¿Fin del Estado redistributivo?
Hace algo más de cuatro años, frente al nuevo ciclo legislativo del 2011, la reelecta Cristina Fernández apuntó al universalismo de las políticas sociales. Destacaba entonces la extensión de la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas. Esta medida, sumada a los avances en la seguridad social para la vejez –hacia el final del mandato un sistema que estuvo próximo al ciento por ciento de cobertura–, parecía poner a la Argentina en el sinuoso pero decidido itinerario de la construcción de los viejos Estados de bienestar europeos. Para ese modelo –cuya vanguardia había sido un pequeño grupo de países escandinavos y Gran Bretaña– la consigna central era bienestar “desde la cuna hasta la tumba”. Eran tiempos de un consenso a favor de “un mínimo de existencia garantizado” como derecho a todos los individuos. Igual que en aquellas experiencias, la Argentina montó un Estado redistributivo y reparador. Partía de una fórmula sencilla: los beneficios obtenidos para cada argentino debían ser mayores a las pérdidas. Para ello se promovieron estructuras, algunas sólidas y otras desordenadas y complejas. Algunas de esas instituciones contaban con cierto horizonte temporal de continuidad. Tal el caso de la asignación universal por hijo. Otras, que ya eran conocidas dentro del mundo de las negociaciones laborales-empresariales –convenios colectivos de trabajo– eran relanzadas. Fueron más las nuevas que abordaron a grupos de personas afectadas de manera negativa por políticas anteriores. Ese conjunto de artefactos e instituciones generó sin duda una fiscalidad gravosa, además de desafecciones difíciles de canalizar. El tema de los Estados de bienestar ha sido ampliamente estudiado. Salvo la crítica más radical del liberalismo extremo y en algunos elencos marxistas, después de 1945 las sociedades desarrolladas fueron más igualitarias. Ciertamente, a varias de ellas se las llamó, con exceso de optimismo, “sociedades de la solidaridad”. Es que hubo pretensiones de solidaridad a partir de una verdadera revolución en la redistribución de los ingresos y medidas reparadoras. Es que esos Estados fueron resultado del efecto combinado de varios procesos, entre ellos las grandes guerras mundiales y crisis económicas, además de la voluntad de pagar una gran deuda social y moral en escenarios en donde fallaron estrepitosamente las filosofías liberales. Es así que el doble rostro redistributivo y reparador de las políticas gubernamentales dieron impulso a ese cambio extraordinario de época que, como es sabido, fue interrumpido por la ola conservadora anglosajona de fines de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado. La Argentina parece copiar este ciclo. Lo cierto es que aquellas ideas de reparación y redistribución estuvieron en escena en el discurso presidencial de hace cuatro años. Por ejemplo cuando la entonces presidenta señaló en clave de “reparación histórica” el pago de indemnizaciones para los extrabajadores de la exempresa estatal Somisa, privatizada en tiempos de Carlos Menem. Ideas materializadas durante ese ciclo parlamentario del 2011-2015, cuando se otorgó por medios legislativos una generosa indemnización a los exempleados de YPF que habían sido excluidos del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada del año 1991. Se sumó inmediatamente una verdadera avalancha legislativa del mismo tenor. En las últimas sesiones del Congreso pasado se aprobó la indemnización para los extrabajadores de Gas del Estado, que reparaba el incumplimiento del pago de las acciones establecido con la privatización de veinte años atrás. También fueron incluidos extrabajadores de Segba, de Agua y Energía, igual que de la Petroquímica General Mosconi, entre otros. Por si fuera poco, en esos años hubo proyectos favorables otorgando pensiones graciables, tanto desde el Congreso nacional como por parte de las Legislaturas provinciales. Dichos beneficios continuaban las políticas de reparación para quienes mayormente fueron detenidos por razones políticas en los años del terrorismo estatal y por las detenciones ilegítimas previas del período 1955-1976. Está claro que en este tiempo corto ya transitado por la nueva administración de Mauricio Macri se decidió desmontar el binomio reparación-redistribución conocido durante gran parte del ciclo 2003-2015. Más aun, la apuesta es de evidente sentido inverso al generar un esquema redistributivo orientado a reparar la bolsa de un empresariado y grupos financieros locales y transnacionales que habían sido obligados a perder posiciones relativas. Todo bajo la intención de que el mercado vuelva a ser el motor del virtuosismo social y generador de riquezas indefinidas. Para ello hay un fuerte discurso de deslegitimación de las mismas ideas de reparación y redistribución. Sin duda resulta tentador interpretar el momento actual de nuestra política bajo los modos de una espectacular vuelta atrás. Muchos lo hacen considerando que lo nuevo de la coalición gobernante encabezada por el Pro es lo viejo conocido, ensayado y fracasado de los años noventa. Hay argumentos en este sentido, pero falta que el movimiento del tiempo histórico deje su huella. Pero por sobre todo falta poner en juego la memoria de las experiencias colectivas que habían dado centralidad a un sentimiento aceptado. Aquel que había otorgado su hora a las políticas de redistribución y reparación para quienes están en los escalones inferiores de la sociedad. El nuevo tiempo político tendrá en vilo estas dos dimensiones que tanto son sociales como morales pero por sobre todo definen políticas estatales. (*) Profesor de Historia y Derecho Político, UNC
Opiniones
Gabriel Rafart – cgrafart@gmail.com
Orhan Pamuk, escritor turco, premio Nobel
Hace algo más de cuatro años, frente al nuevo ciclo legislativo del 2011, la reelecta Cristina Fernández apuntó al universalismo de las políticas sociales. Destacaba entonces la extensión de la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas. Esta medida, sumada a los avances en la seguridad social para la vejez –hacia el final del mandato un sistema que estuvo próximo al ciento por ciento de cobertura–, parecía poner a la Argentina en el sinuoso pero decidido itinerario de la construcción de los viejos Estados de bienestar europeos. Para ese modelo –cuya vanguardia había sido un pequeño grupo de países escandinavos y Gran Bretaña– la consigna central era bienestar “desde la cuna hasta la tumba”. Eran tiempos de un consenso a favor de “un mínimo de existencia garantizado” como derecho a todos los individuos. Igual que en aquellas experiencias, la Argentina montó un Estado redistributivo y reparador. Partía de una fórmula sencilla: los beneficios obtenidos para cada argentino debían ser mayores a las pérdidas. Para ello se promovieron estructuras, algunas sólidas y otras desordenadas y complejas. Algunas de esas instituciones contaban con cierto horizonte temporal de continuidad. Tal el caso de la asignación universal por hijo. Otras, que ya eran conocidas dentro del mundo de las negociaciones laborales-empresariales –convenios colectivos de trabajo– eran relanzadas. Fueron más las nuevas que abordaron a grupos de personas afectadas de manera negativa por políticas anteriores. Ese conjunto de artefactos e instituciones generó sin duda una fiscalidad gravosa, además de desafecciones difíciles de canalizar. El tema de los Estados de bienestar ha sido ampliamente estudiado. Salvo la crítica más radical del liberalismo extremo y en algunos elencos marxistas, después de 1945 las sociedades desarrolladas fueron más igualitarias. Ciertamente, a varias de ellas se las llamó, con exceso de optimismo, “sociedades de la solidaridad”. Es que hubo pretensiones de solidaridad a partir de una verdadera revolución en la redistribución de los ingresos y medidas reparadoras. Es que esos Estados fueron resultado del efecto combinado de varios procesos, entre ellos las grandes guerras mundiales y crisis económicas, además de la voluntad de pagar una gran deuda social y moral en escenarios en donde fallaron estrepitosamente las filosofías liberales. Es así que el doble rostro redistributivo y reparador de las políticas gubernamentales dieron impulso a ese cambio extraordinario de época que, como es sabido, fue interrumpido por la ola conservadora anglosajona de fines de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado. La Argentina parece copiar este ciclo. Lo cierto es que aquellas ideas de reparación y redistribución estuvieron en escena en el discurso presidencial de hace cuatro años. Por ejemplo cuando la entonces presidenta señaló en clave de “reparación histórica” el pago de indemnizaciones para los extrabajadores de la exempresa estatal Somisa, privatizada en tiempos de Carlos Menem. Ideas materializadas durante ese ciclo parlamentario del 2011-2015, cuando se otorgó por medios legislativos una generosa indemnización a los exempleados de YPF que habían sido excluidos del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada del año 1991. Se sumó inmediatamente una verdadera avalancha legislativa del mismo tenor. En las últimas sesiones del Congreso pasado se aprobó la indemnización para los extrabajadores de Gas del Estado, que reparaba el incumplimiento del pago de las acciones establecido con la privatización de veinte años atrás. También fueron incluidos extrabajadores de Segba, de Agua y Energía, igual que de la Petroquímica General Mosconi, entre otros. Por si fuera poco, en esos años hubo proyectos favorables otorgando pensiones graciables, tanto desde el Congreso nacional como por parte de las Legislaturas provinciales. Dichos beneficios continuaban las políticas de reparación para quienes mayormente fueron detenidos por razones políticas en los años del terrorismo estatal y por las detenciones ilegítimas previas del período 1955-1976. Está claro que en este tiempo corto ya transitado por la nueva administración de Mauricio Macri se decidió desmontar el binomio reparación-redistribución conocido durante gran parte del ciclo 2003-2015. Más aun, la apuesta es de evidente sentido inverso al generar un esquema redistributivo orientado a reparar la bolsa de un empresariado y grupos financieros locales y transnacionales que habían sido obligados a perder posiciones relativas. Todo bajo la intención de que el mercado vuelva a ser el motor del virtuosismo social y generador de riquezas indefinidas. Para ello hay un fuerte discurso de deslegitimación de las mismas ideas de reparación y redistribución. Sin duda resulta tentador interpretar el momento actual de nuestra política bajo los modos de una espectacular vuelta atrás. Muchos lo hacen considerando que lo nuevo de la coalición gobernante encabezada por el Pro es lo viejo conocido, ensayado y fracasado de los años noventa. Hay argumentos en este sentido, pero falta que el movimiento del tiempo histórico deje su huella. Pero por sobre todo falta poner en juego la memoria de las experiencias colectivas que habían dado centralidad a un sentimiento aceptado. Aquel que había otorgado su hora a las políticas de redistribución y reparación para quienes están en los escalones inferiores de la sociedad. El nuevo tiempo político tendrá en vilo estas dos dimensiones que tanto son sociales como morales pero por sobre todo definen políticas estatales. (*) Profesor de Historia y Derecho Político, UNC
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