Chile: piden investigar informe sobre desaparecidos
El gobierno chileno intentó bajar el perfil del informe sobre los desaparecidos, que asegura que fueron arrojados al mar desde barcos. Para otros, fue una "operación de inteligencia".
Santiago de Chile (DPA).- La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) solicitó ayer al juez especial Juan Guzmán Tapia que investigue la «veracidad» de los datos entregados por un obispo evangélico, que afirmarían que el 50 por ciento de los cuerpos de la víctimas de la dictadura militar fueron lanzados al mar.
La petición la oficializó en la Corte de Apelaciones de Santiago, la presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, junto al abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, y en ella se pide que Guzmán interrogue al pastor metodista Enrique Vilches.
Este caso, denunciado anoche, originó una seria controversia entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos.
El abogado integrante de la Mesa de Diálogo Héctor Salazar acusó al pastor Vilches de ser parte de una «operación de inteligencia», que no especificó, pero que tenía el objetivo de anular todo el esfuerzo que se está haciendo para reunir información sobre los detenidos desaparecidos del régimen militar (1973-90), según dijo.
Los antecedentes respecto al paradero de detenidos desaparecidos entregados por Vilches al gobierno chileno son sobre el supuesto destino final de 780 presos políticos durante el régimen militar y referidos a la forma en que los militares los hicieron desaparecer.
La versión del documento entregada por la AFDD anoche dice que los cuerpos de numerosas personas fueron mutilados o lanzados al mar con pesos y líquidos que aceleraron su descomposición durante el régimen militar que encabezó el ex dictador Augusto Pinochet.
En entrevista a Televisión Nacional (TVN), la dirigente calificó como «grave» los antecedentes entregados por el pastor evangélico, señalando que para la agrupación era un deber dar a conocer la información a la opinión pública, más aún considerando que se está a la espera de conocerse el fallo sobre el desafuero de Pinochet.
Díaz afirmó que «no podemos nosotros quedarnos sin reaccionar ante un hecho tan grave. Si nuestros familiares fueron lanzados al mar de la forma en que se señala en esa carta, con el objeto de que sus cuerpos nunca más aparecieran de la manera en que fueron tratados previamente al lanzamiento a las profundidades del océano, para cada uno de nosotros surgen demasiados interrogantes».
La controversia entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos se produjo cuando estas últimas divulgaron ampliamente el documento y pidieron una investigación judicial de los hechos, aunque fuentes gubernamentales calificaron el informe de «bajo perfil».
El propio presidente chileno Ricardo Lagos señaló que «la información no está a la altura de las expectativas que uno se podía haber formado. El documento es demasiado débil y no tiene nada concreto».
El fallo del desafuero de Pinochet no se podría modificar
Santiago (Télam-SNI).- La Corte Suprema de Justicia de Chile informó ayer que el próximo martes anunciará su decisión sobre el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad.
El secretario de ese tribunal, Carlos Menesses, formuló este anuncio a los periodistas poco después de reunirse con los abogados querellantes Juan Bustos y Eduardo Contreras.
El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, confirmó ayer a el diario electrónico «El Mostrador» que la votación del martes no fue modificada -fuentes de tribunales confirmaron que fue de 14 votos a seis en contra de Pinochet-, pero precisó que el fallo no puede ser entregado debido a que no ha concluido su redacción ni ha sido firmado.
Los 20 magistrados de la corte ajustaron ayer la redacción de los argumentos del veredicto y los fundamentos de los votos.
Con ese objetivo, los jueces se reunieron durante tres horas y media en un pleno ordinario, en principio convocado por un caso administrativo.
Este será entregado la próxima semana, el martes, dado que aún no ha concluido su redacción ni ha sido firmado por los 20 ministros del máximo tribunal. Tanto los ministros José Benquis y Marcos Libedinsky, como el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, coincidieron en que terminó la etapa de acuerdo y hay una resolución que no puede ser cambiada. Sólo queda firmarla y darla a conocer.
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