Separan a Bonadío de la investigación por anomalías

Después de cinco años al frente del caso, el juez federal Claudio Bonadío fue expulsado del expediente por las irregularidades de la causa AMIA, en una decisión tomada por la Cámara Federal porteña que le imputó al magistrado haber tenido «falta de imparcialidad» y un «doble rol» de magistrado y sospechoso.

Según se supo ayer, la Sala I de Cámara Federal porteña -conformada especialmente- recordó que Bonadío debió haberse «apartado voluntariamente» cuando en la causa quedó bajo sospecha el ex ministro del Interior menemista, Carlos Corach, a quien el juez había asesorado en la Secretaria Legal y Técnica antes de llegar a los Tribunales.

También recordaron que el propio Juan José Galeano, el ex juez de la causa AMIA, a quien Bonadío debía investigar, fue apartado del expediente -y luego destituido- por irregularidades semejantes a esta.

Ahora, mientras Bonadío suma un nuevo traspié en el Consejo de la Magistratura, el juez federal Ariel Lijo -que hace un año asumió en el juzgado federal 4- se hará cargo del complicado expediente que analiza el supuesto encubrimiento en la causa por el atentado a la terrorista a la mutual judía que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994.A partir de ahí, Lijo deberá resolver qué hace con las seguidilla de indagatorias que había ordenado Bonadío, algunas de las cuales ya se cumplieron, pero que con esta medida quedaron anuladas, dijeron  fuentes judiciales.

La nómina estaba liderada por Galeano, sus secretarios, ex fiscales, los espías de la SIDE encabezados por su ex jefe Hugo Anzorreguy y hasta el absuelto Carlos Telleldín, el reducidor de autos que en 1996, en prisión, cobró 400 mil dólares de parte del Estado para hacer una declara

ción indagatoria en la que involucró en la masacre a un grupo de policías encabezados por Juan José Ribelli.

En la lista no figuraba Corach, entonces ministro del Interior, quien había sido señalado como supuesto gestor ante la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo -a quien lo unía una gran amistad- la declaración en la que Telleldín acusó a los policías.

Según el fallo, al resolver la recusación por supuesta «falta de imparcialidad» hecha por el abogado José Ubeira, defensor de Ribelli, los conjueces Carlos González, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone -convocados especialmente para integrar la Sala I de la Cámara Federal- advirtieron que «resulta obligado el apartamiento» de Bonadío. Entendieron que habría incurrido en «doble rol», es decir que intervino como juez e imputado en el mismo expediente, y señalaron que hay «dudas razonables sobre el proceder imparcial del juez» tras un planteo de competencia que le ganó a su coleg María Servini de Cubría, quien pretendía tramitar la causa contra Corach por presuntos delitos de acción pública vinculados con las anomalías del caso AMIA. Bonadío debió «evaluar su apartamiento voluntario» en el caso, dijeron los jueces al recordar lo dicho por la sala II de la Cámara, pero adoptó «decisiones posteriores» en la causa, sin -supuestamente- mensurar «la relación funcional directa que mantuviera en el pasado con Corach».

Según el informe que envió la Presidencia de la Nación, dice el fallo, Bonadío fue asesor de Corach, «del 19/9/90 al 8/9/92 y su subsecretario de Asuntos Legales, del 8/9/92 a 30/6/94», pero, al ser requerido, sólo hizo una «indicación genérica de sus antecedentes laborales en el Poder Ejecutivo». (DyN)

Notas asociadas: El origen de la denuncia Esperan «oxigenación»

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