Controversia en Bariloche por el funcionamiento de la asesoría letrada

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El incumplimiento de la ordenanza que regula el funcionamiento de la asesoría letrada y las ejecuciones fiscales del municipio preocupa a varios concejales, que decidieron pedir explicaciones al responsable del área, Manuel Vázquez.

Consultado por «Río Negro», el funcionario reconoció que están aplicando «a medias» la normativa sancionada hace ya un año y atribuyó las demoras a «la falta de espacio físico».

La reglamentación establece que el asesor letrado se concentre en tareas de representación judicial del municipio y de supervisión de un equipo de abogados contratados, con una remuneración acotada, que se ocuparán de tramitar los expedientes de ejecución fiscal.

La ordenanza fue impulsada por el bloque Encuentro y está vigente desde hace diez meses. El proyecto original -que no prosperó- imponía mecanismos de control muy estrictos sobre la asesoría letrada, pero el propio Vázquez los consideró inviables.

En consecuencia los ediles trabajaron en la reformulación hasta consensuar un nuevo texto con el representante del Ejecutivo, que en definitiva resultó aprobado.

Allí quedó determinado que los honorarios para los acuerdos prejudiciales no podrán superar el 13 por ciento de la suma reclamada y también se prohíbe que el profesional cobre su parte antes que el municipio, como fue práctica habitual durante años.

Pese a esa imposición, existen deudores del municipio a quienes les habrían ofrecido planes de pago que incluyen honorarios del 20%. No obstante Vázquez dijo que están respetando el límite fijado. Por ahora todos los trámites los llevan los abogados estables de la asesoría.

La ordenanza le impone a la asesoría la obligación (que tampoco estaría respetando) de presentar informes mensuales al Tribunal de Cuentas y al Concejo Municipal sobre la evolución de los expedientes de cobro por deudas fiscales.

Uno de los autores de la ordenanza, el concejal Diego Breide, consideró que está lejos de lograrse el objetivo de llevar transparencia a la actuación de la asesoría letrada. Recordó que con las ejecuciones fiscales «hay millones de pesos en juego» y cuestionó que el manejo de los honorarios siga siendo un terreno «inexpugnable». En su momento, el asesor letrado había reconocido que esa retribución profesional no iba exclusivamente al bolsillo de los letrados municipales sino que se repartía también con los empleados del área.

Breide presentó hace un mes un pedido de informes para que Vázquez detalle las acciones realizadas en cumplimiento de la ordenanza. Pero hasta ayer no tenía respuesta.