Enfrentar la morosidad

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La leve baja en la morosidad de las familias argentinas registrada en junio por el Banco Central no debería llevar a conclusiones apresuradas. El sobreendeudamiento y la pérdida de capacidad de pago sigue en niveles históricamente elevados y que no responde solo a conductas irresponsables, sino que refleja un descalce entre ingresos y gastos básicos que debería ocupar a las autoridades.

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La respuesta oficial de que se trata de un problema entre privados, que se irá solucionando gradualmente con la baja de la inflación y que no corresponde confundir “empatía con políticas públicas” es una falsa disyuntiva. Porque el endeudamiento tiene consecuencias políticas y sociales que la política debe atender, no para condonar indiscriminadamente deudas ni trasladar el costo de las medidas a quienes cumplen, sino para construir mecanismos institucionales que permitan refinanciar, prevenir abusos y evitar que esta dificultad transitoria termine expulsando a miles de personas del sistema financiero.

El propio Banco Central advierte que la situación aún es delicada a nivel de los hogares, donde la irregularidad crediticia se mantiene cerca del 13%, mientras en las empresas disminuye al 3,5%. La diferencia no es menor y revela dónde se concentra el problema. Porque si bien a nivel empresario la cifra se acerca a estándares latinoamericanos, en el plano familiar se ubica muy por encima del 2% al 5% de países vecinos.

Las causas de este fenómeno con múltiples. Sin embargo, hay coincidencia en que entre enero de 2025 y marzo de 2026 el salario privado (35%) quedó rezagado frente a la inflación (41%) en un contexto de alza de tasas de interés. El crédito dejó de ser una forma de financiar mejoras en la movilidad social o emprendimientos personales para convertirse en un puente improvisado para cubrir necesidades básicas y “financiar el mes”.

Tanto si la situación es “consecuencia del modelo”, como plantea la oposición, como si es el resultado de una “incertidumbre preelectoral inducida” en 2025 que buscó desestabilizar al Gobierno, como señala el oficialismo, sus consecuencias requieren atención. El ahogo financiero tiene impacto político, al reducir la confianza tanto en el gobierno como de los consumidores y ha desplazado a la inflación como principal preocupación de los ciudadanos, según encuestas.

El debate sobre el rol de las fintech, donde se produce parte de la mora de sectores vulnerables, es necesario, pero amenaza con ocultar el problema de fondo. Es verdad que el costo financiero de las billeteras virtuales supera con creces el de la banca comercial y sus tasas son prohibitivas para quienes ya se encuentran en mala situación económica. Pero también es cierto que sus costos de financiamiento son superiores al de entidades que reciben depósitos y que incorporaron al crédito formal a millones de personas sin acceso a los bancos, asumiendo mayores riesgos.

Uno de los principales frentes que se debiera atacar, y del cual se debate poco, es el fuerte impacto de los impuestos en el elevado costo de los créditos personales. Hasta un 30% son tributos nacionales, provinciales y municipales, que encarecen cuotas y agravan el problema.

Los deudores sufren un 21% de IVA sobre intereses; 1,2% del impuesto al cheque; retenciones de Ganancias; Ingresos Brutos provinciales de hasta 9% y tasas municipales promedio de 5%.

Con una percepción más cercana del problema, algunas provincias han comenzado a dar respuestas. Neuquén lanzó líneas de refinanciación con préstamos blandos de su banca pública bajando las tasas y recortando a la mitad la alícuota de Ingresos Brutos. En Río Negro, donde la mora supera la media nacional y llega al 23%, se discute en la Legislatura crear un fondo provincial de alivio y garantías que respalde la renegociación de créditos familiares.

Más que demonizar a sectores o promover “perdonazos”, se debería debatir cómo mejorar el marco institucional del crédito: menor presión tributaria, información financiera actualizada, regulaciones que premien el crédito responsable y permitan refinanciaciones tempranas, educación financiera y mecanismos públicos de garantía a quienes tienen voluntad y capacidad de pago. El objetivo no debe ser eximir al deudor de sus obligaciones, sino protegerlo de quedar excluido del sistema por ellas.

La morosidad récord es una advertencia para el  Estado, que no puede limitarse a observar. Debería actuar sobre las condiciones que encarecen el financiamiento y construir instituciones capaces de prevenir el sobreendeudamiento, evitando sus negativas consecuencias socioeconómicas.