Cambios judiciales y protesta antinuclear
Panorama de río negro
La Justicia pondrá en marcha esta semana el nuevo Código Procesal Penal. Promete cambios para mejorar resultados.
Seis años de marcha. El primer proyecto ingresó a la Legislatura en el 2011, aunque el definitivo se elevó a fines del 2013, promulgado un año después. Llegó el momento de la práctica, y hay varias dudas. La primera, la inserción de los actores y la reasignación operativa fijada por el STJ, con una inexplicable sobrepoblación en las oficinas judiciales, destinadas a la simple “organización de las audiencias”. Se integrarán con el 75% de los planteles de los juzgados y cámaras, que ya no existirán como tales.
Otras inquietudes radican en la aplicación, especialmente el ensamble de ambos sistemas. Por caso, no está conformado el Tribunal de Impugnación, que será una nueva instancia, entre las resoluciones de juicio y el STJ. Un atraso poco explicable cuando pasaron dos años y medio de la ley. Llamativamente, un obstáculo responde a que ese organismo no figura en el régimen jubilatorio entonces nadie garantiza que sus integrantes puedan después jubilarse con el 82%. Anses trabaja en incluirlo en el anexo de beneficiarios.
La matriz de la reforma es la celeridad y, en ese sentido, se acortan plazos, incluyendo los límites en la prisión preventiva. El nuevo Código dice –artículo 114– que esa privación no podrá superar el año y llegar a los 18 meses si el fiscal lo pide por “la complejidad del caso”. Hoy ese tiempo está fijado en dos años y medio, incluso podría llegar a los tres años.
La Justicia deberá precisar cuántos detenidos cumplieron 18 meses sin condena firme. El Servicio Penitenciario consignó que hay un total de 168 procesados de una población de 860 internos, es decir son menos del 20%. El STJ dictó la Acordada Nº 2/16, con líneas para la transición, pero la nueva restricción proyecta un conflicto, pues se impondrá inmediatamente por el principio “de la ley más benigna”.
Nada tranquilizadora fue la observación del presidente del STJ, Ricardo Apcarian. Fue temeroso ya que “algunas cosas pueden fallar y errores puede haber”. Los yerros en el procesal penal se traducen en impunidad.
Igualmente, el mayor desatino verbal –aunque en otro campo– se lo adueñó el gobernador Weretilneck cuando desacreditó las protestas antinucleares de Viedma porque reúnen a “jubilados de privilegio” y “todos aquellos que viven del Estado”. Reduccionismo puro.
Viedma, siempre pasiva, reaccionó contra el proyecto a partir de la presencia de técnicos chinos. Los movilizados no superan los cientos, pero el rechazo es mucho más amplio y bien se detecta en el embanderamiento antinuclear. Los asambleístas tienen
–por momentos– posturas radicalizadas, como la idea del miércoles de un escrache al domicilio del gobernador. Privó, luego, la sensatez y ese desvarío no se cumplió.
Y los funcionarios callaron toda la semana y nadie explicó la presencia china frente a la sucesión de versiones disparatadas. Curiosamente, la reacción fue de Weretilneck, y, molesto, respondió con aquel dislate.
El asunto superó al gobierno, a pesar de que comenzó con su plan de información y concientización. Luego enmudeció frente a la campaña electoral y creyó que era posible imponer sus tiempos. Allí la resistencia tomó la iniciativa. Abundan, todavía, las opiniones y escasean los análisis serios.
El presente dilema radica en cuándo se anunciará la localización. Weretilneck no la quiere antes de octubre aunque Nación dice que podría adelantarla. Esa aseveración es relativa ya que el diseño nuclear tiene diferencias internas en el gobierno nacional.
La vacilación oficial poco varió a pesar de las buenas noticias, como el alineamiento a Juntos de dos intendentes radicales, Mabel Yauhar de Los Menucos y Hugo Funes de Chimpay. Weretilneck así se introduce en el segmento radical, y era su propósito. Por eso, acostumbrado a manejar el ritmo político, el movimiento antinuclear lo inquieta por lo imprevisible.
Esta semana estará en práctica la reforma procesal, con sus dudas. Hay 168 detenidos procesados y los límites para la privación de su libertad proyectan dilemas.
El gobierno se vio desbordado por el reclamo de Viedma contra la central nuclear. Sus funcionarios callaron y Weretilneck reaccionó con un desatino.
Datos
- Esta semana estará en práctica la reforma procesal, con sus dudas. Hay 168 detenidos procesados y los límites para la privación de su libertad proyectan dilemas.
- El gobierno se vio desbordado por el reclamo de Viedma contra la central nuclear. Sus funcionarios callaron y Weretilneck reaccionó con un desatino.
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