Juicio por Techo Digno: revelan serias falencias durante la gestión de Martini en Bariloche

Los testimonios aportados por exfuncionarios nacionales encargados de realizar auditorías de planes de Vivienda fueron los más comprometedores para la exintendenta María Eugenia Martini y el exinspector municipal de obras Alfredo Milano en el segundo día del juicio que enfrentan por la gestión del programa de viviendas Techo Digno.

Entre 2013 y 2015 el municipio de Bariloche licitó, adjudicó y fiscalizó la ejecución de 825 viviendas que se costeaban con fondos nacionales y que no se terminaron en esa gestión, aunque en algunos casos habían sido pagadas en su totalidad.

El programa Techo Digno fue instrumentado por el gobierno nacional en el período 2011/2015 y asignó miles de viviendas en todo el país. Varios municipios rionegrinos firmaron contratos bajo ese esquema y hoy, al igual que Martini, hay una veintena de exintendentes bajo proceso responsabilizados de librar pagos indebidos. En algunas causas también están imputados los empresarios que los cobraron.

Uno de los testigos presentados este viernes por la fiscalía fue Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de Nación a partir de diciembre de 2015, quien afirmó que durante la gestión previa el gobierno nacional “había transferido dinero (por las obras de Techo Digno) que no se condecía con los avances físicos. Era un común denominador”.

Justamente, Martini y Milano están imputados de defraudación en perjuicio de la administración púbica por la presunta certificación de obras en porcentajes superiores a lo efectivamente ejecutado. Contra esos certificados se efectuaron pagos “de más” en favor de las empresas Oriente y Alusa por una cifra que la fiscalía calculó en unos 46 millones de pesos. Martini también está acusada de peculado.

Más explícito que Kerr fue el abogado Ariel Grillo, quien trabajó en el área de auditorías y relevamiento de obras habitacionales de la Nación en todo el país. Dijo también que al revisar la situación de Bariloche encontró -como en otras ciudades- una “discordancia” entre los avances físicos de varios grupos de viviendas “y lo efectivamente certificado y pagado”.

Grillo aseguró las diferencias “eran muy grandes”. Las cifró entre “el treinta y pico y el cincuenta y pico por ciento” del total de la obra, con casos puntuales en los que“el avance financiero era del 100%, es decir que se pagó en su totalidad, y la obra no se había iniciado”.

También, habló de “documentación que había desaparecido” en la secretaría de Viviendas durante el recambio de gobierno, facturas faltantes y unainsólita “aceleración en los plazos de terminación”. El letrado explicó que hubo casos en los que la obra presuntamente se ejecutaba y se libraban los pagos en un tiempo menor al previsto en el plan original, cuando lo habitual con la obra pública es que ocurra lo contrario.

Otra irregularidad que refirió Grillo fue la existencia de firmas de una misma persona que no coincidían en las certificaciones. Señaló que hubo una “politización” de las obras y que durante la gestión del Frente para la Victoria se alteró la práctica habitual de otorgar planes de vivienda a los institutos provinciales (como el IPPV), “que tienen su estructura y equipos técnicos” para eso, y se empezaron a firmar acuerdos directos con los municipios.

Otros testimonios

La información contenida en las declaraciones de los exfuncionarios y auditores de Nación pareció abonar la tesis de la fiscalía, según la cual existió un sistemática sobreestimación de los avances de obra, que se tradujeron en pagos excedidos e injustificados en favor de las empresas.

Las defensas de Martini y de Milano buscan demostrar que si hubo diferencias fueron mínimas y no existió dolo defraudatorio.

En la audiencia de hoy también prestaron declaración la auditora del ministerio del InteriorIrene Gajdzik y el experto en relevamientos aéreos con dron Pablo Alvaredo, quien fue contratado en 2017 para documentar desde el aire los predios donde debieron construirse las viviendas.

Tambíén, a propuesta de la fiscalía, brindaron sus testimoniosla extesorera del municipio Ruth Saavedra y elcontador Manuel García, quien elaboró un dictamen para el Tribunal de Contralor municipal sobre el desvío de fondos específicos durante 2015 y recomendó iniciar juicio de responsabilidad contra Martini y contra su sucesor Gustavo Gennuso.

Admitió que el Tribunal barilochense no siguió ese camino y prefirió formular una denuncia ante la Sindicatura General de la Nación, porque la irregularidad afectó fondos de ese origen.

El juicio continuará el lunes con otros ocho testigos, la mayoría de ellos exfuncionarios del municipio y del IPPV. Para el martes estaría programada la declaración del diputado nacional Miguel Pichetto. Según el cronograma, las audiencias se extenderían hasta el viernes y hacia el final prometió brindar su versión ante el tribunal la propia Martini.