Grosso fue más rápido y se entregó

Para evitar el bochorno de ser arrestado por la policía, el ex intendente porteño Carlos Grosso se presentó ayer ante el juez que lleva adelante una vieja causa en su contra por supuesta asociación ilícita y retiró la caución que había presentado para quedar eximido de prisión, por lo que automáticamente quedó detenido y fue enviado al Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional.

Grosso, que se presentó convencido de que en cualquier momento podía quedar preso, se mostró como una víctima política y confía en quedar desvinculado de la causa, ocupa ahora la celda que dejó vacía días atrás el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien -detenido por la causa de las armas- fue trasladado a Campo de Mayo.

El ex intendente de Buenos Aires, que recibió una lluvia de acusaciones por su desempeño en la comuna capitalina durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem, está acusado de supuesta «asociación ilícita» por la concesión presuntamente irregular del predio Golf-Velódromo, en 1991.

Se trata de la entrega de la explotación de ese lugar a la firma AESA, la cual, según la fiscalía, habría sido una «concesión directa encubierta» en la que hubo una «connivencia delictiva de funcionarios y empresarios».

Grosso había declarado oportunamente que fue una operación «legítima» que tuvo sus «tiempos concretos».

El 15 de marzo, la Sala VII de la Cámara del Crimen porteña revocó el sobreseimiento del que gozaba Grosso, lo procesó, le aplicó prisión preventiva y le dictó embargo por 10 millones como coautor de una asociación ilícita.

Pero como la causa se tramitaba por la legislación vigente hasta 1992, previo a la reforma judicial, su procesamiento no implicaba necesariamente su arresto efectivo. Igualmente, el imputado debía pedir formalmente la exención de prisión.

Por ello, a raíz de un pedido de los defensores de Grosso, el juez de instrucción Eliseo Otero le concedió la exención bajo una fianza de 20 mil pesos, tomándole como garantía la escritura de un campo en Buenos Aires.

Esa decisión fue apelada por el fiscal Pablo Lanusse y la querella, por lo cual los camaristas Abel Peró y Juan Piombo aún no habían resuelto, pero se especulaba con que podían revocar la exención y ordenar la detención de Grosso. Imprevistamente, ayer a la mañana Grosso se presentó ante el juez Otero y retiró la caución que había dejado, tras lo cual quedó detenido.

Según explicó en un escrito, lo hizo «ante crecientes versiones en los ámbitos políticos y judicial» que indicaban que la Cámara revocaría la exención de prisión, posibilidad que fue confirmada por fuentes tribunalicias. (DYN)

Berhongaray será indagado por el rebrote de la aftosa

El ex secretario de Estado, Antonio Berhongaray, será indagado el próximo 14 de mayo por su presunta responsabilidad en la propagación de la fiebre aftosa, que el año pasado afectó a miles de cabezas de ganado y provocó el cierre de mercados externos a las carnes argentinas, generando así un millonario perjuicio económico al país.

La información fue suministrada por fuentes judiciales que precisaron que la indagatoria de Berhongaray fue ordenada por el juez federal Jorge Urso, quien también citó como acusado al ex interventor del Senasa, Oscar Bruni.

En principio Berhongaray, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el inconcluso gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, se presentará ante la Justicia sin riesgo de quedar preso, ya que los delitos que se le imputan tienen penas leves y admiten la excarcelación.

El juez Urso ordenó la indagatoria de Berhongaray bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el artículo 206 del Código Penal, que sanciona con un máximo de 6 meses de prisión «al que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal».

No obstante, el ex diputado radical podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos si es declarado responsable de poner en riesgo la salud pública, aunque la aftosa no constituya una zoonosis. (DYN)

Mulford no declaró y pide absolución

El ex subsecretario del Tesoro de los EE.UU., David Mulford, no concurrió ayer a declarar como imputado ante la Justicia y, en cambio, solicitó que lo absuelvan en la causa por el «megacanje» de la deuda externa, se informó en los tribunales.

El escrito de Mulford, también directivo del banco Credit Suisse First Boston (CSFB), fue alcanzado por su abogado al juzgado federal número dos de Jorge Ballestero.

El ahora banquero y ex alto funcionario de Washington propuso al magistrado que «se deje sin efecto el llamado a indagatoria (para hoy) y se dicte su sobreseimiento en la causa».

Mulford ocupó la subsecretaria del Tesoro de EEUU y en calidad de ello recibió el máximo galardón que otorga Argentina -Orden de Mérito al Libertad General San Martin- de manos del entonces ministro Cavallo.

Precisamente Cavallo hizo participar al CSFB de Mulford en el conglomerado de bancos que actuaron como intermediarios en el «megacanje» de la deuda de Argentina y, así, embolsaron comisiones del Estado por unos 160 millones de dólares. Mediante esa operación «los funcionarios que representaron a la Argentina, en violación de sus deberes, habrían obligado en forma abusiva a la Argentina con el propósito de lograr un lucro indebido para las entidades financieras», escribió el juez Ballestero.

Menem recusó a camaristas por las armas

El ex presidente Menem acusó ayer de «ser indiferentes a la verdad» y «carecer de capacidad» para juzgarlo a los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, y reclamó su apartamiento de la causa por el presunto tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

«Vuestra excelencia carece de capacidad específica para hacerse cargo de este proceso» y «esa falta de capacidad configura un caso gravedad institucional que pone en serio peligro la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier ciudadano», reprochó ayer Menem al recusar a los tres jueces de la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.

Se trata de los magistrados que el 8 de abril pasado revocaron el fallo mediante el cual el juez Julio Speroni había decretado la falta de mérito de Menem en la causa por el tráfico de armas.

Los camaristas de la sala B, además, ordenaron profundizar la pesquisa e indagar al ex presidente en base a nuevas pruebas acumuladas al caso, que desde el 3 de abril mantiene preso al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

«Evidentemente a vuestra excelencia le resulta indiferente que las conclusiones del proceso se asienten sobre la verdad o no, o que el trámite del mismo se ajuste a expresos mandatos constitucionales. En vista de ello, mal se puede esperar que cumpla con los fines del proceso en adelante», escribió, en representación de Menem, el abogado Alejandro Novak, defensor del riojano.

La defensa hizo reserva de recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal y a la Corte Suprema de Justicia en caso de que los jueces de la sala B rehusen apartarse del proceso, en el que intervienen desde 1996. Según Menem, la sala B «se valió» de instrumentos del sistema penal «a efectos de agravar mi situación procesal».

La decisión que irritó a Menem fue la nulidad que la Cámara dispuso sobre la falta de mérito que había dictado Speroni en favor del ex mandatario, que así quedó nuevamente complicado en un asunto que creía superado desde que, el 20 de noviembre pasado, la Corte dejó sin efecto los cargos que pesaban en su contra y que lo tuvieron más de cinco meses bajo arresto domiciliario. (DYN)