Seguridad versus libertad: el debate se enciende en EE. UU.

A cinco años del consenso alcanzado por los estadounidenses sobre la necesidad de protegerse de ataques como los del 11 de setiembre del 2001, el debate opone las medidas de seguridad a la protección de las libertades que han hecho de Estados Unidos un ejemplo de democracia.

Los atentados contra Washington y Nueva York habían instalado en el país el unánime acuerdo sobre el imperativo de evitar nuevos ataques terroristas.

Pero el debate surgió con las primeras fotos de los talibanes capturados vestidos de naranja en diminutas jaulas al aire libre en la base naval estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba.

Cinco años después, cientos de detenidos en el marco de la guerra al terrorismo aún no fueron procesados y permanecen en Guantánamo los más afortunados o en prisiones secretas de la CIA, todos centros donde fueron sometidos a interrogatorios interminables y donde las torturas parecen ser moneda corriente.

En Estados Unidos los servicios de inteligencia tienen un programa de escuchas telefónicas sin autorización de la Justicia, el gobierno espía gran parte de las transacciones bancarias internacionales y la severidad de los servicios de inmigración golpean al ya perjudicado sector turístico.

El presidente George W. Bush fustiga a la prensa que revela tales medidas y repite que son indispensables para impedir que el fantasma de Al Qaeda dañe la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

«Es un desfile de terrores», considera Lisa Graves, responsable de la política legislativa en la ACLU, la poderosa asociación estadounidense de defensa de las libertades civiles, impulsora junto con otras organizaciones de una ofensiva a todos los niveles ante la Justicia de Estados Unidos.

Luego de otorgar algunos salvavidas a los prisioneros de Guantánamo, con autorizaciones de acceso a un abogado y luego a apelar sus detenciones ante un tribunal, los jueces infligieron recientemente un fuerte revés a la política de la administración Bush en lo referente a su «guerra al terrorismo».

En junio, la Corte Suprema estimó que el presidente Bush se extralimitó en sus funciones al establecer tribunales militares de excepción para los «combatientes enemigos», calificación dada a los detenidos en el marco de la «guerra al terrorismo» a quienes les fue negada la Convención de Ginebra sobre derechos de los prisioneros de guerra.

Luego, en agosto, una jueza federal condenó también por abuso de poder su programa de escuchas telefónicas sin orden judicial.

Presionado por los magistrados, el gobierno aceptó a principios de julio aplicar la Convención de Ginebra. Pero apeló la decisión sobre el programa de escuchas telefónicas y confía en que el Congreso restablezca en el próximo otoño boreal nuevos tribunales de excepción.

Si ese proyecto es aprobado, un prisionero podría ser condenado a muerte en base de testimonios indirectos, eventualmente logrados bajo coacción, y de los que es probable no sería informado. Y si es absuelto, podría permanecer igualmente detenido hasta «el cese de las hostilidades».

Varios senadores, incluidos algunos de los más influyentes de la mayoría republicana, han manifestado serias reservas al respecto, especialmente debido a los argumentos presentados por altos responsables militares y diplomáticos estadounidenses sobre las consecuencias que tales medidas podrían tener en la imagen del país. «Debemos mantenernos como un país superior y diferente de nuestros enemigos», subrayó en julio John McCain, probable candidato del Partido Republicano en la próxima carrera por la Casa Blanca. «Nuestra mejor seguridad, en definitiva nuestra única seguridad, está en el mundo de las ideas», aseguró en agosto Anthony Kennedy, un juez conservador de la Corte Suprema cuyo voto definió la decisión sobre los tribunales de Guantánamo.

 

FANNY CARRIER

AFP