor. Wallace dijo que el voto directo demostró no ser el mejor método y se pronunció por un concurso de oposición y antecedentes, con un jurado independiente.

El cambio se debería realizar por Carta Orgánica, cuya próxima revisión obligatoria recién será en siete años.

Fuentes se manifestó de acuerdo en la selección por concurso y con “requisitos estrictos” de capacidad profesional, para que los vocales sean abogados o contadores. El modelo sería la Auditoría General de la Nación. Hoy la única abogada es Wallace. Cassati es contadora, pero renunció.

El Tribunal de Contralor tiene actualmente un presupuesto anual de 12,5 millones de pesos, que en buena medida se destina al pago de sueldos.

Entre sus tareas excluyentes, según la Carta Orgánica, están las de “revisar las cuentas generales”, los balances del municipio, juntas vecinales, organismos autárquicos, empresas y sociedades de economía mixta con participación municipal, además de “fiscalizar las cuentas por medio de auditorías de contenido económico o financiero, por propia iniciativa o a solicitud del intendente o del Concejo Municipal”.

También debe “aprobar las órdenes de pago expedidas” y “observar” las que considere irregulares, “promover juicio de responsabilidad y juicio de cuentas a funcionarios y empleados, aun después de cesar en sus cargos por extralimitación o cumplimiento irregular” de sus obligaciones, ejercer el control de gestión sobre la ejecución presupuestaria e “instruir sumarios e investigaciones administrativas para determinar responsabilidades patrimoniales”.