Aprobaron la lista de beneficiarios de las residencias estudiantiles

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales aprobó, el viernes, el informe del área de Bienestar Estudiantil vinculado con las altas y bajas de los estudiantes beneficiarios de las becas de Residencia Universitaria. Las condiciones de acceso y permanencia en las residencias están establecidas en una ordenanza que, en 2008, impulsó el claustro estudiantil en el Consejo Superior y fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, en la facultad con sede en Roca, su aplicación es motivo habitual de divergencias. La ordenanza establece que los estudiantes beneficiarios deben mantener un rendimiento académico de al menos tres exámenes finales aprobados en el año, y en el caso de los ingresantes, de dos. En el 2010, el Consejo Directivo ratificó las bajas informadas por el área social, a cargo de Mariela Pérez, pero algunos de los residentes se negaron a convalidar la decisión. Sólo uno de los estudiantes que fueron dados de baja en esa oportunidad permanecía actualmente en la residencia, luego de plantear un recurso de reconsideración que fue finalmente desestimado en la sesión del viernes, a la par que se ratificaron un total de 15 bajas a los actuales residentes por no reunir los requisitos mínimos de permanencia. Durante el proceso de evaluación, se tienen en cuenta los casos especiales con dificultades familiares, de salud y sociales, para dar lugar a las excepciones que permiten a los alumnos que se encuentran en estas condiciones, ampliar el período de renovación. Al inicio de la sesión, el Consejo Directivo trató también la propuesta de rechazar la ordenanza 1048 del Consejo Superior. Luego de expuestas las posiciones, se pasó a votar la moción que fue desestimada por 8 votos contra 7, y una abstención, con votación nominal. La ordenanza, que fue aprobada por amplia mayoría en el Consejo Superior en diciembre del 2013, avaló un convenio suscripto por la rectora Teresa Vega por el que la secretaría de Políticas Universitarias de la Nación otorgó una asignación presupuestaria extraordinaria a la Universidad Nacional del Comahue, a fin de superar un déficit acumulado de 37 millones de pesos, aunque sujeto a un régimen de seguimiento del cumplimiento de pautas de ordenamiento administrativo que permitan superar falencias crónicas al interior de la institución.

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