La falta de celulares comprados por la Justicia derivó en un alto funcionario multado
El año pasado, la Justicia reconoció la recepción de una compra de celulares y después se detectó un faltante. Se confirmó luego que la entrega fue parcial y existió un responsable.
La compra fue por 40 equipos de celulares, pero la Procuración recepcionó inicialmente 29. Foto Archivo.
Un alto funcionario de la Justicia asumió la responsabilidad por el faltante de teléfonos celulares registrados en una compra del Estado provincial y, frente a un eventual proceso sancionatorio, abonó una multa de casi 1,8 millones de pesos.
En noviembre del año pasado, el Ministerio Público informó de la adquisición de 40 equipos Samsung A25 para las fiscalías y las defensorías, aunque, tras la recepción correspondiente, el registro arrojó la existencia de 29, es decir, 11 teléfonos no estaban en las cajas correspondientes.
En esa ocasión, las autoridades judiciales aclararon que “el faltante se verificó en el Departamento de Patrimonio, al cual habían sido llevados para la asignación del número de serie y el ingreso al equipamiento perteneciente al Estado”.
La situación derivó en una denuncia penal y, también, en una investigación interna, con reuniones y testimonios de la totalidad de empleados del Poder Judicial que habían tenido contacto con las cajas que contenían equipos.
El expediente penal tendría después su derivación en otro territorio, ya que esos equipos fueron activados en el Gran Buenos Aires, incluso derivó en allanamientos para su recuperación. En la Procuración se resaltó que ocho de los once equipos se recuperaron y que están en depósito de la fiscalía del caso.
Simultáneamente, en el Poder Judicial continuó la evaluación de la responsabilidad por la recepción fallida.
El firmante fue el secretario de Superintendencia de la Procuración, Nicolás Rochas. El exlegislador no llevaba un mes en el cargo, a partir de su designación en octubre por parte del Consejo de la Magistratura.
La FIA aseguró que no existió perjuicio al Estado provincial pero, igual, requirió que el Tribunal de Cuentas le aplique una multa sobre su haber.
El expediente fue derivado por el STJ a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que lidera Dolores Cardell. En su análisis, su titular entendió que no existió “perjuicio económico a las arcas públicas, atento que se abonaron solo los 29 equipos efectivamente recibidos” pero, igualmente, frente a la “inobservancia de normas vigentes y aplicables”, la FIA pidió al Tribunal de Cuentas que se le aplique una “multa del 20% de su haber mensual”.
Con esa resolución N° 239, el órgano de control receptor encuadró el caso en el artículo 12 de la ley 2747, en su inciso C. El mismo prevé “multas de hasta el 50% de la retribución mensual” para funcionarios o agentes públicos cuando son “responsables morosos de rendiciones de cuentas”, cumplen “transgresiones legales o reglamentarias, aun cuando no han causado perjuicio a la hacienda pública”, o cuando “desobedecen sus resoluciones”.
En ese marco, el Tribunal abrió el proceso sancionatorio, pero también, ofreció a Rochas cerrar esta instancia con el pago voluntario de la “mitad del máximo” previsto en el artículo correspondiente de la ley 2747. Puntualmente, ese resarcimiento significaba el 25% de su remuneración.
Según trascendió, Rochas se presentó y desactivó el proceso al aceptar voluntariamente la multa con el pago de casi 1.800.000 pesos, con el cual, el Tribunal de Cuentas cerró el proceso sancionario iniciado.
Un alto funcionario de la Justicia asumió la responsabilidad por el faltante de teléfonos celulares registrados en una compra del Estado provincial y, frente a un eventual proceso sancionatorio, abonó una multa de casi 1,8 millones de pesos.
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