Casación: abogado de Boudou será conjuez

Integrará el máximo tribunal penal del país, que debe resolver en causa Ciccone.

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El Gobierno publicó ayer la lista de “conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal” –el máximo tribunal penal del país–, en la que figuran abogados de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo y un ex defensor del vicepresidente Amado Boudou. Se trata del tribunal que debe resolver sobre el recurso que presentó el segundo de Cristina Fernández para zafar de la causa Ciccone, adquirida por presuntos testaferros suyos. Mediante la publicación del decreto 2270, que en rigor tiene fecha del 19 de diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó ayer la designación de los conjueces Nicolás D’Albora, Carlos Cruz, Marcelo Buigo, Norberto Frontini, Claudio Vázquez, Eduardo Barcesat, Roberto Boico, Raúl Ferreyra, Martín Magram y Alan Iud. Magram fue abogado de Boudou en una causa que tramitó en Mar del Plata y Barcesat y Boico integran un mismo estudio y asisten a las Madres de Plaza de Mayo y a su titular, Hebe de Bonafini. En tanto, Iud es abogado de Abuelas, Buigo fue apoderado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Cruz defendió a la ex ministra de Economía Felisa Micelli en la causa en la que terminó condenada por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial. Todos recibieron acuerdo del Senado de la Nación en una controvertida sesión en diciembre pasado. La designación de los conjueces fue firmada por la presidenta Cristina Kirchner y por el ministro de Justicia, Julio Alak. De esta manera el Gobierno consiguió colocar abogados afines en un cuerpo altamente estratégico, debido a su condición de máximo tribunal penal, por sobre el cual solo está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque en este caso la administración kirchnerista logró su objetivo, distinta fue la suerte corrida por la reforma que también quiso imponer para tener mayor influencia en el Poder Judicial. En ese caso, la iniciativa terminó en la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el tramo medular del proyecto, especialmente el segmento referido al Consejo de la Magistratura, decisivo para la designación y remoción de jueces. Antes, el Gobierno había logrado desplazar a Esteban Righi de la Procuración General de la Nación y colocó en su lugar a Alejandra Gils Carbó, una de las referentes de la organización judicial oficialista “Justicia Legítima”. (DyN)


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