La ineficacia mata

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Según las estadísticas que manejan los organismos internacionales, la Argentina es un país de «clase media» con un producto per cápita de aproximadamente 9.000 dólares anuales que invierte sumas respetables en salud y educación. Sin embargo, los resultados de tales esfuerzos suelen ser lo que uno esperaría de tratarse de un país llamativamente más pobre. Conforme a las cifras más recientes difundidas por la Organización Mundial del Salud, la Argentina se cuenta entre los diez países del planeta que más gastan en este rubro en relación con su producto bruto -el 9,7%-, pero aun así ostenta un índice de mortalidad infantil que es casi el doble de aquél de Chile, país que invierte sólo 350 dólares por año, frente a los 826 dólares que se gastan aquí.

Aunque tales discrepancias distan de ser únicas -a pesar de las sumas colosales que gastan en medicamentos los estadounidenses los resultados son inferiores a los logrados por los europeos occidentales-, el que medido con objetividad el funcionamiento del sistema de salud nacional sea peor que el de sus equivalentes de Colombia, Chile, Costa Rica y, por increíble que parezca, Paraguay, tiene una explicación evidente: la desorganización se ha hecho una de las características más notables del estilo de vida argentino. Como es notorio, virtualmente todos los programas de salud públicos y semipúblicos están en manos de políticos, categoría que incluye a los sindicalistas, los cuales están acostumbrados a ponerlos al servicio de sus propias ambiciones proselitistas, cuando no de aprovecharlos como «cajas» a las que pueden sustraer el dinero que necesitan para sus actividades. Desde luego, el clientelismo corrupto así supuesto ha significado que una proporción muy significante del dinero invertido haya sido desviado sistemáticamente ya a los bolsillos de los operadores y sus amos, ya a «costos administrativos», es decir, a dar empleos a personas cuya participación sólo puede justificarse en términos «sociales», porque no cabe duda de que sin su ayuda muchos programas funcionarían igualmente bien.

Según estudios llevados a cabo por distintos grupos de investigadores, en nuestro país todos los días mueren hasta 18 niños, que en Chile sobrevivirían. En este ámbito, como en tantos otros, «los números» reflejan realidades concretas que inciden implacablemente en la vida de muchísimas personas. Claro, de llamar la atención del público un solo caso particular, las protestas serían estruendosas, pero por tratarse de un fenómeno generalizado que según parece sólo interesa a los expertos, el país asiste silenciosamente a una multitud de tragedias cotidianas, muchas de las cuales no se producirían si las autoridades atinaran a emular a sus homólogas no del mítico Primer Mundo, sino de otros países latinoamericanos más pobres.

Por razones acaso comprensibles pero no por eso aceptables, los políticos que, huelga decirlo, son los responsables de supervisar el manejo de los caóticos programas de salud del país, prefieren atribuir sus deficiencias a factores que les son ajenos, como la falta de «justicia social» o el «neoliberalismo». Se trata de eslóganes meramente retóricos destinados a defender el statu quo, nada más. Al fin y al cabo, desde hace muchos años el orden económico chileno ha sido tan «neoliberal» como el atribuido por los populistas a la Argentina, pero no obstante esta desventaja supuestamente decisiva, nuestros vecinos se las han ingeniado para brindar a los sectores de escasos recursos un servicio de salud que, a juicio de las Naciones Unidas, es por lo menos dos veces más eficaz y que, de contar con recursos similares, bien podría resultar equiparable con algunos propios de países mucho más desarrollados. Tampoco merecen tomarse en serio las «denuncias» de los habituados a achacar los problemas que aquejan al sector al ajuste de turno: si bien nadie negaría que sería bueno poder gastar todavía más en cuidar la salud de la población del país, tal como están las cosas un mayor presupuesto no causaría mejora alguna: por el contrario, podría resultar contraproducente al estimular todavía más las ambiciones de políticos y sindicalistas.