¡Bonanza agrícola!

ROBERTO F. BERTOSSI (*)

En la jornada preparatoria del lanzamiento de la carrera de Especialización y Profundización en Derecho Agrario 2011/2013, organizada por la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS-UNL), fue reconfortante y auspicioso escuchar de boca del ingeniero Juan José Bertero –ministro de la Producción de Santa Fe, corazón de la región Centro– pronósticos de una bonanza agraria para los próximos treinta años argentinos y sudamericanos sin precedentes. Nada más propicio entonces para impulsar políticas públicas agrarias federales y regionales que podrían secuenciarse en seis programas quinquenales articulados, afines complementarios y apropiados para el mejor desarrollo agrario federal y de las economías regionales argentinas con sus peculiaridades, en miras de dar respuestas alimentarias cuantitativas y cualitativas a la demanda mundial de alimentos, perspectiva en la cual Argentina conforma el grupo de ocho países en la región dotados naturalmente y capaces productiva e industrialmente para hacerlo en la medida en que cesen injerencias políticas externas, tributariamente inequitativas, injustas e inapropiadas. Para no repetir viejos paradigmas que permitieron y derivaron en, por ejemplo, monocultivos abusivos, desarraigo rural, excesivas concentraciones de tierras, dañinas imprudencias ambientales, paralización, perjuicios y postergación de economías locales y regionales –urbanas y rurales–, voracidad fiscal, conflictividad rural y social; para no continuar marchando como a remolque de una realidad práctica, luce imperativo del mejor servicio y de la mayor utilidad un nuevo paradigma de políticas públicas agrarias que acompañen y entusiasmen. Esto mismo supone e implica tener presentes en su diseño imprescindibles “ejes agrícolas básicos” consistentes en: 1) ordenamiento territorial y productivo (v. g. para impedir y condenar la improductividad de suelos fértiles convertidos irresponsablemente en recursos no renovables); 2) precaución, trazabilidad, responsabilidad y sustentabilidad ambiental; 3) inclusión social, generación de empleo y capital humano; 4) productividad, modernización y rentabilidad; 5) agregar valor e industrialización (inversión interna, trabajo, consumo, riqueza, más contribuciones internas, más derechos de importaciones, menos derechos de exportaciones, etcétera); 6) investigación científica agraria; 7) apertura de mercados sobre la base de la satisfacción del mercado interno; 8) una nueva legislación específica que acompañe, incentive, regule y modere; 9) arraigo y urbanización rural; 10) rediseño de la intervención estatal agraria en términos más humanos, republicanos, democráticos y federales. Argentina tiene la enorme oportunidad y responsabilidad histórica de contribuir sustancialmente en la alimentación de una humanidad hambrienta pero, para ello, ya no podrá prescindir de las buenas prácticas agrícolas, de las asimilaciones tecnológicas (fitosanitarias, genómica bovina lechera, semillas nuevas no transgénicas, nuevos “satélites” climáticos y bursátiles, etcétera), de la presencia agrícola y la del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) en el eventual nuevo “servicio cívico voluntario”; del logro gradual, paulatino, productivo y competitivo de los ejes agrícolas propuestos, de una prospectiva con secuencias más ecológicas, pero centralmente de una racionalidad y una sensatez que impidan estropicios políticos de semejante bonanza agrícola, consolidando y expandiendo una revigorizada e hipermoderna identidad rural federal como “valiosa moneda inclusiva” para el bien de todos y el mal de ninguno, reconciliando, hermanando, amigando e integrando más estrechamente todo lo urbano con nuestras espléndidas ruralidades y abandonando definitivamente extravagantes antagonismos y desencuentros. (*) Docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba


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