Sostienen que Nahuel ejercía un “derecho político”

La APDH, que pidió ser querellante, considera la muerte del joven mapuche un homicidio cometido por el poder estatal.

Con la premisa de que Rafael Nahuel ejercía un “derecho político” al momento de ser asesinado por una bala policial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentará como querellante en la causa que investiga el Juzgado Federal de Bariloche.

La investigación que lleva adelante el juez federal Gustavo Villanueva no tiene hasta el momento imputados y a pesar de que trascendió que el autor del disparo mortal es el agente de Prefectura Francisco Javier Pintos, el uniformado no fue citado a indagatoria.

El nombre de Pintos surgió de las pericias balísticas que realizaron Roberto Nigris y Karina Uribe a pedido del juez y lo señalan como el presunto autor del disparo que mató a Nahuel el 25 de noviembre pasado.

Los padres de Rafael, Alejandro Nahuel y Graciela Salvo, son querellantes con el patrocinio de los abogados Marcos Miguel y Estanislao Cazaux. Ahora el juez Villanueva deberá analizar el planteo de APDH de sumarse como una segunda querella en la causa.

Para la presentación judicial de APDH llegó a Bariloche ayer Norma Ríos, presidenta de la organización a nivel nacional, quien afirmó que se tomó la decisión de presentarse como querellantes con el objetivo de que avance la causa. “No hay dudas de que quien mató a Rafael, el asesino, todavía está libre”.

Ni la familia de Nahuel, que acompañaron la presentación ante la prensa de la APDH, ni los referentes del organismo, mencionaron ni ratificaron el nombre de Pintos como el presunto autor. Alegaron desconocer la situación por no tener acceso al expediente.

“El interés de APDH se concentra en que hay agentes estatales vinculados y la víctima ejercía derechos políticos, esos dos elementos son los más graves que han surgido e internacionalmente se consideran muy graves los homicidios que está vinculado el poder estatal a personas que ejercen derechos políticos”, afirmó Sebastián Feudal, abogado de APDH.

Agregó que Nahuel el día que recibió el disparo mortal en tierras ocupadas por una comunidad mapuche en Villa Mascardi, “no estaba peleando por la propiedad de la tierra comunitaria sino que ejercía un derecho reclamando por la pluricultura que está reconocida en Argentina”.

Feudal indicó que “hay una dilación en la investigación y el Estado tiene la obligación de averiguar los hechos, las consecuencias jurídicas, y hasta ahora en un tiempo prudente no se ha avanzado lo suficiente”.

Los padres de Nahuel pidieron que el autor del crimen de su hijo “esté preso, queremos que lo detengan, no puede ser que ande un asesino suelto”, afirmó el padre del joven asesinado.

María Nahuel, tía de Rafael, también apuntó a la responsabilidad de Parques Nacionales por haber realizado la denuncia por usurpación. “Que Parques sepa que no veníamos a robarle un territorio, que son ellos los que nos robaron a nosotros hace muchos años”, señaló.

“Quiero que el juez no tape el nombre del asesino, que salga a la luz, quiero justicia por mi hijo. Todos los días nos falta alguien en la mesa”.

Graciela Salvo, la madre de Rafael Nahuel, el joven asesinado.

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“Quiero que el juez no tape el nombre del asesino, que salga a la luz, quiero justicia por mi hijo. Todos los días nos falta alguien en la mesa”.

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