Cesanteados durante la dictadura deben esperar para cobrar

El pago a los estatales que fueron despedidos del Ejecutivo rionegrino ya sufrió varias dilaciones. Ahora se admite una posible nueva reglamentación.

Los beneficiarios de una indemnización por haber sido despedidos durante la dictadura militar tendrán que seguir esperando para cobrar, en virtud de que el Poder Ejecutivo rionegrino busca un resorte legal que permita hacer viable un cronograma y ponerlo en marcha.

Desde que surgió la iniciativa, que tiene cuerpo de ley desde 2015, los miembros de la Comisión oficial que evalúa a quién paga, existen varias idas y vueltas.

Es que los propios y potenciales beneficiarios -en algunos casos- se han ocupado de las gestiones logrando saber que por lo menos 62 expedientes estaban en la línea de largada, en oficinas del Ministerio de Economía de la Provincia.

Sin embargo, en las últimas horas, “Río Negro” pudo saber a través del ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, que los primeros casos se encuentran en la órbita de la Secretaría de Legal y Técnica, cuyos integrantes evalúan los casos para determinar si cumplen los requisitos específicos.

A su vez, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a este medio que el Poder Ejecutivo tiene la decisión tomada de emitir una segunda reglamentación de la Ley N° 5042, en virtud de que debe definirse no sólo la modalidad de pago -que ahora sería en dinero en efectivo contra un anuncio anterior de uso de bonos- sino también a quién le correspondería.

Esto último estaría relacionado con que existen potenciales beneficiarios que no se encuadran en la norma por haber sido reincorporados. Días atrás, surgieron sospechas acerca de que serían retirados del padrón de aspirantes al resarcimiento aquellos que fueron reincorporados antes de 1984.

Aun así, las fuentes admitieron la demora ante varias interpretaciones acerca de si se pagaría en pesos o en bonos.

La norma original tenía previsto cubrir a los agentes despedidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre del año 1983, y también a quienes fueron afectados por similares motivos durante el período comprendido entre abril de 1974 a marzo de 1976, en el marco de la Ley Nº 931.

Derechos Humanos recibió casi 300 solicitudes de cobro. A cada uno de los beneficiarios le corresponderían unos 300.000 pesos.

Datos

Derechos Humanos recibió casi 300 solicitudes de cobro. A cada uno de los beneficiarios le corresponderían unos 300.000 pesos.

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios