El Gobierno busca reactivar el consumo: créditos hipotecarios, freno a las tarifas y un nuevo piso salarial
Con la morosidad crediticia en torno al 13% y los ingresos bajo presión, el equipo económico desplegó una serie de medidas financieras, tributarias y laborales. El plan combina fondos de Anses para viviendas, subas de servicios por debajo de la inflación y una pauta salarial de referencia superior al millón de pesos.
La estrategia del Gobierno parea reactivar el consumo. (Foto: gentileza)
Con el objetivo de amortiguar la caída del poder adquisitivo y dar oxígeno a la actividad interna sin descuidar el equilibrio fiscal, el Gobierno nacional puso en marcha un paquete de disposiciones articuladas entre el ministerio de Economía, la secretaría de Trabajo y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las medidas apuntan a descomprimir el sobreendeudamiento de las familias, abaratar el costo del crédito y contener el impacto de los servicios regulados sobre la canasta básica.
La intervención oficial responde a señales de alerta en el frente financiero y laboral: según relevamientos privados basados en datos del BCRA, la mora crediticia bancaria escaló al 13% en julio, al tiempo que los salarios de varios convenios continúan rezagados frente a la evolución del costo de vida.
Liquidez bancaria, hipotecas con fondos de Anses y préstamos en dólares
En el terreno monetario y crediticio, el Palacio de Hacienda ejecutó un cambio táctico en la licitación de deuda pública: al renovar el 95,96% de los vencimientos, volcó más de $500.000 millones en efectivo al circuito financiero para empujar una baja en las tasas de interés interbancarias y favorecer el refinanciamiento de deudas.
En simultáneo, el ministro Luis Caputo habilitó dos herramientas clave orientadas al sector productivo y habitacional:
- Inyección para créditos hipotecarios: La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) colocará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en plazos fijos bancarios a largo plazo. El esquema busca fondear a las entidades para otorgar préstamos de vivienda con una cobertura estimada de 17.000 a 18.000 familias.
- Financiamiento corporativo en moneda extranjera: Se flexibilizó el acceso a préstamos en divisa dura, permitiendo a los bancos prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a firmas no exportadoras sin requerir avales o garantías cruzadas de terceros.
Piso salarial de $1.070.000 y recomposición en fuerzas de seguridad
En el ámbito laboral, la secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero comenzó a intervenir en las mesas paritarias para fijar una referencia salarial mínima. El objetivo oficial es que los convenios colectivos homologados tras la reforma laboral adopten un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026.
La pauta fue transmitida a sectores con remuneraciones básicas deprimidas, como maestranza, construcción y sanidad, bajo la premisa técnica de que esa corrección salarial no tendrá traslado a precios.
En paralelo, a través del Decreto 214/06 y normas complementarias, la administración central formalizó una suba escalonada del 12,22% acumulada entre septiembre y diciembre para el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales, tramo que arranca con un incremento del 6,9% a partir de este mes.
Tarifas energéticas por debajo del IPC y freno a los combustibles
Para contener el impacto sobre los costos fijos de los hogares, el Ejecutivo resolvió aplicar un tope a las actualizaciones tarifarias de septiembre y mantenerlas por debajo del 1,8% proyectado para la inflación del mes por el REM. De esta forma, las facturas de electricidad registrarán una suba promedio del 1,75% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, al tiempo que la Secretaría de Energía amplió la bonificación extraordinaria al 25%, alcanzando un subsidio total del 75% para las familias de menores recursos. En tanto, la corrección para el servicio de gas natural quedó establecida en un 1,40% promedio a nivel nacional.
En sintonía con la moderación de los servicios públicos, el Palacio de Hacienda buscó evitar presiones adicionales sobre los surtidores en medio de la escalada internacional del petróleo, que volvió a superar los 90 dólares por barril. A través del Decreto 829/2026, la administración nacional extendió hasta el 30 de septiembre los importes fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) correspondientes a agosto, postergando la actualización trimestral atada a la inflación para atenuar los incrementos en naftas y gasoil.
Con el objetivo de amortiguar la caída del poder adquisitivo y dar oxígeno a la actividad interna sin descuidar el equilibrio fiscal, el Gobierno nacional puso en marcha un paquete de disposiciones articuladas entre el ministerio de Economía, la secretaría de Trabajo y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las medidas apuntan a descomprimir el sobreendeudamiento de las familias, abaratar el costo del crédito y contener el impacto de los servicios regulados sobre la canasta básica.
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