Buitres: un arreglo malo y caro
DARÍO MARTÍNEZ (*)
Para analizar el acuerdo que impulsa el gobierno con los acreedores que no entraron en los canjes de deuda del 2005 y el 2010 es necesario contextualizarlo. Durante doce años tuvimos en Argentina gobiernos de dos presidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que asumieron, como objetivos centrales de sus políticas y decisiones económicas, la generación de empleo, el aumento del salario real y de los haberes previsionales de trabajadores y jubilados, la inclusión creciente de sectores marginados, el aumento del consumo popular y el crecimiento del mercado interno y de la industria nacional, con la convicción, confirmada por los resultados, de que estos factores serían motores de la economía. Esto se complementaba con una activa participación del Estado, directa e indirecta. Cuando el contexto internacional fue negativo, como en el último cuatrienio, signado por una caída en el comercio internacional, las medidas que se adoptaron tuvieron por objeto proteger los niveles alcanzados. El 10 de diciembre asumió el gobierno presidido por Mauricio Macri, cuya visión se centra en que se deben tomar aquellas medidas y seguir políticas económicas que beneficien al capital concentrado, suponiendo que ello atraerá las inversiones que generarán empleo. Como se ve, objetivos y visiones diferentes. Para el actual gobierno la desocupación, la caída del salario real y el achicamiento del mercado interno son efectos “no deseados” que se resolverán en el futuro y se producen por lo “inexorable” de la aplicación de medidas que hay que adoptar para cumplir con sus objetivos prioritarios. Por eso la urgencia de efectuar una devaluación del 60%, de quitar las retenciones y de arreglar con los fondos buitre, lo que llaman el “sinceramiento de las variables económicas”. Para el gobierno macrista, las posibilidades de inversión externa se reducen al mercado financiero internacional de capitales, cuyo auditor es el FMI, y esas inversiones vendrán (y los préstamos estarán disponibles) solo si se arregla ya mismo la deuda pendiente con los holdouts. Tan central es el rol que tiene el financiamiento externo e incremento de la deuda para su programa de gobierno que el propio presidente declara que es urgente acordar, el jefe de Gabinete expresa que no hay plan B y el ministro de Economía dice que, si no se acuerda ya, se viene un ajuste brutal. Con esta posición de objetiva debilidad así construida, el gobierno se sienta a negociar con un acreedor fortalecido, que ha impuesto todas sus condiciones. Arreglar los reclamos de los acreedores que aún quedan del default es una tarea que cualquier gobierno debe encarar, pero no por ello resolver a cualquier costo. Nuestros gobiernos se hicieron cargo de un default que no declararon y lo hicieron con acuerdos exitosos que no comprometían las posibilidades de crecimiento de la economía y del bienestar de los argentinos. Para arreglar ese 93% de deuda impaga se emitieron 35.000 millones de dólares y ahora el gobierno macrista acordó por solo 3,5% emitir 12.500 millones, obligando al país a hacerse cargo incluso de los gastos judiciales y los honorarios de los acreedores demandantes. Los argumentos del gobierno macrista están plagados de inexactitudes. No es cierto que nuestro país haya tenido vedado el acceso al crédito. Durante doce años (en los cuales se sucedieron negociaciones y conflictos con acreedores en default), Argentina accedió a préstamos internacionales del BID, del BIRF y del Banco Mundial, con destino a obras de infraestructura y programas sociales. Además cerró convenios con China para la financiación de dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, y para la renovación de todo el material rodante ferroviario del país, y con Rusia para la financiación de Chihuidos en nuestra provincia. Tampoco es cierto que sea inexorable tener que acordar ya, ni que el acceso al capital financiero internacional sea imprescindible. Los últimos doce años lo demuestran. El acuerdo al que llegó el gobierno macrista con los fondos buitre es malo y caro, pero más preocupante aún es su expreso objetivo de tomar deuda externa financiera para solventar gastos corrientes, motivando a las provincias y municipios a que también lo hagan, reiniciando un camino que los argentinos ya transitamos y que nos llevó al precipicio. (*) Diputado nacional FpV, Neuquén
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Benjamin Buchloh, historiador de arte, MIT
DARÍO MARTÍNEZ (*)
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