Complican a D'Elía y a ex funcionario de Kirchner

Cayetano Greco, el ex jefe de la comisaría del barrio porteño de La Boca que fue copada tras la muerte de un piquetero en la madrugada del 26 de junio último, acusó ayer ante la Justicia al diputado bonaerense Luis D'Elía de «dirigir toda la ocupación» y confirmó que en aquella oportunidad «desapareció un cuadro de (Benito) Quinquela Martín».

Así lo informaron fuentes judiciales, que -además- señalaron que, en su declaración indagatoria, Greco volvió a descargar la responsabilidad por no desalojar la seccional en sus superiores y los entonces funcionarios políticos que llevaron adelante la negociación, entre ellos el ex subsecretario de Seguridad, el fiscal José María Campagnoli.

El juez federal Jorge Urso, que conduce la causa por el copamiento de la comisaría, fijó ayer nuevas fechas a las audiencias en las que serán indagados Campagnoli y el ex secretario de Seguridad, Norberto Quantin, inicialmente convocados para hoy y mañana. Campagnoli será indagado el 20 de octubre y al día siguiente declarará Quantin.

Greco fue el primero en ser interrogado en la causa que se instruye por la escandalosa toma de la seccional. Frente al juez Urso y a los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, Greco contó que procuró recuperar la comisaría siguiendo las órdenes que, vía telefónica, le había impartido la juez de instrucción María Angélica Crotto. Pero, según Greco, Campagnoli -presente en el lugar aquella madrugada- impidió que cumpliera las directivas de la juez «porque dijo que había que encontrar una solución de consenso», señalaron las fuentes al citar al comisario, desplazado de la seccional 24 tras los incidentes. Greco indicó que entonces él cumplió esa orden ya que provenía de sus superiores presentes en la comisaría 24. Y señaló que, además de Campagnoli, estaban el jefe de la Policía Federal, comisario Eduardo Prados; el director general de comisarías, comisario Gustavo Ramos; el ex jefe de Gabinete en el Ministerio de Justicia, Francisco Meritello, y el ex secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Rafael Follonier.

«Greco dijo que el jefe de la Policía Federal Prados no se opuso a la medida» de evitar la recuperación de la comisaría e intentar una vía de diálogo con D'Elía, indicaron fuentes presentes en la audiencia.

Incluso, señalaron los voceros, Greco definió a los ocupantes como «un grupo organizado dirigido por D'Elía y con una actitud agresiva». Los informantes añadieron que Greco reiteró que «D'Elía amenazaba con quemar todo e inclusive luego faltaron varios óleos de la comisaría, uno de ellos del pintor boquense Benito Quinquela Martín».

El ex jefe de la seccional tomada confirmó así las explicaciones que había anticipado al juzgado en diferentes escritos, en los que responsabilizó al ahora fiscal de La Boca por haber frenado la recuperación de la comisaría.

En esta causa se investigan presuntas responsabilidades de funcionarios públicos y del diputado bonaerense y titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), D'Elía, por la ocupación de la comisaria 24, en protesta por el asesinato aquella noche del dirigente piquetero de La Boca, Martín 'El Oso' Cisneros.

Cisneros fue asesinado de un balazo en su casa y, de inmediato, D'Elía y sus seguidores marcharon hacia la comisaría barrial para reclamar el arresto de Juan Duarte, a quien sindicaron como el homicida. Mientras, cientos de piqueteros comenzaban a reunirse en el Puente Pueyrredón para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados el 26 de junio de 2002.

La semana pasada, Quantin salió a sembrar sospechas sobre la convocatoria de Urso y deslizó que el Gobierno de Kirchner fogoneó la acusación que pesa en su contra. «La Justicia Federal es la operadora política del gobierno de turno», dijo Quantin, fiscal ante la Cámara del Crimen, y defendió su actuación frente al copamiento.

Dicen que Castells está peor

La salud del líder piquetero Raúl Castells sigue «en franco deterioro» a raíz de la huelga de hambre iniciada hace más de un mes tras su detención en esta capital, que «hace peligrar su vida», insistió ayer Jorge Belzor Miño, uno de sus médicos personales.

El especialista, que lo asiste en el Hospital Perrando, adonde el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) permanece internado, manifestó que «los riñones de Castells son una bomba de tiempo», sobre todo desde que éste resolvió, el martes por la mañana, no consumir ni siquiera líquidos.

Mientras tanto, manifestantes del MIJD liderados por Ovidio Pepe cortaron el tránsito en la ruta nacional 3, a la altura de la ciudad de Trelew, ubicada al noreste de la provincia de Chubut y a 17 kilómetros de la capital, para reclamar la liberación de su líder.

Los desocupados interrumpieron el tránsito vehicular poco antes de las 10, apoyados por piqueteros locales, en la vía que comunica Trelew con Puerto Madryn, sita a 56 kilómetros de allí. Los jefes de Gendarmería les advirtieron que están cometiendo un delito federal, pero esto no amedrentó a los piqueteros. A raíz de la protesta, se produjo un gran congestionamiento.