Corrupción: nuestro deber como ciudadanos es exigir justicia

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DIEGO LO TÁRTARO (*)

Diariamente oímos declaraciones y observamos actitudes de políticos y funcionarios del gobierno anterior criticando acertadas y justas medidas del gobierno nacional, y en algunos casos tratando de entorpecer su gestión. Lo mejor que podrían hacer es llamarse a silencio y ocultarse, no solo en bien de la salud pública, sino particularmente para tratar de preservarse y que la opinión pública con el tiempo vaya olvidando las fechorías que cometieron. Su desvergonzado, nauseabundo y pestilente enriquecimiento ilícito, logrado a costa del despojo y la desatención de quienes ellos decían y dicen defender y representar, “los más humildes”, los hizo inmensamente ricos. La adormecida y demasiado lenta justicia, por el solo hecho de justificar su razón de ser, debe abocarse con celeridad a enmendar su a veces dudosa y cómplice lentitud, de manera tal de volver a la jerarquía que en otros tiempos y con otros jueces supo tener. Diferentes individuos, funcionarios y grupos económicos que se enriquecieron o crecieron con inadmisible prontitud deben rendir cuenta de ese crecimiento, al igual que aquellos funcionarios que debían controlarlos. Escandalosos fraudes cometidos a nivel nacional, provincial y municipal deben ser investigados por juzgados anticorrupción a crear. Algunos de estos delitos muy difíciles de cuantificar, como es el caso de la venta de dólares a término por parte del Banco Central como único oferente a un valor inferior en un 30% del que se negociaba en el mercado de Nueva York, con montos que triplicaban las ventas normales, operatoria esta en la que sin lugar a dudas tienen en la más indulgente de las hipótesis una responsabilidad culposa el presidente y el Directorio del Banco Central, el ministro de Economía y en última instancia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como así también debe conocerse quiénes fueron compradores legítimos y quiénes solo especularon tramposamente, se debe analizar la responsabilidad o no que le pueda corresponder al mercado a través del cual se efectivizaban estas operaciones, el Rofex. Todas las áreas de gobierno tanto nacional como provinciales y municipales deben ser auditadas, ya que durante doce años fueron cotos exclusivos de quienes las tenían a su cargo y responsabilidad y, cuando se detecten fraudes, deben llevarse a la Justicia y hacerse públicos de forma clara, accesible y comprensible a todos los ciudadanos. La corrupción cuando llega a niveles como el que alcanzó en nuestro país, si bien es muy difícil y compleja de erradicar, juzgar y castigar, es una enfermedad que, si no se la ataca con todos los medios e instrumentos que la Justicia tiene y de los que dispone, es mortal. Debemos evitar que un delito tape a otro. Por otra parte, es nuestro deber y compromiso como ciudadanos exigir que la Justicia –con mayúscula– se haga presente y actúe conforme a derecho con celeridad y rigor, como también debemos reaccionar y actuar ante jueces cuyos fallos son inadmisibles y vergonzantes, porque solo de esta forma podremos preservar la dignidad como Nación. (*) Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (Iader)

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Arturo Pérez Reverte, escritor y periodista español, en Twitter