Audiencia por el gasoducto de GNL: fuerte respaldo al proyecto y el consorcio confirmó una ocupación inicial de 1.500 trabajadores
La audiencia pública por el gasoducto y el proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías dejó un amplio respaldo al emprendimiento, aunque también fuertes reclamos por el impacto ambiental y el alcance real del beneficio económico para San Antonio y la región.
La audiencia pública se realizó en el gimnasio municipal de San Antonio Oeste. Foto: Marcelo Ochoa.
Ayer, en San Antonio, se cumplió con la Audiencia Pública exigida para la construcción del ducto que posibilitará la exportación de gas por el Golfo San Matías, previsto en el proyecto del consorcio SESA, con la instalación de dos buques de licuefacción.
En el encuentro participaron más de un centenar de expositores y, en su gran mayoría, respaldaron su ejecución, pero también existieron voces de inquietud por garantizar el «derrame» económico en la localidad. Se escucharon, además, posturas críticas con la ejecución centradas en razones ambientales.
La audiencia se desarrolló por más de 11 horas en el gimnasio local, con un riguroso control policial para su ingreso.
La obra prevé la construcción del Gasoducto Dedicado -entre Tratayén y SAO- y será ejecutada por una sociedad de siete empresas. Lidera PAE con YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El mismo consorcio conformó Southern Energy (SESA) para el proyecto de exportación y, luego, San Matías Pipeline (SMP) para la ejecución del gasoducto.
La apertura de la Audiencia recayó en el presidente del Concejo Deliberante local, Daniel López, a cargo del Poder Ejecutivo municipal por licencia del intendente Adrián Casadei.
La presentación provincial fue de la titular de Ambiente, Judith Jiménez y la secretaria de Energía, Andrea Confini.
Después, el representante del consorcio SMP, Marcelo Pombiccini, destacó que el proyecto afrontará cuatro evaluaciones ambientales, consignando las dos provinciales (Neuquén y Río Negro), de la Nación y de los bancos que lo financian. Además, confirmó una inversión de 1.300 millones de dólares y una ocupación de 1.500 puestos directos en ocasión de la construcción del gasoducto y planta compresora.
Después, la consultora Serman y Asociados expuso su informe ambiental. El equipo -integrado por Mariano Miculisich, María Sol García Cabrera y María Eugenia Lahaye- contabilizó a «cinco puntos de la instalación del proyecto que quedarán en superficie» y reiteró que el plazo de ejecución se estima en 24 meses, estimando su inicio en «el segundo semestre del 2026».
El estudio permitió «identificar» la zona por donde pasa la traza y «no existe ninguna área protegida, ni sensible».
La nómina siguió con funcionarios rionegrinos: los secretarios Mario Figueroa (Relaciones Institucionales de Energía), Mariela Moya (Hidrocarburos) y Daiana Neri (Enlace con las Universidades). Sus conclusiones técnicas y políticas fueron favorables.
Luego, el intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, valoró la experiencia de su localidad donde se logró convivir su actividad fruti-horticola con los movimientos de «servidumbre de paso» generados por esos proyectos energéticos.
Ocupación inicial
- 1.500
- Trabajadores estimados por el consorcio que se ocuparan en la etapa de construcción del Gasoducto.
Elsa Carriqueo y Gerardo Cabrera, de «familias de pulperos», expresaron su acompañamiento con entusiasmo por la posibilidad laboral que ofrece.
Gremios, vecinos y ambientalistas marcaron posiciones contrapuestas durante la audiencia
Entre los gremios, Damian Miler, de la UOCRA, remarcó el impacto de estos proyectos energéticos en el sector de la construcción y destacó que 2.500 trabajadores están registrados actualmente en la delegación atlántica. Ese respaldo también surgió de una veintena de otros miembros del sindicato.
Otro apoyo fue el mensaje del profesor universitario y secretario del bloque de JSRN, Ricardo del Barrio, quien planteó que el «clima define el paisaje natural», también “la matriz productiva y desarrollo». Por eso, cualquier modificación debe darse con su «realidad y servicios nacionales», en el presente contexto.
Las expresiones disidentes al proyecto partieron de organizaciones ambientalistas y algunos vecinos. Existieron referencias a que la audiencia llega tarde porque ya «todo está resuelto y firmado» por parte de la Provincia, no faltaron cuestionamientos a la «militarización» del escenario y se dudó de las estimaciones planteadas de la ocupación laboral.
Desde la política, la única referente legislativa fue la sanantoniense Ayelen Sposito (Vamos con Todos). Figuraban en la nómina, pero no concurrieron sus pares Luciano Delgado Sempe y Magdalena Odarda (remitió un escrito con su postura).
En su exposición, Sposito reclamó «los estudios independientes” que sostengan “los cargos reales y no transitorios» y reclamó “garantías que den cuenta de que los trabajadores no serán de gente de afuera”.
Reiteró que el gobierno provincial eligió el «modelo extractivista» y expresó que «el discurso oficial habla muy poco de los impactos ambientales acumulativos».
Hubo planteos sobre los efectos del proyecto sobre el Golfo San Matías. Martín Di Giacomo afirmó que representa «un ecocidio» y sostuvo que «todos los que están acá, políticos y empresarios, son cómplices del ecocidio».
Desde el gobierno provincial aclararon que el avance de la industria energética no implica desplazar otras actividades económicas tradicionales del Golfo
Por otra parte, María Salcedo advirtió que «no es solo un gasoducto, son buques industriales, más presión sobre el mar y más riesgo sobre ecosistemas altamente frágiles».
Seis legisladores expusieron. Cinco a favor y en contra lo hizo la peronista Sposito.
Se escucharon respaldos de los legisladores oficialistas Lucas Pica y Luis Noale, con críticas a los sectores que resisten, y los aliados Ariel Bernatene (UCR) y Fernando Frugoni (ARI).
Entre los últimos, el titular del bloque JSRN, Facundo López, resaltó que se concentró en la defensa del proyecto en la búsqueda de «crecimiento y desarrollo». Aceptó que la Audiencia «no es vinculante», pero aseguró que el «gobernador Weretilneck sabe escuchar», aunque adelantó la existencia de «una abultada mayoría» que respalda.
La Audiencia se extendió por algo más de 11 horas y el número final de expositores fue de 106. Se consignó que 85 de ellos -el 80%- plantearon su acompañamiento.
Apoyos, con preocupación
Los voceros de las cámaras respaldaron y también lo hizo Walter Sequeira, de la Federación Empresaria Rionegrina, aunque este dirigente además requirió un «derrame real, con industrialización».
Insistió en que «Río Negro no puede ser un simple paso de la riqueza«.
El empresario de Las Grutas reclamó «comisiones fiscalizadoras» y habló de «alarma» por lo que calificó un «avance digitado» en las contrataciones en Sierra Grande, donde «se cierra la participación a los rionegrinos».
Entre los vecinos, Adrián Marzo remarcó que «el derrame no se ve» y, en el mismo sentido, aun al valorar la iniciativa, Cándido García mostró su preocupación de que se repita lo que está ocurriendo en Sierra Grande.
Gastón Palomequez redundó en que «nos están dejando afuera» y calificó de «migajas» al «5% del bono por 20 años que van a usar el Golfo», en referencia a una asignación prevista por la ley del acuerdo para el municipio de San Antonio.
Ayer, en San Antonio, se cumplió con la Audiencia Pública exigida para la construcción del ducto que posibilitará la exportación de gas por el Golfo San Matías, previsto en el proyecto del consorcio SESA, con la instalación de dos buques de licuefacción.
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