La «pesada herencia» no será sólo una frase cliché para el futuro gobierno

La frase que muchos gobernantes hicieron pasar a la historia en su discurso inaugural -«hemos recibido…. una pesada herencia»-, una vez más muestra una vigencia escalofriante.

Imposible negar la «pesada herencia» que recibió Carlos Menem en 1989 del gobierno radical en retirada anticipada: hiperinflacción, sensación de caos generalizado, situación cercana a la cesación de pagos, mala imagen internacional, etc.

En la actualidad, con otros parámetros, de puertas adentro la situación no es menos difícil que aquella.

Esta «pesada herencia» que tendrá que enfrentar el gobierno aliancista capitaneado por Fernando De la Rúa reconoce causas coyunturales y estructurales.

Entre las primeras, además, la lista incluye dos medidas del gobierno de los últimos días a las que no se les puede obviar la intencionalidad política de Menem de usarlas para construir su base de poder y pelear por el ansiado regreso en el 2003. Ellas son:

· El decreto que asigna 250 millones de dólares anuales para La Rioja, al margen de la coparticipación.

· La devolución a los sindicatos de la administración de los fondos de las obras sociales. Aquí, si bien no se puede discutir su legalidad de la medida , la devolución le resta 360 millones de dólares anuales al presupuesto nacional del año 2000.

Entre las causas estructurales, figuran:

· El crecimiento de la deuda externa, que durante el gobierno menemista pasó de 56.700 millones de dólares en 1990 a 118.000 en la actualidad. Según FIEL, la relación entre deuda pública y exportaciones, es «la peor de todos los países emergentes del mundo», por ser cinco veces superior a las ventas al exterior.

· Un déficit fiscal superior a lo anunciado por Economía: 5700 millones de dólares contra 5.100 anunciado. Y 10.000 millones para el 2000 (que, según ya estima el economista radical Ricardo López Murphy, será incluso superior).

· La desocupación (que ya el propio Roque Fernández indica que es superior al 15%), a lo que hay que agregar la subocupación (en el gran Buenos Aires asciende a porcentajes similares, y en el resto del país promedia al 10%). Son cuatro millones de personas con problemas de empleo. A esto hay que sumarle la precarización del empleo, característica de los últimos años.

· Pobreza. Según el Indec, el índice de pobreza alcanzó el 27% en mayo. En un año el número de personas en esa situación creció en 350.000 en la Capital y el Gran Buenos Aires. Los indigentes -un escalón inferior- crecieron 280.000 en un año, trepando a 900.000 personas.

Los datos de la pobreza

En los últimos cinco años, 1,4 millones de personas pasaron a engrosar las filas de los pobres.

Se define como pobreza: a) cuando conviven más de tres personas por habitación, b) viven en piezas de inquilinato o viviendas precarias, c) no tienen baño con descarga de agua, d) hay niños en edad escolar que no concurren a la escuela.

Según el INDEC, el 10% de la población bonaerense (1,6 millones de personas), viven con 54 pesos mensuales.

· Pobreza II. Según cifras oficiales, el 39,7% de los hogares del país no tiene cloacas.

· Niños. Casi la mitad de la población infantil del país, unos 4,5 millones de niños, viven en la pobreza, también según cifras oficiales.

· Salud. El 57% de los asalariados más pobres carece de cobertura médica.

· La Carpa Docente. No cambió -y probablemente se agudizó- en los últimos años la situación que llevó al ayuno de los docentes y la singular medida de protesta.

· El sistema de salud de los jubilados que desde hace varios años está al borde del colapso a pesar del millonario presupuesto que maneja. (El Congreso le acaba de garantizar una partida mensual para cubrir sus necesidades de 200 millones de dólares mensuales).

· La corrupción e ineficiencia del PAMI

· El desquiciado sistema de salud de los hospitales, donde es habitual la falta de medicamentos, de infraestructura, y los sueldos del personal son lamentables.

· Las jubilaciones de 150 pesos con las que viven más de un millón de jubilados.

· La recesión, que aparentemente estaría dando indicios de comenzar a ceder.

· La situación de las provincias

· La desindustrialización del país.

· La pérdida de dinamismo de la industria. En el segundo trimestre la actividad industrial cayó el 10,5%.

· Privatizaciones monopólicas (la división de país en áreas delimitadas para cada empresa) con escaso control del Estado que deriva en pocos derechos para los usuarios. Tarifas abusivas (en el caso de teléfonos y correos son más elevadas que en los países desarrollados) y cláusulas de obligatoriedad de inversiones que terminó pagando el usuario mediante suba de tarifas (Metrovías y Aguas Argentinas).

· El fracaso en la privatización de las centrales nucleares. Una privatización que toda la industria nuclear consideraba inviable pero que el gobierno se encaprichó en que debía concretarse. Con el objetivo de desprenderse de las centrales nucleares se partió a la Comisión Nacional de Energía Atómica provocándole un retroceso del que probablemente nunca se recupere. Ahora, la CNEA depende del Tesoro, con lo que requiere de un financiamiento que antes no necesitaba.

· El desquicio que es el «sistema científico-tecnológico» del país, con fondos mal asignados e investigadores que subsisten lastimosamente con becas de escaso monto.

Deudas que pesan

Esto y muchas otras deudas son las que dejó el menemismo.

Y , lamentablemente, a una parte importante de la población -a los cuatro millones de desocupados y subocupados, a los que viven con 1,80 pesos diarios, a los que padecieron la impunidad del poder- no les alcanza con que la Argentina esté inserta en el mundo y que participe con tropas en los conflictos internacionales.

Tampoco que haya crecido el PBI porque -en esas cosas de las estadísticas- para ellos, su poder adquisitivo se desplomó y arrastró su calidad de vida.

Y aspiran a una vida digna, algo que para muchos hoy, en el antiguo granero del mundo, es una utopía.

Esa gente -y la clase media venida a menos, y los que no viven del poder- es la que está harta de impunidad y quiere que los jueces hagan justicia; que los asesinos comunes y los genocidas calificados no sigan caminando por la calle; que todos los funcionarios, asesores, amigos, y parientes del poder que se enriquecieron ilícitamente paguen con la cárcel y devuelvan lo robado.

El concejal Pico fue condenado, está en la cárcel, pero no tiene que devolver lo robado. Algo no funcionó en algún Código.

Por todo esto y tanto más, este paquete que recibe el gobierno de la Alianza -que es mucho más que Fernando de la Rúa y Carlos Alvarez- tiene otra faceta que no pasa por la economía y que es, fundamentalmente, la necesidad del pueblo de volver a creer y que el esfuerzo de estudiar y trabajar, otra vez vuelva a tener sentido.

No se pide riqueza, se pide justicia, trabajo y equidad social.

Elida Bustos